Ť Simpatizantes del EZLN acusan al alcalde de Cancuc de difundir "mentiras"

Descartan planes de ataques zapatistas

Ť Señalan que los gobiernos estatal y municipal organizan grupos armados para hostigamiento

Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de diciembre Ť Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el municipio de San Juan Cancuc rechazaron que intenten realizar movilizaciones violentas contra autoridades civiles y militares, y acusaron al alcalde Lorenzo Hernández Pérez de difundir "mentiras" en contra de los zapatistas.

Los simpatizantes del EZLN informaron que el edil de San Juan Cancuc, municipio ubicado en la región de los Altos de Chiapas, levantó un acta oficial contra las comunidades zapatistas, a quienes acusa de preparar "sus armas" para atacar en los próximos días. El oficio fue enviado al gobierno interino de Roberto Albores Guillén.

"Negamos esa información, ya que lo que el gobierno busca es generar problemas entre las comunidades", aseguraron. Asimismo, acusaron a los gobiernos estatal y municipal de organizar grupos armados con el propósito de que hostiguen y agredan a simpatizantes zapatistas o a militantes del PRD.

Quinta caravana por la paz

La Caravana Mexicana para Todos Todo arribó a San Cristóbal de las Casas con toneladas de alimentos y medicamentos, y de inmediato viajó a la región de los Altos y la selva para integrarse al cinturón de seguridad instalado en torno a los Aguascalientes zapatistas, amenazados con ser invadidos por paramilitares o agredidos por elementos de la policía estatal o del Ejército Mexicano.

A partir de este lunes existen campamentos civiles de observadores en los Aguascalientes localizados en La Realidad, Roberto Barrios, Morelia, Francisco Gómez y Oventic, así como en los poblados amenazados y con fuerte presencia militar como Polhó, Arroyo Granizo y Amador Hernández.

Hasta la fecha suman ya cinco las caravanas, principalmente de estudiantes procedentes del Distrito Federal, que se encuentran en territorio chiapaneco para resguardar los Aguascalientes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construidos en 1995 y declarados recintos políticos y culturales.

Ť CDHFBC: insatisfactorias, las penas impuestas

Pendiente aún, la impartición de justicia en el caso Acteal

Ť Persiste la amenaza paramilitar contra familias de Chenalhó

Jesús Ramírez Cuevas, especial para La Jornada Ť El 22 de diciembre de 1997 ocurrió una de las masacres más terribles en la historia reciente de México: 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres fueron asesinados a sangre fría mientras rezaban por la paz. Ese hecho aún pesa sobre la conciencia nacional, y el clamor de justicia que ha recorrido el mundo sigue vigente.

A dos años del crimen perpetrado por paramilitares, las autoridades judiciales sólo han dictado 57 sentencias que afectan a una parte de los autores materiales. En cuanto a servidores públicos implicados, sólo nueve de los policías estatales acusados de tolerar el equipamiento de civiles armados y la consumación del atentado han sido encarcelados.

Por no intervenir para impedir la matanza, sólo tres jefes policiacos están en prisión, así como un militar acusado de armar y adiestrar a los paramilitares, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en el documento Masacre de Acteal. Actualización de información sobre los procesos penales y algo sobre la situación de Chenalhó.

La fiscalía especial de la PGR para el caso Acteal no ha emitido ninguna resolución sobre la probable responsabilidad penal de diversos ex servidores públicos del gobierno del estado, como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, el ex subsecretario general de Gobierno Uriel Jarquín Gálvez y Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Los autores intelectuales que tuvieron alguna responsabilidad en la violencia en Chenalhó tampoco han sido juzgados, ni se ha investigado la responsabilidad de fuerzas de seguridad e inteligencia, todos mencionados en diversos testimonios.

"Las sentencias sobre el caso Acteal no han sido satisfactorias, dado que no se reconoció en los procesos judiciales el delito de asociación delictuosa, el cual hubiera permitido acreditar la existencia de los grupos paramilitares", concluye el CDHFBC.

A pesar de que el gobierno federal ha militarizado el municipio, "la falta de desarme del grupo paramilitar de Chenalhó mantiene un serio amago para la seguridad de las personas en el municipio. Nuevamente se han reportado denuncias de amenazas en contra de los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas en las últimas semanas".

El organismo, que ha presidido el obispo Samuel Ruiz, añade que "el aseguramiento de las armas que fueron utilizadas en la masacre no ha sido suficiente, sólo al inicio de las investigaciones, a través de algunos testimonios de las víctimas se descubrieron algunas armas largas; sin embargo, aún la mayoría de las usadas en la matanza se encuentra en Chenalhó".

