* Crítica perredista al uso de recursos públicos en favor de este partido
Ilegal, el ingreso de armas a la sede del PRI
* El IFE solicitó formalmente a Gobernación brindar protección a candidatos, dice Woldenberg
Alonso Urrutia * El Partido de la Revolución Democrática demandó, durante la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aclarar la introducción de armas y municiones del Estado Mayor Presidencial a la sede nacional del PRI. Tras considerar que es una acción ilegal e injustificable, el representante perredista, Jesús Ortega, criticó el uso de recursos públicos en favor del PRI.
Sin embargo, el consejeroųpresidente, José Woldenberg, dijo que el organismo ha solicitado formalmente a la Secretaría de Gobernación se otorgue seguridad para los candidatos de PAN, PRI y PARM, que pidieron formalmente, en términos legales, protección para quienes aspiran a la Presidencia de la República.
Woldenberg agregó que ante la petición oficial de los partidos políticos se procedió de inmediato a pedir a Gobernación se otorgará la seguridad a los candidatos. "En estos asuntos no podemos ni diez minutos retrasar una solicitud", y apuntó que nadie debiera ser mezquino en estos casos.
A su vez, el representante priísta, Luis Farías ratificó que su partido formalizó la petición al IFE de protección, lo cual consideró normal, por lo que "no debe hacerse amarillismo".
En otro orden, Juan Molinar, pidió a los consejeros del Poder Legislativo no alterar el presupuesto del IFE, pues existen pruebas de que se ha mejorado la eficiencia en el uso de los recursos y se ha reducido la plantilla.
Por otro lado, el consejo del IFE aprobó un acuerdo para "promover la participación libre de los ciudadanos", con lo cual se busca enfrentar los fenómenos de compra y coacción del voto, así como instrumentar acciones de mayor coordinación con la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República para tramitar denuncias de presuntos delitos electorales.
Al presentar el proyecto, el consejero Emilio Zebadúa subrayó que con este proyecto, que incluye una campaña de promoción del voto libre y secreto e informes periódicos de las denuncias, "se busca inhibir posibles atentados contra la acción democrática, sancionar irregularidades a través de la coadyuvancia con la PGR y registrar los actos delictivos".
Sin embargo, el Consejo General del IFE rechazó una propuesta del representante del PRD, Jesús Ortega, a fin de que se creara una comisión que conociera de la indebida utilización de programas de gobierno o recursos públicos.
Durante la prolongada sesión del Consejo General ųduró más de 11 horasų también se aprobó la propuesta de la empresa privada que realizará la auditoría externa del instituto, que recayó en el despacho Mancera Ernest and Young, cuyo costo será de 3 millones 300 mil pesos.
El acuerdo para inhibir la compra y coacción del voto considera que la Junta General del IFE presentará informes mensuales en torno a las denuncias que hayan captado las diversas instancias del organismo, desde las juntas distritales, estatales y General, a fin de que se hagan públicas.