Ť Entre ellos, los indígenas asesinados en Acteal
Al menos 80 muertos ha dejado un sexenio de conflicto en Chiapas
Ť El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, otro saldo
Alonso Urrutia Ť En un país en el que los tiempos políticos se miden sexenalmente, el conflicto chiapaneco cumple seis años. Su prolongación abarca ya dos procesos de sucesión presidencial, en un complejo contexto que ha dejado centenares de muertos producto de tensiones, luchas sociales, presencia de grupos paramilitares, seis secretarios de Gobernación, cinco comisionados para la paz e igual número de gobernadores chiapanecos, tres legislaturas federales y una Comisión Nacional de Intermediación (Conai) desaparecida.
Todo ello ha arrojado unos acuerdos de San Andrés incumplidos, que marcaron la credibilidad de las sucesivas estrategias gubernamentales de paz y virtualmente ha paralizado la acción legislativa de la Comisión de Concordia y Pacificación.
El ofrecimiento más reciente, presentado por el actual titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Diódoro Carrasco, en septiembre pasado, es la versión más actualizada de los términos gubernamentales para alcanzar la paz.
Sin embargo, los ofrecimientos públicos de pacificación no han detenido los aprestos militares: incremento consistente del presupuesto, más de 3 mil mandos entrenados en Estados Unidos y creación de por lo menos 15 grupos paramilitares que operan en la zona de conflicto, todo enmarcado en una "guerra de baja intensidad", según se ha denunciado desde diversos sectores nacionales e internacionales.
Así, la suspensión por más de dos años de todo contacto directo entre gobierno y EZLN, la ausencia de una instancia de intermediación y el contexto electoral, mantienen la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.
Seis años de pacificación
Aunque oficialmente no hay estado de guerra, los seis años de sobresaltos, tensiones militares, maniobras castrenses y operación de grupos paramilitares han cobrado la vida de por lo menos 800 indígenas, según las cifras oficiales sobre la violencia social en Chiapas.
La secuela entre los protagonistas políticos involucrados en los afanes negociadores del gobierno es casi tan grande como las iniciativas oficiales. Prácticamente a cada titular de la SG le ha tocado dar un nuevo matiz a la oferta de paz, incluida la negociación de los acuerdos de San Andrés.
Ello, desde la primera propuesta, llamada Compromisos para una Paz Digna en Chiapas, que planteó Manuel Camacho Solís, hasta la denominada Un Paso Más, que propuso recientemente Diódoro Carrasco. En ese largo camino, se ha adecuado el marco jurídico para favorecer el diálogo, aprobándose dos leyes que permitieran la negociación política.
Primer negociador gubernamental, Camacho Solís es también hoy ųconfrontado con el régimen zedillistaų uno de los principales críticos de la estrategia oficial, enfatizando que se carece de un elemento clave tras el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés: la credibilidad. En su diagnóstico, las causas del levantamiento chiapaneco persisten: pobreza, presión social e incapacidad institucional.
Febrero 9 de 1995. La delgada línea entre la ruta de la pacificación y la vía de la guerra en la estrategia gubernamental se hace evidente. En el viraje, Chiapas se coloca de nuevo al borde de la guerra con el anuncio de las órdenes de aprehensión de los líderes zapatistas, los mismos que días antes habían sostenido un encuentro en la selva con el entonces titular de la SG, Esteban Moctezuma.
A la distancia, el discurso oficial define aquella incursión armada en los bastiones zapatistas como una estrategia para apremiar la negociación. Definida como traición por el EZLN, significaría el primer golpe a la credibilidad gubernamental en la negociación y el principio del desgaste de Moctezuma como titular de la SG, quien renunció, "por motivos de salud", cuatro meses después.
Los esfuerzos pacificadores fluyen paralelos a las estrategias militares. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resumen en tres objetivos básicos su presencia en Chiapas: preservar la paz; una directriz estratégico-operacional que inhiba la voluntad de combate del EZLN, aislándolo de la población y buscando el respaldo de ésta a las operaciones militares; destruir o desorganizar la estructura política-militar zapatista.
Definidas por organizaciones no gubernamentales (ONG) ųentre ellas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Miguel Agustín Pro (Prodh)ų como una estrategia de "guerra de baja intensidad", las acciones del Ejército involucrarían apoyo a las fuerzas de autodefensa de algunos sectores sociales, lo que ha derivado en el auge de los grupos paramilitares a partir de ese mismo febrero de 1995, ante la pasividad de los sucesivos gobiernos estatales.
Según el Prodh, entre algunas de las organizaciones armadas que operan en Chiapas están: Máscara Roja, ubicada principalmente en Chenalhó, Larráinzar y Chamula; Paz y Justicia y los Chinchulines, en Tila, Ozumbilla, Tumbalá, Palenque, Yajalón, Ocosingo; Movimiento Indígena Revolucionario Zapatista, en Las Margaritas, Oxchuc, Huixtán, Altamirano y Sitalá; Alianza San Bartolomé de los Llanos y Fuerzas Armadas del Pueblo, en Venustiano Carranza, y Tomás Munzer, en Oxchuc, Ocosingo y Altamirano.
Moctezuma heredó el cargo a Emilio Chuayffet, cuya gestión osciló entre el mayor avance en las negociaciones: los acuerdos de San Andrés Larráinzar, y el hecho más sangriento ocurrido en Chiapas desde el comienzo del conflicto: la matanza de Acteal.
Para entonces, un año ya de conflicto, la lista de funcionarios ligados al mismo que fueron removidos comenzaba a abultarse: era ya el cuarto secretario de Gobernación; dos comisionados para la paz, uno de los cuales, Jorge Madrazo, no vio un solo zapatista y únicamente mantuvo lo que siempre definió como un diálogo epistolar.
Con Chuayffet comenzó la fase más activa de la negociación política en San Andrés Larráinzar, que concluiría con la firma en este lugar de los acuerdos citados, el mayor logro del diálogo pero el principio de la crisis en la relación entre gobierno y EZLN. Meses después, el primero desconocería dichos documentos e intentaría modificarlos.
"Vimos al poderoso desconocer su propia palabra y mandar a los legisladores una propuesta de ley que no resuelve las demandas de los más primeros de estas tierras, que la paz se aleja y que defrauda las esperanzas de una solución justa que acabe con la guerra", definía el EZLN en su quinta Declaración de la selva, tras un largo silencio derivado del incumplimiento de los acuerdos.
A partir de entonces, comenzó un acelerado distanciamiento entre las partes y una creciente descomposición social en Chiapas, que tuvieron su máxima expresión en la matanza de Acteal. La ejecución de 45 indígenas a manos de los grupos paramilitares prohijados por instancias estatales y la tolerancia federal colocó a Chiapas de nuevo en el escenario mundial.
Diez días después de los sucesos caían las aspiraciones presidenciales de Chuayffet. Posteriormente, el gobernador chiapaneco, Julio Cesar Ruiz Ferro, era removido a causa de los hechos violentos, la expresión más clara de la agresión a las comunidades zapatistas. Su sucesor, Roberto Albores Guillén, quien a la distancia ha mostrado que la política de hostigamiento se ha institucionalizado, en los primeros meses de gobierno arremetió contra los municipios autónomos ampliando el saldo de muertos, heridos y detenidos en Chiapas.
El relativo impasse del conflicto chiapaneco terminó abruptamente con la matanza de Acteal y la intempestiva salida de Chuayffet de Gobernación, entonces cabeza visible del grupo Atlacomulco en el gabinete del Ejecutivo, en los albores de la carrera por la sucesión presidencial.
Vendría Francisco Labastida Ochoa a cumplir una nueva fase en la interlocución con el zapatismo. Con él, un nuevo matiz a la estrategia gubernamental hacia Chiapas en las denominadas Siete Vertientes para Chiapas y también la más enérgica ofensiva gubernamental en contra de la Conai.
El único eslabón que permitía el contacto indirecto desapareció, ante la incesante acusación gubernamental de falta de neutralidad. Imposible serlo ante acuerdos incumplidos, respondía la Conai.
En este contexto asociado con la etapa prelectoral, tales vertientes ųfocalización en la atención de demandas sociales; impulso a la economía e inversión privada para generar empleos; reafirmación del estado de derecho y el imperio de la ley; concertación política intercomunitaria; ayuda humanitaria; impulso a la legislación de los pueblos y comunidades indígenas, y vía política y pacífica con el EZLNų no trascendieron más allá del discurso.
Sería el segundo secretario que no saldría por motivos vinculados con el conflicto. El primero fue Carpizo, quien dejó el cargo al terminar el sexenio de Carlos Salinas.
Un paso más...
Un sexenio después, cuando el país se prepara para la firma de un nuevo tratado de libre comercio, ahora con la Unión Europea y va rumbo a una segunda elección presidencial, la más reciente propuesta gubernamental oferta, aún, entre otros aspectos, atender las causas que originaron el conflicto.
El nuevo planteamiento retoma las vertientes y plantea reintegrar un elemento que antes se empeñó en desaparecer: una instancia de intermediación civil, apartidista, conformada por mexicanos de reconocida imparcialidad, dotada de la suficiente capacidad de convocatoria, interlocución y decisión.
A meses de haberse presentado, Gobernación afirma haber cumplido las condiciones básicas planteadas por el EZLN para la reanudación del diálogo: liberación de presos zapatistas; seguimiento de la PGR a las denuncias por hostigamiento, y reactivación de la Comisión de Seguimiento y Verificación.
Por lo pronto, continúa el largo impasse en el conflicto chiapaneco que se prolonga ya desde el cese al fuego en enero de 1994. Seis años ya.
Ť La medida se extenderá a Guerrero y Oaxaca, dice el almirante Robledo
Seguirá el operativo en Chiapas: PFP
José Gil Olmos Ť El comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), almirante Wilfrido Robledo Madrid, aseguró que el operativo de seguridad en Chiapas no se detendrá, pues tiene un carácter preventivo para proteger a la población y evitar que se presenten acontecimientos o acciones violentas como la de Acteal hace dos años exactamente. Incluso, dijo que el operativo de vigilancia se extenderá a Oaxaca y Guerrero y que será para evitar los asaltos en las carreteras.
El militar, a pregunta expresa, negó otorgarle a EZLN, EPR y ERPI el carácter de guerrilleros. "No hay grupos guerrilleros, hay grupos armados", dijo al reafirmar que no existen más grupos que estos, en referencia a las últimas publicaciones que señalan la existencia de 14 organizaciones armadas en todo el país.
Al mando de cerca de 5 mil policías militares que fueron trasladados a la PFP en vías de la formación de los primeros cuadros civiles de esta agrupación, Robledo Madrid aseguró que no se quieren "sorpresas" y por ello argumentó que se estableció el operativo preventivo de vigilancia en los tres estados mencionados, que no habrá de suspenderse a pesar de opiniones en contra.
ųLos integrantes de la Cocopa dicen estar muy preocupados por la situación, por la presencia policiaca. ƑEsto es cierto, ha habido un incremento de los elementos en esos lugares?
ųFíjese que hace 20 años a nadie le preocupaba el que llegaran más elementos de seguridad, sean del Ejército o de los cuerpos de seguridad. No sé por qué les preocupa ahora si realmente tiene como único fin proteger a la población. Eso debería de darles mayor confianza, mayor seguridad, el hecho de que el gobierno fortalezca en esta temporada los dispositivos de seguridad.
"Lo vamos a hacer en contra de todas las opiniones y lo que estamos tratando es precisamente poner una medida preventiva, evitar que sucedan las cosas como sucedió desgraciadamente en el año de 1997".
Ante la postura de que se puede interpretar como una provocación, el almirante insistió en que se trata de un operativo preventivo y evitar que conflictos "intracomunitarios" en Chiapas vayan a "degenerar".
