Al concluir su gestión como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció públicamente el desempeño del magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez, y destacó algunos de los principales logros que durante los cuatro años y medio de su encargo alcanzó el Tribunal. Entre ellos destacan los siguientes: se benefició a 34 mil 274 personas a través del nuevo sistema expedito de tramitación de pensiones alimenticias; las víctimas de delito ya no tienen que confrontar a sus agresores en los careos, pues ahora se utilizan sistemas de video para realizar esa diligencia, y se eliminó la designación arbitraria de funcionarios, ya que ahora los jueces sólo pueden acceder al cargo mediante riguroso examen de oposición.

Se oyó además en audiencia a 6 mil 600 internos, se agilizaron de este modo sus procesos y se obtuvo en reiteradas ocasiones la libertad de los presos que lo ameritaban; se modernizaron los juzgados, se amplió el horario del Servicio Médico Forense y se le dotó de aparatos de alta tecnología. Se mantuvo en fin en forma permanente una auditoría por un despacho externo, que rindió informes positivos sobre el manejo presupuestal de las importantes instituciones a su cargo.

Por su parte, el presidente del Tribunal se refirió en su Informe a la CDHDF, expresando que durante su gestión recibió de ella cinco recomendaciones, las cuales fueron aceptadas y cumplidas.

Sin embargo, don Jorge hizo alusión al malestar de algunos magistrados por la enérgica protesta del ombudsman capitalino contra la desatinada resolución del juez 40 de lo penal, Ricardo Ojeda Garanda, ratificada luego inexplicablemente por los magistrados de las doceava sala penal, Ana Marcela Pasquel de Zurita, Salvador Avalos Sandoval y María de Jesús Medel Díaz. Como entonces comentamos, ante un caso claro de tortura, cometido por cinco policías preventivos contra un repartidor de pollo, el juez y los tres magistrados, pretextando una falla técnica del Ministerio Público, estimaron infundadamente que no había tortura, sino solamente abuso de autoridad, retrotrayendo así este tipo de casos graves a los tiempos anteriores de la lid contra la tortura. En el expediente estaba plenamente comprobado que uno de los policías, auxiliados por los otros, dejó caer repetidamente su cuerpo sobre la víctima, golpeándolo con la rodilla en el abdomen, causándole así contusión profunda y estallamiento de los intestinos, para castigarlo --lo que está expresamente prohibido en la Ley Federal contra la Tortura-- por haber roto el candado de un inmovilizador de vehículos y/o haberse resistido a la detención. Fue necesario que en una operación de urgencia se le seccionará al agredido un tramo de intestino de entre 30 y 40 centímetros, que lo han dejado con secuelas para toda su vida.

Era particularmente grave que un juez y tres magistrados penales, con pleno conocimiento del caso y ante evidencias contundentes, hubieran dejado impune un hecho comprobado de tortura. La CDHDF, en ejercicio legítimo de sus atribuciones y atendiendo a un reclamo popular, reprobó y formuló por ello contra dicha resolución la más enérgica protesta. Lógicamente lo anterior causó irritación en el seno del tribunal, y algunos magistrados expresaron su inconformidad contra las más que justificadas y legítimas declaraciones del ombudsman capitalino.

En reconocimiento que lo honra, el presidente de la CDHDF calificó no obstante de excelente el desempeño del licenciado Jorge Rodríguez y Rodríguez al frente del Tribunal, quien, es justo igualmente reconocerlo, a diferencia de sus antecesores demostró con muchos hechos un verdadero compromiso con la causa de los derechos humanos.

Es deseable que el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que elijan ahora los magistrados, siga la misma trayectoria y sea un servidor público cabalmente comprometido con la honestidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos.