Ť La marcha negra, contra la embajada estadunidense

Conmemoran panameños la invasión de EU hace diez años

Ť Por esa intervención "vino la democracia", justifica Moscoso

Fernando Martínez, corresponsal, Panamá, 20 de diciembre Ť Al conmemorarse hoy el décimo aniversario de la invasión estadunidense, bajo la consigna "ni bases ni centros de espionaje" de Estados Unidos en Panamá, la tradicional "marcha negra" se dirigió hasta las sedes del gobernante Partido Arnulfista y de la embajada estadunidense, contra las cuales unos 2 mil manifestantes lanzaron piedras y botellas llenas de pintura, para luego recorrer la Avenida Central hasta el "barrio mártir" de El Chorrillo.

Pese a las consignas como "Mireya vendepatria", "No al centro multilateral de espionaje", "Mireya el pueblo te vigila", y los insultos intercambiados por los manifestantes vestidos de negro con los custodios de la sede arnulfista, la marcha se desarrolló sin enfrentamientos y sin que la policía tuviera que intervenir.

La presidenta Mireya Moscoso justificó hoy la operación militar estadunidense de hace 10 años, al sostener que "nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la invasión, pero por esa invasión vino la democracia a este país, lamentamos la muerte de aquellos panameños el 20 de diciembre, pero también estábamos cansados de vivir en una dictadura en el exilio y prisión".

"Hubiera preferido a Noriega"

En cambio, Guillermo Endara, quien hace 10 años tomó posesión como presidente de la república en la base militar estadunidense de Clayton, afirmó en declara- ciones publicadas hoy por el diario La Prensa, que "hubiera preferido mil veces a (Manuel Antonio) Noriega antes que la invasión" del 20 de diciembre. El ex presidente dijo haber sentido dolor al enterarse que El Chorrillo ardía como resultado de los fuertes combates y negó que ųcomo en su momento afirmaron representantes del gobierno estadunidenseų hubiera solicitado la invasión.

De acuerdo con José Cambra, dirigente del Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía, "estamos en un momento extremadamente peligroso de nuestra historia", porque el gobierno arnulfista puede aprovechar la simpatía inicial de que goza para firmar un acuerdo con Estados Unidos que "cercenaría la más cara de las conquistas del pueblo panameño".

El gobierno de Moscoso "ha preferido dar la espalda a los mártires e ignorar totalmente la fecha", agregó Cambra aludiendo a la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre este décimo aniversario, a diferencia de Guillermo Endara, quien durante su gestión declaró el 20 de diciembre Día de reflexión nacional, y de Ernesto Pérez Balladares, el anterior presidente, quien decretó Día de luto nacional.

"Nuestra agenda de lucha se mantiene pendiente" porque los sucesivos gobiernos no han hecho lo suficiente para reivindicar a los que murieron, sostuvo por su parte Sebastián Vergara, presidente de la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de Diciembre, al hablar ante una fosa común del Jardín de Paz, donde se encuentran los restos de un centenar de las víctimas.

Uno de los oradores en ese acto, Jorge Turner Morales, afirmó que "Estados Unidos se está retirando formalmente" de la Zona del Canal, pero, a juzgar por las declaraciones recientes de voceros como el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur, y del subsecretario para Asuntos Interamericanos, Pete Romero, "existe el peligro de prolongar de forma disfrazada su presencia militar en nuestro territorio", aún después de la entrega del Canal y sus bases este 31 de diciembre a manos panameñas.

Turner aseguró que el supuesto peligro de que se extienda en este país la violencia que afecta a Colombia y la necesidad de ubicar tropas en la retaguardia de la guerrilla es el nuevo argumento de Estados Unidos para justificar su intervencionismo.

De los 26 mil soldados que participaron de la llamada operación Causa Justa, ordenada por el ex presidente George Bush, con el supuesto pretexto de capturar al general Noriega, 14 mil estaban acantonadas en 10 bases militares ubicadas en las riberas del Canal.

Una invasión como la de 1989 sería más difícil ahora, explicó a La Jornada el coronel retirado Daniel Delgado, uno de los pocos miembros del Estado Mayor de Noriega que participó en la organización de los focos de resistencia panameña en distritos populosos como el de San Miguelito.

Según Delgado, la intención de Estados Unidos al invadir el país era revertir lo pactado en los Tratados Torrijos-Carter, y ello queda demostrado por los sucesivos intentos de prorrogar la presencia estadunidense. "Lo que pasa es que la situación mundial cambió con la caída del bloque socialista, lo que obligó a redefinir su doctrina de seguridad", añadió.

Ahora, todas las bases y sitios militares han sido desmantelados, y sólo quedan en el país los soldados de la infantería de marina que custodian la embajada. Pero el ministro de Gobierno y Justicia ha propuesto la aprobación de un Plan Estratégico de Seguridad Nacional, que incluye la suscripción de un acuerdo para el acopio e intercambio de inteligencia, lo que ha sido denunciado como la nueva versión del intervencionismo militar estadunidense para el próximo siglo.

De acuerdo con las versiones oficiales, 23 soldados estadunidenses perecieron y 285 resultaron heridos durante las operaciones militares, y según un informe de la Iglesia católica 655 panameños murieron. Pero la Asociación de Familiares sostiene que entre muertos y desaparecidos la cifra supera los 4 mil. Además, unos 5 mil panameños fueron detenidos en campos de concentración y cientos de ellos fueron entregados después al gobierno instalado por la invasión, para ser sometidos a procesos judiciales en los que no se respetaron las garantías procesales.

El gobierno de Endara no pasó de las expresiones de "dolor" para con las víctimas, mientras que el de Pérez Balladares entregó las modestas pensiones que les correspondían a los familiares de los militares caídos en cumplimiento del deber y otorgó la cifra de 3 mil 500 dólares a varios cientos de familiares de las víctimas.

Pero éstos buscan ahora entablar una demanda internacional para lograr una indemnización de Estados Unidos. Entre tanto, lloran a sus muertos, como Raquel Jaén, quien acudió esta mañana al Jardín de Paz para llorar a su hijo Abdiel Alberto Vargas, cuyos restos no se han encontrado. O como Bianka Entebi, quien gracias a la ayuda de la embajada española logró rescatar los restos de su esposo, el ciudadano español Jesús Antonio Borinez, de una fosa común en Corozal, en la base militar del mismo nombre, antes de que unas 25 bolsas con cadáveres fueran dispuestas en un camión de basura, "porque ese era un cementerio para estadunidenses, no para panameños".