* Aprobó el instituto las dos coaliciones de partidos


Impugnan PRI y PRD ante el IFE la candidatura de Fox

* Viola el artículo 82, porque sus reformas aún no operan, señalan

Alonso Urrutia * En medio de las impugnaciones de PRI y PRD por la presunta inconstitucionalidad de la postulación de Vicente Fox como candidato de la Alianza por el Cambio, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó, tras casi cinco horas de discusión, el registro de la coalición PAN-PVEM.

Minutos después, y sin debate, se aprobó la coalición de centro-izquierda Alianza por México, y con ello contenderán por primera vez las dos primeras coaliciones en un proceso electoral.

Desde los albores de la sesión, el representante perredista, Jesús Ortega, fijaba el cuestionamiento central: aprobar la postulación de Fox en la sesión implicaba la violación del artículo 82 constitucional vigente, que prohíbe a hijos de extranjeros aspirar a la Presidencia; sería a partir del 31 de diciembre, cuando entre en vigor la nueva reforma, que podría postularse, por tanto el convenio de la coalición PAN-PVEM es ilegal.

De nada valieron los argumentos inusualmente similares de priístas y perredistas respecto a la validez de la candidatura de Fox. Bajo el razonamiento de que son "momentos procedimentales distintos" en los que se debatía el convenio de coalición y no el registro de la candidatura presidencial de Fox, los consejeros aprobaron por unanimidad la alianza.

La impugnación perredista concentró el debate, pero no inhibió las críticas de todos los partidos contra la pretensión de PAN-PVEM de incluir a Fox en la boleta, así como la confusión que implica el nombre Alianza por el Cambio con la Alianza por México.

Tras cinco horas de alusiones a su candidatura, la personalización del emblema y el caudillismo que ello implica todo se concretó: seis años después de la reforma salinista al 82, Fox podrá aparecer, sonriente, como figura en el emblema, en más de 200 millones de boletas electorales.

 

Ilegal, desigual, ventajoso

 

Anticipando que sería una sesión polémica, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, previno sobre el debate y adelantó que los consejeros no habían encontrado ninguna restricción legal para aprobar el emblema de la Alianza por el Cambio, como tampoco hallaron confusión por la coincidencia de palabras en las coaliciones, toda vez que alianza es un término genérico.

"Las uniones ųdijoų modificarán las condiciones del sistema de partidos y el mapa de la competencia electoral. La harán más intensa y quizá más equilibrada. Los institutos usaron los recursos de la política y confeccionaron un acuerdo amplio y proponen al electorado una plural sumatoria de proyectos".

Fue una breve tregua antes de la andanada contra la Alianza para el Cambio. De entrada, el consejero Emilio Zebadúa afirmaba que aprobar el emblema de la coalición "contribuiría a socavar el principio de equidad de la contienda y, por ende, a restar certeza al proceso electoral".

Adolfo Sánchez Rebolledo, de Democracia Social, iniciaría la lista de partidos que argumentaron contra el emblema: "la pretensión de utilizar la imagen del candidato presidencial en la boleta es políticamente indeseable y claramente desigual". Más aún, "constituye un acto políticamente ventajoso que no se intentó ni siquiera en los peores momentos del presidencialismo mexicano".

Tocaría a Jesús Ortega darle nuevo rumbo al debate al traer a colación la vigencia aún del artículo 82 previo a la reforma de 1994. A su juicio, el Consejo General estaría aprobando la postulación de Fox de manera inconstitucional. El podría ser candidato del PAN, porque su oficialización se haría a partir del primero de enero, cuando ya esté en vigor el nuevo 82, pero ahora, es ilegal que lo postule la Alianza por el Cambio.

Reviró el panista Germán Martínez aduciendo que no había registro, sólo el cumplimiento de la ley que "nos obliga a dar el nombre de nuestro candidato, habrá un segundo momento, en enero, cuando se registre formalmente", cuando ya serán los tiempos en que Fox cumpla con los requisitos en su totalidad.

En cuanto al emblema, Martínez asumió que PAN-PVEM obtuvieron una ventaja, pero no de forma desigual, "porque fue el uso de un derecho que todos los partidos tuvieron".