Entrevistado al término del brindis de fin de año en la Secretaría de Gobernación, afirmó por otra parte que el número de secuestros en el país ha disminuido aproximadamente 60 por ciento con relación a los registrados en 1994 y 1995.
Calificó de positivo el balance de esta agrupación formada hace poco más de un año, con la finalidad de enfrentar el crimen organizado en todo el territorio nacional.
Ť Presentó la PGR información actualizada
Pendientes, 30 aprehensiones, a 2 años de la matanza de Acteal
Ť Han tomado precauciones extremas para no ser vistos, asegura
José Galán Ť Porque los agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) deben actuar con "especial sensibilidad" para no alterar "el tejido social de Chenalhó", y ante el hecho de que "los evadidos de la justicia" han tomado precauciones extremas "para no ser vistos", a dos años de la matanza de Acteal quedan aún por cumplirse 30 órdenes de aprehensión, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).
En coincidencia con el segundo aniversario de la masacre de 45 civiles, entre hombres, mujeres y niños, perpetrada por la policía estatal y fuerzas paramilitares, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, la PGR presentó ayer un documento con "información actualizada de las investigaciones y procesos penales para la opinión pública", donde aduce incluso que las órdenes de aprehensión pendientes no han podido ser ejecutadas "por los cuidados extremos que deben tener los elementos de la PJF para no arriesgar la integridad de los detenidos por condiciones climatológicas, como lluvia y densa niebla en horas del día".
Así, quedan por capturar 28 civiles, principalmente miembros de la comunidad indígena del lugar y dos ex servidores públicos: el general Jorge Gamboa Solís, ex coordinador general de Seguridad Pública del estado, "cuya captura no se ha ejecutado porque su defensa interpuso un recurso de amparo", explicó la PGR, y José Luis Rodríguez Orozco, quien se encuentra "evadido de la acción de la justicia y hasta la fecha no se conoce su paradero". Nada sobre el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro o sobre sus ex colaboradores más cercanos.
Una de las razones que la PGR aduce como obstáculo para cumplir 28 de las 30 órdenes de aprehensión aún vigentes es, además de la "especial sensibilidad" con que deben actuar los elementos de la PJF, el hecho de que los acusados "han tomado precauciones extremas para no mostrarse ante grupos distintos al suyo".
"Sin duda, los hechos de Acteal representan un episodio doloroso e indignante para todos los mexicanos", consideró la PGR en el documento. "Fue un acto brutal y reprobable desde cualquier punto de vista, pero no quedó impune", y subrayó el proceso penal o la sentencia condenatoria contra 102 presuntos responsables, a pesar de las 30 órdenes de aprehensión pendientes, en su mayoría relacionadas con los autores intelectuales y materiales de la masacre.
De acuerdo con los resultados oficiales de la investigación de la PGR, desde antes de los hechos, en Chenalhó "ya se identificaban cuatro grupos tzotziles con posturas ideológicas definidas": los simpatizantes del ayuntamiento priísta, conocidos como "priístas", y los seguidores del partido cardenista, llamados "cardenistas". Por otro lado, los miembros del concejo autónomo de Polhó, "que recibe órdenes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional", y el grupo compuesto por la llamada Asociación Civil Las Abejas, que se reconoce a sí mismo como sociedad civil que busca "paz y justicia".
Sin embargo, la dependencia advierte que desde entonces ya era obvia la conformación de dos bloques: "priístas" y "cardenistas", por un lado, y "autónomos" y "abejas", por el otro, y que recurrían al asesinato, las lesiones, amenazas, quema de casas, desplazados, privaciones ilegales de la libertad y otros ilícitos, para que sus integrantes cambiaran de bando.
"Esas agresiones, que en muchos casos eran manifestaciones delictivas, no fueron investigadas por la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, además de que la Policía de Seguridad Pública estatal, "más que poner un alto a esta inseguridad pública, avivó la violencia al permitir y tolerar que civiles portaran armas de fuego en Chenalhó", recordó la PGR.
Hasta el 22 de diciembre de 1997, horas antes de la masacre, "el saldo de muertos era de 23 personas: 15 "priístas", 3 "cardenistas", 4 "perredistas" y un "zapatista" de Polhó, y a pesar de las reuniones de negociación y acercamiento celebradas en Las Limas, como la última de ellas, el 16 de diciembre de 1997, se desencadenó la violencia que culminó con la matanza de Acteal.
Ť Hay intentos de actos similares: Hernández Gerónimo
Impunes, autores intelectuales de la masacre de 1997 en Chiapas
Andrea Becerril Ť A dos años de la masacre de Acteal, los autores intelectuales siguen impunes, y lo que es más grave, hay intentos por reproducir escenarios similares, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Auldárico Hernández Gerónimo.
El legislador perredista dijo que en ese sentido pueden considerarse los rumores que hizo circular el gobierno del estado de Chiapas sobre una supuesta intención del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de reanudar hostilidades.
Ello, agregó, forma parte de la estrategia oficial para minar al grupo rebelde, en lugar de solucionar el conflicto indígena de manera justa y digna.
Hernández Gerónimo advirtió, asimismo, que la masacre de Acteal no ha sido resuelta, y aunque el procurador general de la República, Jorge Madrazo, sostuvo ante integrantes de esa comisión senatorial que la investigación continúa, hay preguntas que no se quiere responder, entre ellas: quién ordenó la matanza de indígenas, quién armó a los autores materiales y con qué fines.
La impunidad que se ha dado en el caso Acteal, agregó, la denunciaron los legisladores del PRD a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, durante la visita que realizó a México a fines de noviembre. En esa ocasión, detalló, las fracciones parlamentarias del PRD en las cámaras de Diputados y Senadores le entregaron un amplio expediente del caso Acteal y en general de las violaciones a los derechos humanos en el país.
De manera central, agregó Hernández Gerónimo, se destacaron los asesinatos y encarcelamientos de luchadores sociales y dirigentes y militantes perredistas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entidades en las que, con el pretexto de perseguir a grupos guerrilleros, se cometen atropellos en contra de indígenas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado hizo notar que en los últimos años se ha asesinado a 644 seguidores del partido del sol azteca, fundamentalmente en esos tres estados, sin que los responsables hayan sido castigados.
