Uno de los problemas más graves que enfrenta el desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es la crisis hidráulica, que tiene dos caras.

De un lado, la escasez de agua potable para atender la creciente demanda; el alto costo económico y energético que significa su transporte desde zonas rurales alejadas o extraerla mediante pozos cada vez más profundos; el grave impacto ambiental de la sobrexplotación de los mantos acuíferos subterráneos o la reducción del caudal de los superficiales, y el efecto social sobre los campesinos de la cuenca hidrográfica donde se extrae o los colonos pobres que no la reciben.

De otro lado, el costo económico y energético de la evacuación de las aguas negras y lluvias del Valle de México o su posible tratamiento interno, la contaminación que genera en las cuencas de vaciamiento, revertida a la ciudad en los alimentos cultivados con aguas negras, y el efecto social sobre las comunidades ribereñas de éstas.

El Distrito Federal paga en bloque a la Federación el agua potable que recibe, y gasta grandes recursos en entregarla a la población, por tubería o pipas; el usuario sólo paga una parte mínima del costo real, lo que implica un enorme subsidio público. La desigualdad en la dotación de agua es notoria entre las grandes empresas e instituciones y los grupos adinerados y sus ámbitos territoriales, que consumen sin medida ni control, y muchas colonias populares periféricas que la reciben de mala calidad, por tandeo o pipas.

La desigualdad se acrecienta si consideramos que unos la usan como parte de su actividad mercantil, rentable, y otros para sobrevivir biológicamente. Los grandes usuarios son quienes reciben el mayor subsidio público por esta vía.

La Secretaría de Educación Pública de la Federación, sus oficinas administrativas y de servicios, las grandes universidades nacionales y los planteles de educación en todos los niveles son parte de los grandes consumidores de agua. Mientras el Departamento del Distrito Federal fue dependencia del Ejecutivo federal, el costo del agua era pagado por la Federación; al separarse los gobiernos, se transfirió al gobierno local. Recordemos que la educación en el DF no ha sido transferida, junto con los recursos necesarios, al gobierno local, como sí ocurrió en los estados, por esto, el DF no puede ni tiene que aportar recursos. La negativa de la SEP a pagar a la actual administración el agua consumida por el sistema educativo asentado en la ciudad coloca a éste en situación crítica para atender el suministro de agua a los capitalinos, sobre todo a los sectores populares, a los cuales tiene la voluntad expresa de mejorar el servicio.

Esto ocurre al mismo tiempo que el PRI, con el claro deseo de agredir al gobierno perredista y enfrentarlo con la población, con objetivo, niegan las aportaciones federales al Distrito Federal y el monto de endeudamiento solicitado.

Estamos ante una antidemocrática maniobra del PRI-Gobierno. Al mismo tiempo, está presente la política oficial de reducción en el largo plazo de los fondos para la educación, insuficientes para cubrir los costos reales del servicio.

Los ciudadanos capitalinos tenemos elementos suficientes para ver quiénes son los responsables de esta manifestación coyuntural de un añejo problema. Enfrentar la cada vez más compleja crisis hidráulica exige una acción colectiva corresponsable de todos los involucrados.

Todos los usuarios, sobre todo los mayores, estamos obligados a pagar puntualmente el servicio y a tomar medidas adecuadas para la reducción y racionalización del consumo.

El gobierno federal está obligado a que sus instituciones lo paguen aportando los recursos presupuestales necesarios, sobre todo al sistema educativo y las universidades federales.

El gobierno capitalino debe aplicar una política estratégica integrada, de largo plazo y lograr los consensos internos para enfrentar esta crisis; uno de sus componentes parecería ser una revisión de las tarifas, para hacerlas mucho mayores para los grandes usuarios, sobre todo los grupos de altos ingresos y las empresas mercantiles, con el fin de mantener el subsidio a los sectores de bajos ingresos, y dotar del servicio a los excluidos.

El PRI-Gobierno está obligado con los capitalinos a darle a su gobierno local los recursos presupuestales que requiere para garantizar la atención de las necesidades urbanas, que hoy le niega, inequitativa y sectariamente.