* Se inicia la democratización de políticas económicas

Todo cambió después de Seattle, admiten campeones del comercio

* Deseamos normas laborales "más altas", dicen líderes de ONG

* Urge un régimen global a favor de un intercambio "más justo"

Jim Cason y David Brooks, corresponsales /II,Washington, 17 de diciembre * Ni modo, todo los campeones del libre comercio, grandes empresarios, expertos en la materia, economistas y políticos, han reconocido que después de Seattle todo ha cambiado.

Algunos, como el propio representante de la Unión Europea, Pascal Lamy, han declarado que se necesita una reforma profunda de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Otros, con gran renuencia, han reconocido que se ha iniciado una "democratización" del debate sobre el comercio y las políticas económicas internacionales. Y otros más siguen, como los editores del Wall Street Journal, y no pocos promotores del libre mercado en el Tercer Mundo, calificando a los opositores al comercio libre como retrasados mentales que no entienden que esta es la "única" vía razonable hacia el futuro, e incluso la mejor manera de mejorar las condiciones de los trabajadores y defender el ambiente.

Pero quedó claro que la oposición popular en las calles y en los pasillos del poder ha cambiado el juego mundial sobre el tema del "libre mercado" y el "libre comercio". Ahora, esa oposición está buscando el camino después de Seattle.

"Estamos en esto a largo plazo", afirmó el líder de la AFL-CIO, John Sweeney. "Hemos estado trabajando para construir esta coalición durante varios años, y ahora nos reuniremos para ver cómo construir sobre esto (Seattle)".

Pero detrás de la retórica no hay un consenso amplio sobre las demandas de esta coalición de organizaciones sociales. Algunos resaltan el punto de la soberanía, otros sobre cómo integrar temas sociales, como los derechos laborales y ambientales, dentro de un régimen de comercio mundial. Otros más simplemente se oponen a un proceso de globalización determinado por los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Las divergencias son aún más marcadas entre las posiciones de movimientos sociales en Estados Unidos y sus contrapartes en el mundo en desarrollo. Por ejemplo, los sindicatos estadunidenses argumentan que en su demanda por la inclusión de derechos laborales en los acuerdos comerciales actúan en solidaridad con "sus hermanos y hermanas" en otros países, y defendiendo el derecho de todos los trabajadores, norte y sur, de organizar sindicatos y defender sus intereses.

Sin embargo, los "hermanos y hermanas" de diversos países del sur sospechan los propósitos reales de esta demanda de sus contrapartes estadunidenses y temen que sea usada para otros fines. "Deseamos normas laborales más altas y la promoción de los derechos laborales", sostuvo Martin Kohr, de la Red de Tercer Mundo, una amplia agrupación de ONG de Africa, Asia y América Latina.

Pero Kohr, junto con líderes sindicales de países tan diversos como Malasia, India y Zimbabwe, argumentaron en Seattle que los desequilibrios del poder entre los 135 países miembros de la OMC podrían llevar a que violaciones de estos derechos sean utilizadas más como un pretexto para promover intereses proteccionistas, y para detener el ingreso de productos del Tercer Mundo a los mercados de Estados Unidos y otros países del "norte".

Para Kohr, tal vez se debería considerar otro tipo de medidas. "Me gustaría imponer sanciones sobre las naciones industrializadas del Grupo de los Siete que han violado los derechos de los trabajadores a través de los programas de ajuste estructural en el mundo en desarrollo".

A pesar de la insistencia de los sindicalistas estadunidenses de que su propósito es evitar una "carrera hacia abajo", las tensiones son reales. Por ejemplo, el secretario general de los Teamsters, James Hoffa, criticó a la General Electric por reducir su fuerza laboral en Estados Unidos a la mitad desde 1996, pero nunca se le ocurrió elogiar a esa misma empresa por crear empleos en México o India, entre otros países donde sus plantas se han instalado.

Aunque los sindicalistas estadunidenses señalan que esos empleos creados en el Tercer Mundo son mal pagados y con condiciones inferiores, esto no ha reducido la sospecha de sindicalistas del Tercer Mundo que, en entrevistas con La Jornada, opinan que el motivo real es el intento de detener el traslado de empleos a México y otros países.

Al parecer, hay más en común entre los intereses de los pequeños productores agrarios del norte y el sur. Para Mark Ritchie, director del Instituto sobre Políticas de Agricultura y Comercio, organización que trabaja con redes representando a dos millones de pequeños granjeros aquí y con contrapartes internacionales, se necesita establecer controles sobre el sistema de comercio internacional.

"Hay una necesidad para un régimen gobernante global a favor del comercio justo. Lo que tenemos ahora es un sistema global monopolizado, y por lo tanto se necesitan reglas para asegurar un sistema justo", dijo en entrevista con La Jornada.

Señaló que para los 2 millones de pequeños granjeros de este país, las mismas empresas agroindustriales que han deprimido el precio de los productos agrarios en este país son las que venden maíz y otros productos básicos a precios inferiores de su costo de producción a México y otros países del Tercer Mundo. El resultado en ambos países es la bancarrota de los pequeños productores.

"Nos preguntamos por qué México no demanda a Estados Unidos por este dumping", dijo Ritchie. "Los granjeros estadunidenses apoyarían a México si lo hicieran".

También indicó que los granjeros estadunidenses comparten preocupaciones con los del sur sobre las medidas para prohibir la mano de obra de menores de edad en el contexto de la agricultura tanto aquí como en el Tercer Mundo.