El senador perredista resaltó, además, que uno de los hechos relevantes de este año por concluir fue la visita de Mary Robinson al país, ya que, pese a lo breve de su estadía, pudo constatar personal y directamente la situación real de los derechos humanos en México.
La alta comisionada de la ONU, agregó, escuchó de voz de organismos no gubernamentales y de legisladores de la oposición la problemática en las comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca, donde muchas de las violaciones se asocian a la pobreza extrema, al abandono gubernamental, pero también a la creciente militarización en la zona de conflicto con el EZLN, y en los poblados guerrerenses, donde presuntamente existen grupos armados.
Hizo notar que al igual que en Chiapas, en Guerrero la militarización de los pueblos y comunidades indígenas es una constante. En esa entidad, agregó, fueron ejecutados 206 militantes perredistas y desaparecieron 19.
Ť Hoy se cumplen dos años de aquella masacre
Responsabilidad oficial, sombra en la matanza ocurrida en Acteal
Ť La lluvia de balas levantaba la tierra ante nosotros: sobreviviente
Jesús Ramírez Cuevas, especial para La Jornada Ť Hoy hace dos años, bajo el manto protector de la impunidad, un grupo de paramilitares asesinó a 45 tzotziles ųen su mayoría niños y mujeresų en el paraje montañoso de Acteal, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas. Este crimen, cometido el 22 de diciembre de 1997, será recordado como uno de los hechos más vergonzosos en la historia de México.
En los expedientes judiciales sobre el caso hay evidencias que señalan la responsabilidad oficial en los hechos. La libertad de que gozaron los asesinos para cometer este homicidio masivo fue muy grande. Más de 60 personas ų90 según el Centro Fray Bartoloméų armadas con fusiles Ak-47, rifles 22 y ametralladoras Uzi dispararon durante siete horas (de las 10.30 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde) contra 350 indígenas, quienes estaban rezando junto a una ermita.
Según sus propias declaraciones ministeriales, 40 policías militarizados permanecieron varias horas a 200 metros del lugar de la masacre y no hicieron nada para impedir lo que ocurría. Junto a ellos ųen la escuela de Actealų estuvieron el general de brigada retirado Julio César Santiago, coordinador de asesores del Consejo de Seguridad Pública del estado, así como comandantes policiacos. Ante el Ministerio Público, el general aceptó haber permanecido cuatro horas en ese lugar mientras se producía el ataque. De acuerdo con las investigaciones de organismos de derechos humanos, el ataque paramilitar fue planeado y ejecutado de acuerdo con los manuales militares de contrainsurgencia. Hay un sinnúmero de pruebas con las que se puede concluir que el de Acteal es un crimen de Estado.
45 muertos, 25 heridos y un pueblo lastimado para siempre
En el contexto de la guerra iniciada en 1994, dentro de la estrategia de contrainsurgencia, el Ejército Mexicano ha ayudado a la formación de grupos paramilitares en el estado, particularmente en regiones indígenas. En Chenalhó, un grupo de campesinos priístas fue organizado y entrenado por elementos castrenses y protegido por la policía de Seguridad Pública. A lo largo de 1997, la actividad de estos paramilitares aumentó, creando una situación de gran tensión y violencia en ese municipio.
El 21 de diciembre de 1997, durante una reunión realizada en Pechiquil, se acordó atacar Acteal. Participaron priístas de las comunidades Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, todas del municipio de Chenalhó. Al día siguiente, 350 indígenas oraban en la explanada de un cafetal que les servía de refugio, junto a la ermita católica del lugar. Cerca de las 10 y media de la mañana, los tzotziles ųintegrantes de la organización independiente Las Abejasų escucharon una gran cantidad de balazos provenientes de varias direcciones. Según algunos testigos, unos 90 hombres con armas de alto calibre disparaban balas expansivas contra los hombres, mujeres y niños indefensos. Los campesinos intentaron huir y esconderse en sitios cercanos. La mayoría corrió hacia abajo de la ladera y se refugió en un pequeño arroyo que nace en ese lugar; otros más se escondieron en la maleza cercana, mientras que el resto escapó por la cañada.
Cuenta un testigo: ''Comenzaron los disparos, las balas se veían como agua. Fuimos a escondernos más abajito. Se veía cómo pasaban los tiros, levantaban la tierra donde pegaban. Todos los niños estaban llorando. Fue cuando nos escucharon los agresores y fueron a donde estábamos. Ahí nos empezaron a disparar por parejo a todos. Mataron a muchos. Yo me salvé porque me escondí en una barranco con mi hermanito''. Otro sobreviviente recuerda: ''Era una lluvia de balas espantosa''.
Según testigos, el camión del ayuntamiento de Chenalhó fue enviado por el presidente municipal priísta Jacinto Arias Cruz a recoger a parte de los agresores y trasladarlos a Acteal. Otro vehículo con paramilitares salió de Los Chorros escoltado por la policía estatal. Casi todos vestían de negro o de azul, a la usanza de la policía de Seguridad Publica; algunos llevaban paliacates rojos en la cabeza. Los disparos duraron hasta las seis de la tarde. Es inaudito ųcomentanų que policías y sus jefes permanecieran varias horas a 200 metros del lugar y no intervinieran. Es increíble que ųsegún los autos del expediente 27/98, tomo IIų cuando aún se cometía la matanza, varias dependencias y funcionarios policiacos de los gobiernos estatal y federal tuvieran conocimiento de los hechos y no hicieran nada.
Explicaciones...
Las explicaciones de la PGR sobre lo ocurrido en Acteal han sido muchas. Primero, habló de un conflicto intrafamiliar e intercomunitario como causa de la masacre. Luego, argumentó que la ausencia de las instituciones del Estado y una violenta disputa por el poder político y económico fueron el origen del crimen. Pero la PGR se ha negado sistemáticamente a investigar a fondo la responsabilidad de cuerpos castrenses y policiacos, así como de los funcionarios públicos involucrados. Sólo se ha tocado a personajes menores. De ellos, sólo han sido consignados nueve policías, un general retirado, tres jefes policiacos y un soldado.
