Enrique Montalvo Ortega
Crimen, riqueza y poder

Entre la estructura social y los acontecimientos de la nota roja existen múltiples conexiones y vasos comunicantes que, sin embargo, casi nunca se alcanzan a percibir. La mayoría de las veces los casos siguen el camino de los procedimientos penales y se confinan a los grises expedientes de los juzgados. En la memoria social quedan registrados como anomalías, imperfecciones de una sociedad que en apariencia funciona sustancialmente bien.

Sólo en contadas ocasiones los casos judiciales trascienden ese ámbito y se ventilan públicamente, con lo que la estructura política y social que los alimenta y rodea queda al descubierto.

El 15 de noviembre de 1995, se presentó en Yucatán uno de esos casos que logró trascender el acotamiento de lo jurídico. En condiciones que aún no han sido totalmente dilucidadas en los tribunales, murió Flora Ileana Abraham, hija de un rico empresario yucateco, cuando se encontraba en la residencia de su recién estrenado marido, Armando Medina Millet.

Lo que durante los primeros días posteriores a su muerte estuvo a punto de pasar ųsin asomo de dudaų por un suicidio, pocos días después dio pie a sospechas que desembocaron en el que quizá sea el proceso más sonado, y sobre todo publicitado, de la historia yucateca.

Repuestos del trauma inicial, los familiares de Flora Ileana acusaron a su marido de haberla asesinado, y asumieron la coadyuvancia en dicha acusación. El hecho de que al parecer la muchacha había manifestado a sus familiares su deseo de divorciarse y por ende no llegar al altar (al momento de morir ya se había realizado la ceremonia civil, pero no la religiosa), debido a conflictos y desavenencias con el marido, levantó suficientes dudas como para que aquéllos contrataran a experimentados detectives abocados a buscar la verdad del caso.

El acontecimiento no hubiera logrado mayor trascendencia de no hallarse detrás el poder económico de dos familias: la Abraham Mafud, dueña de un pujante grupo empresarial que maneja supermercados, inmobiliarias, fábricas de materiales para construcción, entre otros muchos negocios, y la Medina Millet, apellidos (sobre todo el segundo) ligados a la vieja oligarquía henequenera.

El asunto levantó pronto una densa trama de intereses, desde los que representan los dos principales periódicos del estado: el ultraderechista Diario de Yucatán, y el Por Esto!; así como de los partidos políticos, sobre todo PAN y PRD.

Desde el día en que murió Flora Ileana, hace ya más de cuatro años, ambos diarios dedican casi todos los días una columna al tema, lo que ha llevado hasta los más mínimos detalles del caso ante la opinión pública. El Diario de Yucatán asume la defensa extraoficial del inculpado, mientras Por Esto! aporta argumentos que avalan la versión del asesinato.

Tras la confrontación periodística se encuentra la decisión de la familia Abraham de retirar toda la publicidad de su corporativo al Diario de Yucatán, a raíz de que el director de ese periódico se negó a publicar un desplegado con la rúbrica de Asis Abrahan Daguer (padre de Flora Ileana) sobre el tema y, según publicó más adelante en otro desplegado (Por Esto!, 8 de noviembre de 1998), el director del Diario de Yucatán lo presionó para que se confrontara con el gobierno, a cambio de otorgarle su apoyo: "Tú nos ofreciste el apoyo de tu periódico ųescribió Asis Abraham a Carlos Menéndezų a cambio de que atacásemos al gobierno, convirtiendo el proceso penal en una ofensiva política". Cabe agregar que existen también relaciones de parentesco entre la familia del indiciado y la de los propietarios del Diario de Yucatán.

Por otra parte, el PAN vio en el caso la posibilidad de obtener ventajas políticas, además de que, como es sabido, su crecimiento se ha apoyado en el sostén publicitario que realiza el Diario de Yucatán, órgano periodístico que tiene gran peso en las decisiones que adopta ese partido político en esa entidad.

Patricio Patrón Laviada, ex alcalde de Mérida y líder de los Amigos de Fox en el estado, encabezó por su parte la defensa política de Medina Millet. Patrón Laviada se ha esforzado por conducir en peregrinación al penal a cuanto político o figura importante visita el estado. Por último, sorprendentemente los líderes del PRD en el estado también se sumaron a dicha defensa, a cambio de recibir espacio en el rotativo conservador yucateco, que en reiteradas ocasiones se había negado a informar sobre las actividades de esa organización o había manipulado las noticias en su contra.

Se puede observar, a la manera de las novelas de Sciacia, cómo tras el crimen se va estableciendo todo un juego de intereses políticos y económicos, que a su vez inciden y propician cambios en la realidad.

Pero hay otros ingredientes que le dan el toque novelesco a este caso: la familia de Medina Millet es descendiente de quienes el general Salvador Alvarado bautizara como casta divina, mientras la hoy occisa proviene de la burguesía de origen libanés, conocida popularmente como casta beduina. Quienes aún creen ųen Mérida no son pocosų en blasones y abolengos, han llegado en los corrillos cotidianos a darle un tinte racial al asunto: las familias de "apellido" y "tradición", versus los recién llegados libaneses. Tanto en uno como en otro bandos la confrontación simbólica ha prendido; además, el indiciado mantenía estrechos vínculos con el clero (incluso formaba parte del equipo de apoyo de los curas encargados de una aristocrática parroquia de la mejor colonia de Mérida), y había logrado el rompimiento de su anterior matrimonio religioso, lo que se hizo a partir de que la Iglesia lo calificó de "psicópata".

Como se ve, crimen o suicidio, el caso tiene múltiples aristas, de cuyo análisis detallado se desprendería toda una psicopatología de la sociedad yucateca actual y sobre todo de sus elites. De un caso del orden común ha derivado una amplia cadena de efectos políticos y de opinión pública.

Al fin y al cabo, como comentó un observador, si el indiciado y la occisa se apellidaran Chac, Uc o Pech, y fueran, como casi todos los que llevan esos apellidos de origen maya, pobres, no tendría el primero recursos para contratar al connotado despacho del panista Gómez Mont, junto con uno de los mejores despachos locales. De la misma manera ningún amigo de Fox, panista o perredista se ocuparía de llevar comisiones de derechos humanos y políticos a visitarlo a la cárcel, y la nota pasaría inadvertida en algún rincón de las secciones policiacas locales. Los ricos, hasta en sus enredos, resultan rentables.