Las autoridades municipales se han comprometido por escrito a evitar cualquier agresión contra Las Abejas, a la que pertenecían las victimas. A pesar de ello y de la presencia de más de 2 mil soldados en el municipio, ubicados en 19 campamentos militares, no hay condiciones para el retorno de más de 10 mil 500 indígenas desplazados por la violencia paramilitar. No se han ejecutado las órdenes de aprehensión pendientes ni se han reparado efectivamente los daños y no han cesado las amenazas. Todo ello mantiene en riesgo a los desplazados de esa zona.

Sentenciadas, 57 personas

Por su participación directa en la masacre en Acteal han sido sentenciados 47 indígenas, mientras se sigue proceso penal contra otros 39 tzotziles del municipio de Chenalhó. Además, han sido condenados ocho policías estatales, un comandante de Seguridad Pública y un militar; aún están pendientes los casos de tres jefes policiacos estatales acusados de omisión.

El 16 de julio de 1999, el juzgado segundo de distrito condenó a 20 indígenas a 35 años de cárcel por su participación directa en la matanza (causa penal 201/97 y su acumulada 223/97, por los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sin licencia). "Se encuentra insubsistente (sin fundamento) la sentencia desde el 19 de noviembre de 1999, por efectos de la resolución de apelación que manda reponer el proceso", señala el CDHFBC.

El 10 de septiembre de 1999, otro grupo de 24 indígenas fueron condenados a 35 años por su responsabilidad directa en esa masacre, entre ellos Jacinto Arias Cruz, ex presidente municipal de Chenalhó (causa penal 224/97, por los mismos delitos). El 12 de noviembre de este año fueron sentenciados dos indígenas más a 35 años por la misma razón (causa penal 05/98).

Otro grupo de 38 indígenas acusados por su participación directa en el crimen no han sido sentenciados aún, porque el proceso se encuentra en periodo de instrucción (causas penales 46/98 a 223/98). En ese grupo hay varios ex policías y ex militares que participaron en el ataque en Acteal y ayudaron a armarse a los otros participantes. Ellos son Pablo Hernández Pérez (ex militar), Nicolás Hernández Pérez y Juan Hernández Pérez (ex policías estatales), así como Hilario Guzmán Luna (dirigente de los paramilitares de Pechiquil). También está Manuel Guzmán Pérez, homónimo de otra persona que sí participó en la matanza, y a quien las autoridades judiciales no han liberado a pesar de que no hay pruebas en su contra.

El 7 de septiembre fue sentenciado Alfredo Hernández Ruiz a 32 años y seis meses de prisión (causa penal 15/98). Y el juzgado primero de distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, trasladó el caso de Antonio Vázquez Sekum (causa penal 08/98) a San Cristóbal de las Casas, por lo que no ha sido sentenciado.

Policías y militares condenados

El 28 de diciembre de 1998 fueron sentenciados ocho policías estatales por haber tolerado el equipamiento de civiles en Los Chorros y otras comunidades de Chenalhó (causa penal 03/98, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y por omisión). La condena por su delito fue de tres años y nueve meses en promedio, pero siete de ellos fueron liberados el 5 de noviembre de 1999. Al comandante Felipe Vázquez Espinosa se le aumentó la pena a siete años y siete meses de prisión.

Tres jefes policiacos de Seguridad Pública, encarcelados por no intervenir a pesar de encontrarse a 200 metros del lugar en el momento en que ocurría la matanza, no han sido sentenciados aún. Respecto a los comandantes Roberto Martín Méndez Gómez y Roberto García Rivas, sigue pendiente su sentencia, porque el juzgado de Tuxtla Gutiérrez mandó a San Cristóbal su caso y se abrió un nuevo expediente (361/99). El proceso del general retirado Julio César Santiago Díaz, coordinador de la Policía de Seguridad Pública, está en periodo de conclusiones (causa penal 27/98).

El teniente del Ejército Mexicano Mariano Pérez Ruiz (degradado después a soldado raso), acusado de dar armas y entrenar a los paramilitares, fue sentenciado el 17 de mayo de 1999 a dos años de prisión. Después de la apelación del 20 de septiembre, el juez aumentó su condena a cuatro años y seis meses (causa penal 96/98).