El proceso jurídico ha servido para castigar a muchos de los autores materiales del crimen, pero también para eximir a las autoridades estatales y federales, así como a integrantes de las fuerzas armadas, que toleraron o participaron en la formación de grupos paramilitares. Actualmente hay 102 personas detenidas. La responsabilidad gubernamental en la matanza abarca desde el gobierno estatal hasta la Secretaría de Gobernación.
En su testimonio ministerial, Homero Tovilla Cristiani, secretario general del gobierno estatal, afirma que un agente del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional informó al Consejo Estatal de Seguridad Pública, a las 12:30 del 22 de diciembre ųhoras después de comenzada la masacreų que ocurrían disturbios en Chenalhó. No obstante, jamás se averiguó quiénes fueron los agentes del Cisen que proporcionaron la información al funcionario; qué fue lo que reportaron; si Emilio Chuayffet ųentonces titular de Gobernaciónų tuvo conocimiento de lo que sucedía, y si ųa su vezų la SG enteró al presidente Ernesto Zedillo.
Esos miembros del Cisen, de quienes no hay mayores datos en el expediente, también tendrían que ser investigados. En los legajos judiciales hay testimonios que demuestran que funcionarios del gobierno chiapaneco tenían conocimiento, previo al 22 de diciembre, de que en Chenalhó operaban grupos paramilitares. Unos meses antes de la masacre fue constituido el Comité de Seguridad Pública de Chenalhó, en el cual participaban las autoridades municipales priístas, con representantes en las comunidades (incluidos muchos de los paramilitares que perpetraron la matanza), los mandos de Seguridad Pública y los responsables militares del área ųuna verdadera red de inteligencia militarų y el Cisen. Investigar sobre este consejo puede ser clave para revelar el funcionamiento de una política contrainsurgente aplicada en Chiapas y dirigida desde esa instancia por el Ejército Mexicano y por los servicios de inteligencia federales.
Esta estructura coordina a todas las instancias gubernamentales estatales y federales que actúan en Chiapas. Este consejo ųmáximo órgano en la toma de decisiones en el estadoų tiene ramificaciones en todo el territorio chiapaneco. Está integrado por el general al mando de la séptima Región Militar, por el gobernador y su gabinete, por los delegados federales y por los jefes de la policía estatal. ''Hay bastantes indicios que vinculan a las fuerzas armadas con los paramilitares. Lo único que faltaría sería la declaración del presidente Zedillo, las confesiones del general Cervantes Aguirre (Enrique, secretario de la Defensa), del general (Mario) Renán Castillo y del (ex) gobernador Ruiz Ferro. También de quienes compraron las armas, de los que propagaron la política contrainsurgente. Lo único que faltaría en la investigación sobre Acteal sería eso, investigar al gobierno'', ha dicho José Montero, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al ser entrevistado hace unos meses.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó sancionar a 17 funcionarios del gobierno estatal por su responsabilidad en los hechos. Cuatro de ellos han sido consignados y 11 más fueron inhabilitados por 10 años para ocupar algún cargo público, entre ellos el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro. Pero no mencionó a ningún funcionario del gobierno federal, tampoco a elementos del Ejército. La recomendación no ha procedido. Tampoco hay nada del desmantelamiento de los grupos paramilitares del área.
La PGR, lejos de investigar a fondo el crimen de Acteal, ha desviado las investigaciones que involucran al Ejército y a funcionarios. La relación entre militares, policías y funcionarios públicos con los grupos paramilitares, no ha sido investigada. Ahí está la clave para demostrar la existencia de una guerra sucia contra la comunidades indígenas rebeldes, ahí están los elementos para documentar la contrainsurgencia y el paramilitarismo como políticas de seguridad del gobierno y del Estado.
''La PGR ha documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, no organizados, no articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales'', señaló el procurador Jorge Madrazo en el Libro Blanco de Acteal. En contraste con esta afirmación, en los autos del proceso hay testimonios que involucran al menos al capitán del Ejército Mexicano, Germán Parra, quien durante su servicio activo protegió a los civiles armados en Chenalhó. También hay elementos que arrojan dudas sobre el papel del Batallón 38 de Infantería, destacamentado en el cuartel de Rancho Nuevo, el más moderno del sureste.
En la cárcel de Cerro Hueco hay dos militares presos: el soldado Mariano Arias Pérez, acusado de entrenar y vender armas a los paramilitares de Chenalhó, y el general retirado Julio César Santiago Díaz, señalado por su omisión para evitar la matanza. Los relatos de los policías estatales detenidos confirman que las fuerzas de seguridad protegieron, armaron y apoyaron a los paramilitares, incluso transportaron las armas homicidas en vehículos de la policía de Seguridad Pública y participaron en los robos cometidos por los paramilitares.
José Luis Rodríguez Orozco, entonces director de Seguridad Pública, declaró que ''tenía conocimiento de que un miembro del Ejército, el capitán Germán Parra, les devolvió a unos indígenas amigos un cuerno de chivo y un R-15'' (Exp. 27/98 Tomo II. p.770). De los militares involucrados en la matanza, están detenidos el general retirado Julio César Santiago Díaz, el capitán segundo Mariano Arias Pérez (degradado a soldado raso y entregado a la PGR), del batallón 38 de Infantería del Ejército federal destacado en Rancho Nuevo (sede de la 31 Zona Militar) y Pablo Hernández Pérez, un ex militar que entrenó y encabezó al grupo que cometió el crimen.
En sus declaraciones, los dos últimos admiten que sí entrenaron a los priístas de varias comunidades. El soldado Mariano Arias declaró ante el MP: ''Ellos pidieron que yo les enseñara a usar armas; dije que no pero después de tanta insistencia acepté. Me trajeron un rifle 22 y les dije cómo disparar y ya fue todo''. Testigos, cuya versión consta en los expedientes, hablan de cómo Mariano frecuentemente llevaba los cuernos de chivo a los paramilitares de Pechiquil, cómo les enseñaba a armarlos y desarmarlos, cómo disparar, cómo moverse. Todo esto desde meses antes de la matanza.