Por la noche, Jesús Ortega presentó un punto de acuerdo en el cual se modifica un pacto anterior que ya había aprobado el modelo de boletas para el 2 de julio, a fin de que se incluya la fotografía de todos los candidatos que participen en las elecciones

La senadora perredista Rosa Albina Garavito advirtió que, según lo dispuesto por el artículo transitorio de la reforma salinista, no se impide a Fox ser candidato de un partido, pero sí de una alianza, en razón de los tiempos de oficialización.

"ƑQué consecuencias ųse preguntóų tendría para el país que Fox y el PAN violentaran el estado de derecho? ƑQué consecuencias tendría una resolución otorgándole el registro? Sería un hecho gravísimo que ni Fox, ni el PAN, ni el Consejo General hayan advertido, por un descuido imperdonable, la inconstitucionalidad de esta candidatura".

La consejera Jaqueline Peschard explicó que se confundían dos momentos diferentes del proceso: el de aprobación del convenio de la coalición y el registro de la candidatura de Fox.

Sería José Barragán el segundo consejero en cuestionar el dictamen al reprobar que el Consejo General avalara la inserción de propaganda abierta de Fox en las propias boletas electorales.

Sin embargo, sería el priísta Eduardo Andrade quien llevaría al extremo el asunto de la inelegibilidad de Fox al demandar sanciones del IFE para el PAN y el PVEM por violentar en sus procesos de elección de candidatos disposiciones legales.

La aprobación del convenio ųdijoų implica la revisión del cumplimiento estatutario en los procesos internos de los partidos. EL PAN incluye en su reglamento que el candidato presidencial debe cubrir los requisitos legales para poder registrarse, y Fox no cumplía con la Constitución al momento de ser postulado por el blanquiazul el 12 de septiembre.

El consejero Alonso Lujambio argumentaría en contra de PRI y PRD, al señalar que desde el instructivo aprobado por el Consejo General, los partidos no hicieron énfasis en que se incorporara la revisión del cumplimiento de los requisitos del artículo 82. "ƑEl PRD presentó documentación para acreditar que Cuauhtémoc Cárdenas cubre los requisitos del 82? No, porque no lo exige el instructivo".

El consejero Jesús Cantú dijo también que el artículo 82 habla de satisfacer los requisitos al día de la elección, es decir, el 2 de julio, lo que invalida los argumentos en contrario.

 

El credo no se lee desde Poncio Pilatos

 

Volvería el perredista Jesús Ortega a insistir en la improcedencia de la coalición PAN-PVEM porque se postula a un candidato que no cumple con los requisitos de ley. Recordó los términos vigentes del artículo 82 aludiendo al origen extranjero de la madre de Fox para demandar que no otorgara el registro. "Lo que estamos debatiendo es la procedencia de la coalición, porque no cubre los lineamientos y por lo tanto es improcedente".

El panista Martínez reviraría: "Nuestros adversarios leen mal el 82. Suponiendo, sin conceder sus argumentos, el artículo dice que son requisitos para ser presidente, no para ser postulado. El 2 de julio, Vicente Fox va a ser mandatario electo y cumplirá los requisitos. No, no coma ansias, el credo no se empieza a rezar por 'padeció en tiempos de Poncio Pilatos'...".

Terciaría en la discusión el priísta Andrade, quien insistió en la improcedencia de la alianza, que, por definición, según dijo, es un acto para la postulación de candidatos. Pero en estos momentos no pueden postular a Fox, entonces el convenio de coalición es nulo. Uno a uno, la mayor parte de los consejeros había anticipado su voto, y la suerte estaba echada. Fox será candidato de la Alianza por el Cambio.

Al término del debate, PRI y PRD anunciaron que apelarán la decisión del Consejo General porque se trata de una violación constitucional. Ello, a pesar de que el Cofipe señala que la determinación del IFE en torno a las coaliciones es inatacable. Jesús Ortega comentó que la Constitución está por encima del Cofipe, y ésta señala que en un ningún caso se pude quedar en la indefensión jurídica.