José Blanco
La reforma espera

Una y otra vez la comisión del rector ha acudido puntualmente al Palacio de Minería a esperar a la comisión de CGH. Ésta, por su parte, ha faltado ya demasiadas veces aduciendo que debe ocuparse de otras actividades, como asambleas, mítines, marchas y protestas por motivos diversos.

En mi opinión, no es posible aceptar esos argumentos. A nadie escapa que los estudiantes paristas cerraron la universidad, debido al desacuerdo de una corriente de alumnos de diversas escuelas y facultades con la reforma al Reglamento General de Pagos (RGP), desacuerdo al que, estallada la huelga, agregaron otros desacuerdos, esta vez con unas reformas anteriores al Reglamento General de Inscripciones.

Con esas impugnaciones y otras que fueron creadas por la propia huelga, el CGH formuló un pliego petitorio de seis puntos. La comisión del rector ha estado acudiendo precisamente para poder atender ese pliego, para discutir y llegar a acuerdos con el CGH, evaluando los argumentos y la razón de ser de cada una de las reformas que en su momento fueron aprobadas por el Consejo Universitario, y para oír y examinar, junto con el CGH, con datos y razones, sus argumentos y sus alegatos particulares, a efecto de acordar las vías, las modalidades, las formas, los tiempos, con los que podrían ser superadas las diferencias.

Para eso está montada la mesa de diálogo en el Palacio de Minería. Es ahí donde está el espacio y las condiciones para acordar las vías y modalidades que permitan a cerca de 270 mil estudiantes y a 30 mil académicos volver a la brevedad a las aulas, los cubículos y los laboratorios, a generar las reflexiones y las propuestas que les permitan, en un congreso universitario, hallar la mejor y más profunda reforma de que sean capaces.

Este artículo fue escrito antes de la reunión de ayer entre el CGH y la comisión del rector. En su plenaria de sábado a domingo, el CGH tomó afortunadamente la determinación de acudir al Palacio de Minería, ganando la decisión a algunas corrientes negadas a restablecer el diálogo, que aducían argumentos absolutamente desligados del propósito explícito y único del diálogo: llegar a los acuerdos necesarios para restablecer la vida académica.

Ojalá el día de ayer haya sido posible acordar las modalidades referentes al formato de discusión del pliego petitorio; ojalá también el CGH haya podido decidir no levantarse más de la mesa hasta abrir las puertas de la universidad. Ojalá los miembros del CGH sin intereses extrauniversitarios se percaten de que la existencia de la UNAM y con ella la de la universidad pública en general, está gravemente amenazada.

La existencia de la universidad pública, y la de la UNAM en particular, sólo se justifica frente a la sociedad que la sostiene, si trabaja eficientemente produciendo los profesionales de alta calidad y las investigaciones científicas y humanísticas que la propia sociedad requiere. Esta es su única razón de ser. Una universidad pública cerrada, con el alto costo global de la UNAM, no tiene justificación ninguna para la sociedad.

Es indispensable insistir, una y otra vez, que la universidad no es para los universitarios ųalumnos y académicosų, sino para la sociedad. Alumnos y académicos tienen permanentemente que cumplir sus obligaciones con el más alto nivel de responsabilidad.

La universidad es para los alumnos, pero no en cuanto tales, sino en cuanto proyectos de profesionales que son mientras asisten a las aulas a cumplir su responsabilidad de formarse con un alto sentido de servicio a la sociedad. De no ser así es obvio que la sociedad no los necesita, es decir, no necesita a una universidad pública que no le entregue los profesionales capacitados para resolver los problemas propios de la sociedad misma y del trozo de naturaleza que la nación abarca. Lo mismo ha de decirse de los académicos.

La única manera de salvar a la UNAM para las generaciones presentes y para las futuras es realizando una reforma profunda, que resuelva consistentemente el gobierno de la academia, que garantice a la sociedad que sus egresados serán seriamente competentes, que establezca las modalidades para dar cuenta permanentemente de la forma como opera, y que garantice, también a la sociedad, que ésta no volverá a incurrir en el tremendo costo improductivo de esta huelga.