Oficiales del Ejército y otras autoridades judiciales ųestatales y federalesų solaparon y apoyaron las operaciones de los grupos armados en Chenalhó, autores de la matanza de Acteal, según la versión de un agente del Ministerio Público detenido por la PGR. En su declaración preparatoria rendida ante el juzgado segundo de distrito con sede en Chiapas, el ex agente MP, Roberto Arcos Jiménez, señala que los integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas en Chenalhó, a cargo del Ejército Mexicano, conocían la existencia de grupos civiles que, desde 1997, portaban armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Arcos fue detenido y recluido en Cerro Hueco el 7 de enero de 1998. El ex agente del MP denunció a los oficiales del Ejército y funcionarios estatales que atestiguaron y disimularon la presencia de grupos armados en Chenalhó: el capitán Germán Parra Salgado, oficial del Batallón 38; Eduardo Tamez, oficial de la PGR; Carlos Vidal, elemento de la Judicial del Estado, y el comandante de Seguridad Pública Misael López, todos integrantes de las BOM de Pantelhó.
El declarante participó en los patrullajes en Chenalhó, antes de la matanza: ''En una ocasión de 1997, el convoy de las BOM encontró a un grupo de civiles armados en La Esperanza, comunidad de Chenalhó. Los sorprendidos platicaron con el capitán Parra Salgado. Minutos después, el militar dio la orden de dejar ir a los transgresores de la ley. Le dije al capitán Parra que teníamos que consignar a esas personas; él me respondió en tono amenazante que no reportara nada, que ellos sabían cómo se iba a solucionar ese problema, que me callara o de lo contrario me daría una calentadita o me iba a desaparecer'', reveló el ex funcionario judicial consignado.
Actualmente, Arcos está preso por portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Ť Se investiga al capitán Germán Parra Salgado y a dos de sus subordinados
Insiste el Ejército en negar su participación en Acteal
Ť Según fuentes oficiales, la Procuraduría de Justicia castrense congeló indagatorias sobre involucrados
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de diciembre Ť Fuentes oficiales confirmaron que tres mandos del Ejército Mexicano que brindaron protección y posible entrenamiento a los paramilitares que realizaron la masacre de Acteal fueron trasladados a la región militar de Veracruz, y la investigación del caso remitida a la Procuraduría de Justicia Militar, misma que congeló las indagatorias. Pese a ello, las autoridades federales siguen negando la participación de los militares y altos funcionarios de gobierno en la formación de grupos de civiles armados.
Según ex funcionarios públicos y ex policías actualmente procesados por su participación en la muerte de los 45 indígenas, el capitán Germán Parra Salgado y dos de sus subalternos eran los encargados de la seguridad en Chenalhó cuando sucedió la masacre, además de que ordenaban la protección a los paramilitares.
En el informe elaborado por la PGR sobre las investigaciones y los procesos penales del caso Acteal, actualizados hasta este 22 de diciembre de 1999, se menciona únicamente la detención de 102 personas ųentre civiles y ex funcionarios públicos, además de un soldado raso del Ejércitoų y 30 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía Especial para los Delitos Cometidos en el Caso Chenalhó confirmaron que derivado de diversos señalamientos de los actualmente detenidos, se investiga también al capitán Germán Parra Salgado y a dos de sus subordinados, de los cuales se omitió su nombre.
Al declararse la PGR incompetente para investigar a los militares, en el entendido de que sería la justicia castrense la única instancia calificada para juzgar, y en su caso procesar, a miembros de la Sedena que en activo hayan cometido algún ilícito, los tres integrantes del Ejército Mexicano implicados en el caso Acteal fueron trasladados a la 26 Región Militar con sede en Veracruz, y encargado el caso a la Procuraduría de Justicia Militar.
Las líneas de investigación que señalan a mandos del Ejército Mexicano de ser los promotores, formadores y protectores del grupo paramilitar que perpetró la masacre de Acteal parecen olvidadas.
Algunas de las imputaciones que se les hacen al capitán Germán Parra Salgado y a sus dos subalternos, y que al menos constan en los expedientes penales 3/98, 18/98 1/99, y averiguaciones previas vigentes, son las siguientes: el 15 de febrero pasado, durante una audiencia celebrada en el juzgado segundo de distrito ųacerca del proceso penal que por el caso Acteal se le siguió al ex agente del Ministerio Público Roberto Arcos Jiménezų policías de Seguridad Pública ratificaron sus primeras acusaciones en contra del capitán del Ejército Mexicano.
Conocido entre los policías de Seguridad Pública como el "capitán La Parra", los siete policías que para entonces se encontraban detenidos y sentenciados, más otros dos servidores públicos de esa misma dependencia que permanecen en activo, señalaron al militar y a sus dos subalternos como las personas que dictaban las órdenes para que se protegiera y permitieran las acciones de los grupos paramilitares de Chenalhó; incluso de ser los que directamente les mandaban devolverles las armas que ya habían sido decomisadas.
El policía de Seguridad Pública Luis Antonio García, al fungir como testigo de cargo en contra del ex agente del Ministerio Público, Roberto Arcos Jiménez ųacusado del delito de homicidio por omisiónų explicó en torno a las acciones del capitán Parra Salgado: "Que en octubre de 1997, estando comisionado en la Base de Operaciones Mixtas (BOM), y bajo la dirección del capitán Germán Parra Salgado, el militar ordenó a diversos policías de Seguridad Pública que fueran al poblado Chimix, del municipio de Chenalhó, para verificar si era cierto que se estaban quemando unas casas; al llegar a la comunidad se percató de que estaban unas personas civiles del sexo masculino (indígenas todos ellos) armadas.
