* Enrique Rodríguez no quiso responder a preguntas de los abogados
Niega otro acusado los cargos por crímenes de los GAL
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 15 de diciembre * En la tercera sesión del juicio por el caso Lasa-Zabala, el general de la Guardia Civil española Enrique Rodríguez Galindo se sentó hoy en el banquillo de los acusados y negó cualquier vinculación en el secuestro, tortura y asesinato de los dos jóvenes, presuntos miembros de la organización armada vasca ETA, aunque el fiscal lo considera el responsable intelectual del crimen cometido por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Ante la Audiencia Nacional de España, el general en la reserva se declaró inocente de los delitos que se le imputan y aseguró haberse enterado de la "desaparición" de José Antonio Lasa y Jose Ignacio Zabala a través del diario vasco Egin.
Rodríguez Galindo, para quien la fiscalía pide 92 años de cárcel, es uno de los siete acusados en este proceso contra los GAL, comandos paramilitares a los que se atribuyen al menos 28 asesinatos de separatistas vascos durante la década de los 80, bajo el gobierno del socialista Felipe González.
El general, uno de los más condecorados de la Guardia Civil, se negó a responder las preguntas del abogado defensor, Iñigo Iruin, quien representa a las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, de 20 y 21 años, secuestrados en Francia en 1983, trasladados a España para ser torturados, y finalmente asesinados a balazos en Alicante, donde fueron enterrados en una fosa bajo cal viva.
Expresó además su "dolor" por la "situación en que se encuentran los dos mejores hombres que he tenido en la lucha antiterrorista", en referencia a Enrique Dorado y Felipe Bayo, supuestos autores materiales del doble asesinato, considerada como la operación "más salvaje".
"Con seis hombres como ellos (Bayo o Dorado) se hubiera podido conquistar América del Sur completa", añadió Rodríguez, quien afirmó que "ninguno de mis hombres ha torturado".
La víspera, el ex gobernador civil de Guipúzcoa (País Vasco), Julen Elgorriaga, también se declaró inocente y dijo haberse enterado de la muerte de los jóvenes por la prensa. Bayo, quien sufre de depresión y asistió sedado a la apertura del proceso, es el único que ha admitido su participación en el crimen.
Con un "jamás", el general contestó hoy al fiscal a la pregunta de si visitó en 1983 el Palacio de la Cumbre de San Sebastián, donde habrían sido torturados los dos presuntos etarras.
En este contexto, el tribunal de Apelación de París postergó hoy su decisión respecto de las demandas de extradición a España de Javier Arizcuren Ruiz, considerado como uno de los jefes militares de ETA, hasta enero próximo, debido a la hospitalización del mismo debido a una huelga de hambre que se inició en noviembre.
Mientras, Euskal Herritarrok (EH-Herri Batasuna, considerado brazo político de ETA), afirmó hoy a través de sus voceros que su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente para el País Vasco "ha forzado a la sociedad a debatir realmente sobre el nuevo marco jurídico y político", mientras la coalición Izquierda Unida pidió al Ejecutivo que fomente este "diálogo entre partidos". Sin embargo, el presidente del gobierno José María Aznar respondió que "no se puede ceder ante el chantaje. Sí vamos a buscar el mayor consenso posible entre todos, pero no puede haber equidistancia entre la Constitución y eso que algunos llaman soberanismo".