* Lejos, un acuerdo de paz con el EZLN, advierten
Denuncian PAN y PRD nuevo despliegue de tropas en Chiapas
* La Sedena dice que se realizarán prácticas de adiestramiento
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de diciembre * En desacato a la recomendación de la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, sobre la excesiva militarización en Chiapas, el gobierno federal desplegó más tropas militares en la entidad, mismas que desde hace tres días, y a través de las bases de Copalar y Palenque, se adentran a la zona de conflicto, denunciaron varios legisladores locales de oposición.
Los diputados llamaron a comparecer al procurador de Justicia, Eduardo Montoya, para que explicara cuáles fueron las denuncias con que justificó el despliegue de elementos policiacos y militares en la zona de influencia del EZLN. Durante la reunión se señaló que las presuntas cartas de denuncia provenientes de técnicos agrícolas y pobladores de esa región podrían ser apócrifas, pues incluso fueron distribuidas por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Chiapas.
Los representantes de las fracciones parlamentarias de PAN y PRD, Victoria Rincón Carrillo y José Juan Ulloa Pérez, advirtieron que en la medida que más militares lleguen a la zona de conflicto, más lejana está la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con el EZLN.
"La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que más de 4 mil soldados serían distribuidos en nueve estados, incluido Chiapas, con el propósito de llevar a cabo prácticas de adiestramiento. Nosotros tenemos informes que desde hace tres días una cantidad mucho mayor se están adentrando en nuestro estado", señaló Ulloa Pérez.
El legislador perredista explicó que dichos reportes señalan que los nueve destacamentos ubicados en la zona de influencia zapatista se están fortaleciendo con tropas que han descendido en la base aérea de Copalar, ubicada entre los municipios de Comitán y La Trinitaria; y por vía terrestre, a través de Palenque, y de ahí a la zona de Las Cañadas.
"Esta acción es un claro desacato a la recomendación de Mary Robinson, quien en su visita de hace menos de un mes pidió al gobierno federal reducir el número de efectivos militares en la entidad, como parte de las medidas tendientes a fortalecer el respeto a los derechos humanos de la población indígena de esa región, quien se siente amenazada y agredida", dijo la diputada del PAN.
Ambos legisladores consideraron que no existe certeza de que realmente sean prácticas las que realicen los militares que arriban a la entidad, ni de que salgan del estado en poco tiempo; contrariamente, dijeron, por el momento se entiende que fortalecerán los nueve destacamentos de la zona de conflicto.
Por otra parte, y también derivado del despliegue policiaco y militar en 10 municipios donde presuntamente pobladores y trabajadores de la Secretaría de Agricultura advirtieron sobre posibles ataques de "grupos radicales del EZLN", según dio a conocer el procurador de Justicia estatal, este funcionario fue llamado a comparecer ante una comisión de diputados para que diera una explicación al respecto.
La reunión duró más de tres horas y se efectuó a puerta cerrada. Al final, la diputada panista Victoria Rincón explicó que los legisladores de oposición le externaron al procurador su preocupación sobre la posible falsedad de las denuncias.
Según el procurador, dijo la legisladora, el operativo de "sobrevigilancia" que estableció en esa región, y en el que habrían de participar 7 mil agentes armados por parte de la Procuraduría y 70 mil por lo que respecta al Ejército, se basó en dos cartas de denuncia.
Al presentar una copia de ellas, Rincón Carrillo explicó: "Una lleva el encabezado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, lleva al calce una firma pero no aparece el nombre de quien firma. La carta o boletín informativo habla de que a partir del 20 de diciembre los zapatistas iniciarían acciones en contra de productores que recibieron ayuda económica del gobierno.
Esta afirmación, según la carta, proviene de técnicos agrícolas de la dependencia, quienes habrían sido informados por cuatro fuentes distintas sobre este hecho y sobre el presunto entrenamiento de 40 zapatistas en varias comunidades de los municipios de Chenalhó y San Juan Cancuc.
Este mismo documento en la parte inferior lleva escrito con máquina mecánica la leyenda que indica que una copia fue enviada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y justamente y por el tipo de mellas que deja la máquina, se observa que es la misma que se utilizó para escribir la segunda carta, la de presunta denuncia de las comunidades del Valle de Santo Domingo, en Ocosingo, en donde se señala que se sienten amenazados también por los zapatistas, y donde piden la intervención del Ejército y los cuerpos policiacos.
Lo anterior fue mostrado por la legisladora, quien ante los hechos que hacen dudar de la autenticidad de las denuncias, informó que solicitaron al procurador que investigue los hechos, localice a los firmantes y si son certeras sus aseveraciones, los presente ante la Cámara local.
"De lo contrario, dijo, nosotros consideraríamos que las denuncias son apócrifas y que sólo son pretexto para incursionar en las comunidades zapatistas y posiblemente desplegar un nuevo operativo en contra del grupo insurgente", añadió Ulloa Pérez.
Incluso, mencionaron que hasta donde tienen conocimiento y según el remitente del fax desde donde se difundieron las cartas de denuncia en cuestión, las mismas fueron distribuidas por la coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado.
"Todo parece indicar que fue un hecho prefabricado. Cómo es posible que movilicen 70 mil efectivos para combatir a 40 presuntos zapatistas que se estaban entrenando para agredir. Este es un hecho absurdo que pone en peligro nuevamente la estabilidad de la región, y que puede provocar un nuevo enfrentamiento", explicaron los legisladores.
Este mismo día el gobernador Roberto Albores Guillén desmintió que exista una alerta entre los cuerpos policiacos y militares destacamentados en la entidad. Secundó las declaraciones del secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, en el sentido de que el despliegue en la zona de conflicto es "normal en esta época del año".
"Reconocemos que la actitud del EZLN es de una gran responsabilidad, no ha causado problemas en Chiapas. Las denuncias que hay en esa zona también son las normales, cotidianas, de ciertos problemas de una sociedad en transición como la nuestra", subrayó el mandatario estatal.