Investigaciones inconclusas

A dos años de la matanza, aún continúan pendientes las investigaciones para deslindar la responsabilidad penal de los ex funcionarios del gobierno estatal "que no tomaron las debidas precauciones para evitar la consumación de los hechos", dice el CDHFBC.

Esos ex servidores públicos son el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro (hoy agregado de la embajada de México en Estados Unidos), el ex secretario general de Gobierno Homero Tovilla Cristiani y el ex subsecretario general de Gobierno Uriel Jarquín Gálvez. Todos ellos se encuentran libres.

Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, obtuvo un amparo judicial contra su orden de aprehensión. Hoy escribe en el Diario de Chiapas (periódico casi oficial del gobierno de Roberto Albores) y se pasea tranquilamente en la capital chiapaneca. El ex director de la Policía de Seguridad Pública José Luis Rodríguez Orozco y el ex coordinador de Seguridad Pública del Estado general retirado Jorge Gamboa Solís, se encuentran prófugos de la justicia.

Por otra parte, están pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión del fuero federal contra probables autores materiales. Según el CDHFBC, "si bien es cierto que nueve ex policías de Seguridad Pública ya han sido sentenciados por su responsabilidad en la tolerancia de civiles armados, es también cierto que no fueron demandados por el pago a la reparación del daño. A esos ex servidores públicos se les impuso una condena de tres años y nueve meses, penalidad que no representa proporcionalidad con los resultados de esos hechos".

Los culpables no pagarán daños

De acuerdo con la información de los abogados del CDHFBC, los autores materiales han sido absueltos del pago de la reparación del daño en todos casos, pues el juez consideró que "el Ministerio Público y los ofendidos no demostraron debidamente la existencia del daño moral o material que causaron los activos en los delitos cometidos, por lo que no hay lugar al pago de la reparación del daño..."

Sin embargo, el mismo centro afirmó que "el daño moral y el daño material fueron debidamente acreditados durante el proceso... ante ello, se han interpuesto las apelaciones subsecuentes con el fin de que sean revocadas las absoluciones y se condene a la reparación del daño en atención de que se acreditó con la existencia de los homicidios y la reparación procede como pena pública".

La participación de Jacinto Arias Cruz, entonces alcalde de Chenalhó, ha justificado la solitud de los abogados para que el Estado indemnice a las víctimas; lo mismo pasa con los demás servidores públicos vinculados a la masacre.

Desde el 31 de diciembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano el cumplimiento de medidas cautelares para proteger a los miles de indígenas desplazados en Chenalhó que viven en campamentos de refugiados. Eso no se ha cumplido satisfactoriamente.

No obstante los horrores y las secuelas que dejaron en la víctimas, algunos heridos y sobrevivientes aún requieren tratamiento médico. Sin embargo, sus problemas no han terminado. En agosto pasado, los menores Efraín Gómez Luna, Zenaida Luna Pérez y Gerónimo Vázquez Pérez fueron invitados a viajar a Washington, DC, para ser examinados en el centro médico de la Universidad de Georgetown.

La Secretaría de Relaciones Exteriores negó los pasaportes y "dio un trato déspota y negligente" a las víctimas. La SRE solicitó requisitos excesivos y pidió una resolución judicial especial para acreditar la tutoría legal de los familiares. "Esa disposición resulta arbitraria y fue tomada por los agraviados como una excusa para evitar que los menores salieran del país y pudieran evidenciar la situación de los sobrevivientes de Acteal", señala el CDHFBC.

A pesar de que el municipio de Chenalhó ha sido militarizado, las amenazas y la violencia aún están presentes en varias comunidades indígenas, y los gobiernos estatal y federal no han tomado suficientes medidas para evitarlo.

Como ejemplo, el 6 de noviembre siete familias de Las Abejas y dos afiliadas al PRI tuvieron que salir de la comunidad de Canolal y se refugiaron en Acteal, debido a que los paramilitares de ese lugar continúan operando y amenazando de muerte, a pesar de la presencia de la policía estatal y el Ejército. Las familias priístas fueron amenazadas por protestar en contra de los amagos a las familias de Las Abejas.

En octubre, integrantes de este grupo de la comunidad Canolal denunciaron ante la PGR y la fiscalía especial para el caso Acteal los nombres de los miembros armados del partido oficial que los habían amenazado de muerte. Esas oficinas entregaron la información a las autoridades locales, lo que provocó que los denunciantes fueran encarcelados y amenazados de muerte por los paramilitares.