"Efectuamos un operativo y logramos detenerlos y decomisar diversas armas, entre ellas cuernos de chivo (...) nos dirigimos a la BOM y entregamos esas armas de fuego y a los detenidos al capitán Parra y después nos retiramos. Ese mismo día (los militares) dejaron en libertad a los detenidos y les entregaron sus armas".
El policía que a la fecha permanece activo añadió que el 18 de octubre de ese mismo año de 1997, durante un recorrido de la base a la comunidad La Esperanza, también de Chenalhó, con el capitán La Parra al mando, "llegamos a una casa color blanco (...) y en su interior encontramos diversas armas de grueso calibre. Por instrucciones del capitán La Parra y del agente del Ministerio Público Roberto Arcos Jiménez devolvimos las armas a las personas que las poseían".
Dichos testimonios se repiten en las declaraciones de los 10 policías detenidos; en tanto que el agente del Ministerio Público adscrito a la BOM en cuestión y al que también señalan los policías como responsable de las acciones antes descritas, declaró que ordenó la protección de los paramilitares y la reposición de sus armas por estar "amenazado de muerte por el Ejército", en particular por Parra Salgado y sus subalternos.
A dos años de la masacre y pese a las evidencias antes mencionadas, la PGR sostiene la hipótesis de que la muerte de los 45 indígenas de Acteal se debió a una venganza de familias organizada por Antonio Vázquez Secum, debido a la muerte de su hermano Agustín. Omite cualquier señalamiento que indique el involucramiento del Ejército en la masacre ųsalvo el soldado raso Mariano Pérez Ruiz, originario de la comunidad Pechiquil y familiar de priístas paramilitares, quien sin autorización de sus mandos entrenaba en el uso de armas a los otros indígenas.
Sólo señala que la muerte de los 45 y los hechos de violencia registrados en Chenalhó durante los días anteriores se debieron a la negligencia de las autoridades estatales encargadas de la procuración de la justicia. El saldo de los "logros" de la dependencia es el siguiente: 102 personas procesadas o sentenciadas. De ellos, 88 son indígenas acusados del delito de homicidio y lesiones calificadas, y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército; 26 ya fueron condenados a 35 años de prisión y 61 están sujetos a proceso.
Durante una de las diligencias que en su contra se siguieron poco antes de que fuera sentenciado a seis años de prisión, Roberto Arcos declaró a su favor que en "uno de los operativos que se realizaron en la comunidad La Esperanza (...) el convoy se detuvo toda vez que los militares que iban al frente encontraron a unas personas con armas. Al ver esta situación le dije al capitán Parra que se consignara (el hecho), y Parra contestó en tono amenazante que no reportara nada, que ellos sabían cómo iban a solucionar estos problemas, y que se callara, si no le iban a dar una calentadita o lo iban a desaparecer".
Sobre el operativo efectuado en la comunidad Chimix, al que hace alusión el policía de Seguridad Pública que lo acusa, Roberto Arcos argumentó que cuando el capitán Parra detuvo a unas personas armadas que se encontraban en la cancha de basquetbol, volvió a solicitar que se consignara el incidente; pero de nueva cuenta el capitán del Ejército lo amenazó y le dijo que no interviniera, "y que como no podía salir de la BOM, no pudo comunicar lo que acontecía, salvo en una ocasión".
Roberto Arcos Jiménez y los policías procesados también acusan de haber ordenado estas acciones a Jorge Gamboa Solís y a José Luis Rodríguez Orozco, ex coordinador y ex director de la Policía de Seguridad Pública, respectivamente, así como a Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Los dos primeros, acusados de homicidio por omisión y el tercero de ejercicio indebido de funciones, se encuentran amparados y prófugos de la justicia, según el reporte de la PGR.
Se encuentran también tres oficiales de la Policía de Seguridad Pública y nueve policías, de los cuales siete alcanzaron su libertad condicional. Están igualmente el ex agente del Ministerio Público y el ex soldado raso del Ejército mexicano, ambos sentenciados. En total 95 personas continúan detenidas.
Según la dependencia, faltan por ejecutar 28 órdenes de aprehensión en contra de civiles y 2 en contra de ex funcionarios públicos, todos directamente relacionados con el caso Acteal.
Falta también detener a 193 civiles involucrados en hechos violentos cometidos en distintas comunidades de Chenalhó en los meses previos a la masacre. En total, están involucradas 234 personas, algunas de ellas son bases o simpatizantes zapatistas.
Ť Revocadas, por "inconsistentes", penas a acusados
Las líneas de investigación en el caso Acteal se desvanecen
Ť Sin elementos para responsabilizar a Ruiz Ferro: fiscal de la PGR
Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de diciembre Ť A dos años de la masacre, las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la masacre de Acteal se desvanecen al ser revocadas, "por inconsistentes", dos de las sentencias de 35 años de cárcel a 44 de los 88 indígenas acusados de participar en la ejecución de 45 mujeres, niños y hombres en ese poblado del municipio de Chenalhó.
El proceso que se le sigue a los presuntos implicados en la matanza ha tenido un giro sorprendente, desde el momento que el Tribunal Unitario del vigésimo distrito y el Tribunal de Alzada revocaron las sentencias del segundo juzgado de distrito, ordenaron la reposición del procedimiento y consideraron que la PGR no presentó las armas y los uniformes usados el día de los hechos.
La sorpresiva resolución de los tribunales asestó un fuerte golpe a las investigaciones de la PGR, y provocó que la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas exigiera la destitución del fiscal especial del caso Acteal, Efrén Pola, por considerar que su actuación viola los procedimientos penales, y sus investigaciones judiciales han provocado "terror" en las comunidades.
El 19 de noviembre pasado, la resolución 539/99 del Tribunal Unitario del vigésimo circuito con residencia en Tuxtla revocó el fallo del juzgado segundo de distrito, que condenaba a 24 años de prisión a 24 indígenas acusados por la PGR de participar en la masacre. 21 días después, el Tribunal de Alzada emitió una nueva solución en el mismo sentido.
