Ť Encubrió a funcionarios y no se sancionó a los responables: afectados

Acusan al gobierno de México ante la CIDH por el caso Anaversa

Ť Tampoco ha brindado apoyo a los enfermos por el desastre químico ni a sus familiares

Andrés Morales, corresponsal, Córdoba, Ver., 19 de diciembre Ť La Asociación de Enfermos y Afectados por la Explosión en la Fábrica de Plaguicidas Agricultora Nacional de Veracruz ųocurrida hace ocho añosų denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno mexicano ha encubierto a funcionarios federales, estatales y municipales que actuaron con negligencia y no sancionaron a los responsables del siniestro, además de que no brindaron apoyo a las víctimas y a los familiares de éstas.

Como se recordará, un corto circuito ocurrido el 3 de mayo de 1991 en la instalación eléctrica de Agricultora Nacional de Veracruz (Anaversa) ųubicada a 11 cuadras del zócalo de Córdobaų provocó una explosión, por la cual se produjo un incendio y se derramaron 22 mil litros de sustancias químicas a las calles, el drenaje y a depósitos de agua que abastecían a 17 colonias.

El día del accidente se intoxicaron unas 300 personas por inhalar los químicos de la empresa, que fueron a parar a los arroyos La Sidra, Las Conchitas, Tepachero y Río Blanco, cuyos vecinos denunciaron posteriormente que las sustancias provocaron la muerte de peces. De acuerdo con estudios realizados por laboratorios estadunidenses, los materiales derramados estarían activos durante 50 años y podrían provocar daños a largo plazo a seres humanos.

Eduardo Rodríguez Olivares, secretario de la organización de afectados, señaló que hasta el momento han 213 muerto personas a consecuencia de leucemia linfoblástica, aplasia medular y otros tipos de cáncer ųcomo consta en actas de defunción que se anexaron al expediente enviado a la CIDHų, desarrollados por la exposición a las dioxinas que generó el accidente.

En el documento enviado a la CIDH, con sede en San José, Costa Rica, se detalla la "parcialidad" del gobierno mexicano hacia las denuncias que interpusieron cientos de familias afectadas por la explosión en Anaversa, que contaminó con dioxinas a unas 17 colonias cordobesas, así como la indiferencia con que se trató a los enfermos, a quienes se les niega apoyo médico y económico.

Rodríguez Olivares mencionó que luego del accidente, la ahora desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, que dirigía Patricio Chirinos Calero ųposteriormente gobernador de Veracruzų, "protegió" a los propietarios de Anaversa y desechó que tuvieran responsabilidad alguna en el siniestro, al tiempo que la Secretaría de Salud negó apoyo clínico a las víctimas y desestimó que las muertes fueran resultado de la explosión.

Además, a dichos decesos podrían agregarse muchos más, pues "se estima que más de 800 habitantes fueron contaminados al respirar las dioxinas suspendidas en el aire, o tomar agua proveniente de los depósitos cercanos afectados", y se atribuye a Anaversa "la alta incidencia de nacimientos de niños anencefálicos en la zona".

Recordó que el fideicomiso creado durante el gobierno estatal de Dante Delgado Rannauro, que se fijó en 100 millones de viejos pesos ų100 mil pesos actualesų para el apoyo a las familias afectadas, nunca se ejerció y la administración municipal de Tomás Ríos Bernal lo desvió para una campaña de limpieza de cacharros.

A su vez, el ex diputado local y ex presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, Arturo Matiello Canales, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las autoridades federales y estatales, deben reabrir el caso Anaversa para sancionar a los funcionarios que en su momento actuaron con negligencia y en complicidad con los propietarios de la empresa, "que operaba irregularmente".

Matiello Canales reveló que en la pasada Legislatura, la mayoría priísta "protegió" al ex gobernador Chirinos Calero y "cerró el caso", a pesar de las graves violaciones a las garantías constitucionales de la población cordobesa, y "ahora se debe reivindicar la postura de los legisladores y hacer justicia para las víctimas y sus familiares".

El ex legislador apuntó que entre las 213 víctimas de la explosión de Anaversa está el ex diputado local panista Roberto del Río Becerra, originario de Córdoba y quien falleció por cáncer en meses pasados.