El operativo de Estado destinado a sabotear el diálogo entre los estudiantes de la UNAM y la Rectoría está cometiendo el mismo error de siempre: menospreciar a la sociedad civil.
1. La crisis del diálogo del Palacio de Minería entre los estudiantes en huelga y las autoridades de la UNAM no fue generada por fuerzas ``misteriosas'' como pretenden algunos medios sino por actores plenamente identificados, como lo demostrarían dos investigaciones. El éxito logrado por el CGH al suscribir los primeros cuatro Acuerdos con la Rectoría a fin de encontrar una solución al conflicto (10 de diciembre), está intentando ser anulado por una provocación cuidadosamente planeada desde la cúspide del poder.
2. El Consejo General de Huelga demostró lo mismo en su Marcha por el Periférico (5 de noviembre) que en la Manifestación de ayer (16 de diciembre) que es un movimiento maduro, y en los Diálogos de Minería ha hecho ver que tiene la inteligencia para demostrar de qué lado está la razón. Y eso al parecer no ha sido del agrado del régimen, que una vez más ha mostrado su encono ante la más brillante generación de jóvenes universitarios que haya visto el país en muchos lustros.
3. La primera investigación que debe hacerse es en torno al operativo que culminó con la intervención del Cuerpo policiaco de Granaderos, cuyo comportamiento no puede explicarse, como se ha pretendido, por una supuesta ``inercia represiva'' o por ``un exceso'' de algunos de sus integrantes. El gobierno capitalino envió al mitin a un grupo de élite que actuó bajo órdenes precisas y que, de acuerdo con las informaciones, actuó en dos vertientes que confirman que formaba parte de un operativo de Estado, pues se coordinó con el grupo agresor de ``halcones'' de gorra blanca, que inició el ataque al inmueble diplomático, dándole cobertura, y con otros contingentes policiacos con los que buscó detener después al mayor número posible de manifestantes.
4. La descripción que da La Jornada del 12 de diciembre no deja lugar a dudas, pues los policías actuaron conforme a un plan preconcebido luego de que ``la marcha había concluido sin incidentes'' al atacar a ``un contingente que ya se disolvía''. No sólo no hicieron nada por detener a los integrantes del grupo agresor, compuesto por jóvenes con gorra blanca, que actuó con un comportamiento paramilitar, sino que se lanzaron por las calles de la Zona Rosa a detener a los estudiantes en un operativo de violencia inusitada, pero que fue observado por múltiples testigos; los integrantes del grupo paramilitar que rompieron ``los vidrios de los coches y de los restaurantes'' fueron vistos poco después, ``en la glorieta del Metro Insurgentes, platicando amigablemente con un nutrido grupo de policías y granaderos''. En otras palabras, las autoridades de la capital no detuvieron a quienes estaban actuando en flagrancia (los ``halcones'' de gorra blanca), con quienes actuaron en un operativo común, y persiguieron por el contrario, y a una distancia considerable de la Embajada, a quienes ejercían su derecho a la libre manifestación de las ideas con el claro propósito de golpearlos y detenerlos.
5. En México no prevalece un Estado de Derecho, y la más clara evidencia de esto se halla en el comportamiento de las autoridades policiales que se asumen por encima de éste. La segunda investigación debe hacerse en torno a la salvaje golpiza del Cuerpo de Granaderos a los estudiantes, como se ve en las imágenes del canal 40, y que no se explica de no haber sido por órdenes expresas recibidas para ello. Los policías, de acuerdo con los testimonios, persiguieron a los estudiantes adentro de comercios y boutiques de la Zona Rosa, e incluso de los vagones del Metro, golpeando a hombres y mujeres, arrastrándolos de los cabellos, jugando a romperles los escudos en la cabeza, apilándolos uno encima de otro. La Procuraduría del Distrito Federal, a su vez, no sólo se negó a detener a los verdaderos responsables (los jóvenes de gorra blanca) y a investigar la actuación de la policía (lo que debió haber hecho de oficio), sino que además de los 19 menores detenidos, envió a 58 muchachos y a 15 muchachas inocentes ante los tribunales.
6. El proceso que ha llevado a la situación actual no puede desconocerse, ya que desde los inicios del Movimiento Estudiantil autoridades del gobierno capitalino y dirigentes del PRD local han actuado junto con la Secretaría de Gobernación como una pinza contra los estudiantes en huelga con el argumento de que las movilizaciones lesionan los intereses ``institucionales'' y en la expectativa peregrina de poder controlar el CGH y recuperar su influencia perdida en la Universidad.
7. El auto de formal prisión dictado por la juez 45 de lo penal en contra de los 73 jóvenes consignados y que carece de sustento legal alguno pues ninguno de los presuntos delitos imputados a los jóvenes se configura (16 de diciembre) es, más que un error, una aberración jurídica y una estupidez política, que se va a revertir contra quienes orquestaron el operativo represivo. La decisión conduce a abrir monstruosos procesos --que evocan a los procesos del 68-- contra jóvenes estudiantes en huelga que no hacían más que ejercer un derecho constitucional, a) pretendiendo vincularlos a acciones violentas con el fin evidente de amedrentar al Movimiento Estudiantil, b) tratando de esta suerte de desprestigiar al CGH, y c) buscando sabotear el diálogo del Palacio de Minería para abrir una ``salida'' al conflicto con otros actores y sobre otras bases.
8. El papel de las autoridades universitarias ante la represión a los estudiantes no podría haber sido por todo esto más deplorable, y la presunción de que en estos hechos hayan estado en convivencia con los funcionarios federales y locales se ha ido confirmando con los días. La Rectoría no sólo no condenó la agresión a los manifestantes --como era su obligación hacerlo--, ni exigió su inmediata libertad --como lo hizo Barros Sierra en el 68--, sino que se limitó a pedir ``una investigación''. Los días siguientes a lo acontecido frente a la Embajada estadunidense, la Rectoría además envió dolosamente a diario a su Comisión a Minería, a sabiendas de que el CGH no podría concurrir pues había decenas de sus miembros detenidos en el Reclusorio Norte, y desarrolló en torno a esta ausencia una vergonzosa campaña de propaganda.
9. ¿Podría en este escenario preguntarse la ciudadanía dónde están las ONGs, y si están todas ellas vinculadas a los partidos de oposición y por eso guardan silencio?
10. El Movimiento Estudiantil ha tenido en contra desde un principio a una amplia franja del México institucional, pero amplios sectores de la sociedad civil lo siguen respaldando porque saben más que nunca que le asiste la razón y que van a triunfar.