Un adagio que data del siglo XVII, en los albores del capitalismo afirma que en asuntos financieros el fraude se reviste de infinitos modos. El señor José Angel Gurría mereció el premio que otorga el Movimiento de Jubilados y Pensionados como el ``pensionado del año'', tal vez porque no sabían que en el Banco de Comercio Exterior, el Secretario de Hacienda obtuvo una liquidación de 4 millones 500 mil pesos por haber trabajado al frente de él no más de 12 meses, estos hechos muestran cuánta razón tiene ese viejo adagio.

Lo insólito del caso del Secretario de Hacienda, pensionado por el sistema financiero, es que a pesar de la evidente inmoralidad política que hay detrás de su pensión, pensábamos que un acto que quizá lo hubiera redimido, era el de aceptar con autocrítica ejemplar que con formas legaloides se tramitó una pensión y ello era un hecho reprobable.

Pero actuó en contrario, la típica actitud de los tecnócratas de cerrazón absoluta hacia las verdaderas simples que no comulgan con su razón, con su formación, con su moral. Quiso desviar la atención de este hecho vergonzoso para la salud pública imputando a los diputados de la oposición fines inconfesables en su denuncia.

Se negó a reconocer la enorme injusticia e indignación que causa su jugosa pensión sumada a su altísimo salario, sus bonos, sus aguinaldos y cuotas que mensualmente recibe y para colmo, una millonaria liquidación que comparado todo esto con los míseros salarios, raquíticas pensiones y escamoteadas liquidaciones que reciben los pensionados del país.

Pero esta vez sus excusas no valieron, la típica ramplonería de Gurría, y sus tecnócratas explicaciones de nada le sirvieron para atenuar el disgusto generalizado de la sociedad mexicana.

En su temporal renuncia a la pensión que recibe en Nafín, Gurría no abandonó la misma tonada, su vacuo formalismo, se olvidó nuevamente de considerar que en México hay una transición que ya no admite muchas conductas del régimen de corrupción en el que ellos se han desarrollado. Era preferible reconocer el hecho y no descalificar la acción valiente de los diputados; era muchísimo mejor equivocarse de un modo respetable que tener razón por motivos inadmisibles. Era preferible renunciar apropiadamente en vez de defender acérrimamente una estafa financiera más que reconoció sin el menor escrúpulo.

El caso Gurría evidencia la necesidad de que la Cámara de Diputados ponga fin a esas prerrogativas fincadas en los abusos del poder y en la discrecionalidad enorme que tienen los funcionarios públicos especialmente los del sector financiero para imponerse ingresos extraordinarios, ilegítimos e inmorales.

Se requiere una revisión profunda en la banca de desarrollo, especialmente en los criterios de asignación de prestaciones, para terminar con la serie de anomalías que al seno de ella ocurren.

La banca de desarrollo funge como una de las fuentes más jugosas que entrega cantidades demenciales a los que comandan al sistema político mexicano.

Bancomext, Banobras, Nafin, Banco Obrero, Banco del Ejército y la banca central otorgan montos extraordinarios a la élite y a los representantes de los grupos de poder, reconocen antigüedades a altos funcionarios para que se puedan pensionar y liquidar con jugosas cantidades, en forma semejante a la de Gurría.

La Banca de Desarrollo carece de supervisión y vigilancia a pesar que su principal fuente de financiamiento proviene de recursos públicos, no tiene un ramo presupuestal específico que permita su revisión y control, sus pasivos pasan automáticamente a la deuda pública y muy poco se investiga de ella a través de la Cuenta Pública.

La Banca de Desarrollo se ha convertido en una fuente de recursos para las mafias financieras, en una caja negra más a través de la cual se hacen grandes negocios privados con cargo al presupuesto de la nación.

Han ocurrido un sin número de fraudes al seno de dicha banca tan importante: en Banobras, el rescate carretero a través de los bonos pic-farac que implicaron un quebranto superior a los 80 mil millones de pesos; en Bancomext las grandes restructuras como las del Grupo Miguel que terminó en la emisión de bonos cupón cero avalados por Martín Werner al igual que los pagarés Fobaproa; los fraudes de Humberto Soto exdirector general de Bancomext, responsable del desastre del World Trade Center.

Los recursos millonarios que el extinto Banco Nacional de Comercio Interior o BNCI dados a las campañas del PRI y a los líderes de la CNOP; los salarios extraídos a los obreros sindicalizados agrupados en la CTM que van a parar a Banco Obrero para provecho de la cúpula cetemista.

Los financiamientos inmorales de Nafín a Carlos Cabal Peniche, Gerardo de Prevoisan, Andrés Viezca, a los hermanos Héctor y Enrique Portilla y a los hermanos Javier y Oscar Espinoza Villarreal, que al amparo del poder han hecho grandes fortunas.

Cientos de ejemplos podrían mencionarse para ejemplificar los delitos financieros ocultos que jamás merecerán castigo alguno porque el sistema político vigente cuenta con todas las instituciones volcadas en su defensa, entre otras la propia Cámara de Diputados que aparentemente comienza a cambiar gracias al voto ciudadano que le dio nueva composición a partir de 1997.

Se impone que la Cámara de Diputados revise a fondo el estatus de los altos pensionados y liquidados de la Banca de Desarrollo y del Banco de México que con mecanismos legaloides articularon complicidades y hoy reciben pensionados de lujo con cargo a la pobreza del país. La comisión que investiga las pensiones de Nafin, hallarán que el propio José Angel Gurría también recibió liquidación de Nafin adicional a la de Bancomext y le otorgaron becas pagadas en dólares y viáticos millonarios con cargo al erario público.

La comisión de diputados debe extender su investigación más allá de ella y encontrarán nombres muy conocidos que forman parte de la elite política y económica del país y que reciben pensiones de dichas instituciones.

La lista es larga, la indagación es mucha y el espacio es corto. Sirvan estos datos para evidenciar la necesidad de transitar a un régimen democrático antes de que los que ahora ostentan el poder terminen con el país. Demuestran también que a algunos altos funcionarios la moral se les fue al desván de los objetos en desuso.

Ahora que el sistema político está en crisis, que hay irritación social por los ilícitos financieros, por la desmesura irreflexiva en la adquisición de fortunas y que existe una lucha tremenda al interior de las élites, este es el momento de hablar, porque los delitos después de la tormenta suelen quedar en el olvido.