Se espera que en los próximos días, el mismo tribunal dé una nueva resolución igual a las anteriores, pues según abogados defensores de los indígenas procesados, las sentencias presentan inconsistencia, al parecer por irregularidades en la integración de los expedientes contra el grupo de indígenas acusados de haber ejecutado la masacre de Acteal.
Numerosas irregularidades
En un análisis que hace la principal defensa de la mayoría de los indígenas procesados, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas asegura que el proceso está plagado de "irregularidades" procedimentales, incluso "se han violado garantías individuales" señaladas en la Constitución mexicana.
La organizción de iglesiad que preside Arturo Farela Gutiérrez enumeró ocho de las principales irregularidades en el caso Acteal, entre las que se encuentra la falta de defensor o persona de confianza en la consignación de los 88 indígenas, y aseguró que "en actuaciones ministeriales consta que en diferentes diligencias no se otorgó el derecho de contar con abogado defensor o persona de confianza".
Destacó que no se asignó peritos traductores en sus respectivas lenguas naturales; se consignó a indígenas menores de edad, omitiendo los exámenes psicofísicos para determinar situación jurídica; se consignó a personas homónimas sin previas investigaciones sobre la verdadera identidad de los presuntos responsables y se realizaron confrontaciones mediante un álbum de fotografías.
Uno de los principales errores en la instrucción judicial, según la propia confraternidad, fue la presentación de testigos de cargo con argumentos no contemplados en la legislación procesal penal federal, con informes falsos ante las mismas autoridades judiciales, lo cual dejó en indefensión a los procesados.
Para la iglesia evangélica no existe otra salida inmediata que la renuncia del fiscal especial, al que calificó como "un fracaso" dado que sus investigaciones están llenas de irregularidades.
Ningún funcionario ha sido detenido y condenado.
La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), Patricia Marina, destacó en entrevista que las investigaciones de la PGR no han tocado a ninguno de los funcionarios implicados en la masacre, incluyendo el ex gobernador interino Julio César Ruiz Ferro.
Señaló que las investigaciones pendientes son las de las responsabilidades penales de los servidores públicos que no tomaron las debidas precauciones para evitar la consumación de los hechos.
Marina recordó que los funcionarios públicos que deberían ser sancionados son el ex gobernador de Chiapas y hoy agregado comercial de la embajada de México en Estados Unidos, Julio César Ruiz Ferro; el secretario general, Homero Tovilla Cristiani; el subsecretario general de Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez, y el ex secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar.
Marina indicó que otros dos funcionarios se encuentran prófugos y aún no han sido detenidos: el ex director de la Policía de Seguridad Pública del estado José Luis Rodríguez Orozco y el ex coordinador de Seguridad Pública estatal, general retirado Jorge Gamboa Solís.
"El fiscal especial de la PGR para los delitos cometidos en Chenalhó nos ha mencionado que no ha encontrado elementos que acrediten las responsabilidades penales del ex gobernador Ruiz Ferro y demás funcionarios, esto es grave", aseguró Marina.
Destacó también que a pesar de la militarización del municipio de Chenalhó, el Ejército Mexicano no aseguró las armas que fueron utilizadas en la masacre, y que tienen varios grupos en la región, pero además tampoco han parado la ola de amenazas de muerte en contra de miembros de la sociedad civil Las Abejas.
Ť Aumentan patrullajes, manifiestan Las Abejas
Crece la vigilancia del Ejército Mexicano sobre Acteal y Polhó
Ť En alerta, las tropas en ambos poblados chiapanecos
Juan Balboa, corresponsal, Chenalhó, Chis., 21 de diciembre Ť Por tierra y aire, el Ejército Mexicano realiza a partir de hoy una vigilancia estricta en el poblado de Acteal, donde mañana se conmemorará el segundo aniversario de la matanza de 45 indígenas, y alrededor de la cabecera del municipio autónomo zapatista de Polhó, que cambiará su directiva rebelde en un acto masivo a realizarse el mismo día.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aumentó el número de sus efectivos en campamentos cercanos a ambos poblados y, por la importancia y situación estratégica de éstos, puso en alerta a sus tropas en Majomut, Questic, Chimix, Las Limas, Yabteclum y las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó.
Acteal amaneció vigilada por tierra y aire. Un convoy con nueve tanquetas patrulló la carretera principal de la zona ųla cual une Chenalhó con Pantelhóų y un helicóptero realizó constantes sobrevuelos, confirmaron miembros de la organización Las Abejas.
"Muy tempranito empezó a volar bajo un helicóptero que dio varias vueltas alrededor de Acteal, los sobrevuelos fueron constantes y alarmaron a los pobladores. Pero el miedo llegó cuando vimos que un convoy con tanquetas estuvo patrullando la carretera que queda frente a nuestro pueblo", aseguraron.
Por carretera
La carretera que comunica a Polhó y Acteal con San Cristóbal de las Casas está siendo patrullada constantemente por elementos del Ejército. Nuevos retenes intermitentes aparecieron y, los permanentes (en las cabeceras de Chenalhó, Las Limas y Majomut), fueron más estrictos en la revisión de personas y vehículos.
Este jueves se cumplen también dos años de que el Ejército implementó en los Altos de Chiapas la operación Chenalhó, que tenía como objetivo fundamental la militarización del municipio y los alrededores, en donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles que rezaban en la iglesia de Acteal.
Argumentando que se había incrementado la violencia después de la matanza, Sedena envió al lugar ųal principio en forma provisional y, posteriormente, permanenteų a unos 5 mil militares, de por lo menos tres batallones, y consolidó una red de 22 campamentos castrenses en los municipios alteños de Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán y Tenejapa.
En 15 días ųdel 22 de diciembre de 1997 al 6 de enero de 1998ų, Chenalhó se convirtió en el segundo municipio con mayor número de campamentos y efectivos castrenses, después de que en dicha geografía no había existido uno solo de los primeros.
En uno de los cerros más altos del municipio ųdonde se encuentra asentada la comunidad priísta de Majomut, a tan sólo un kilómetro de la cabecera del municipio rebelde de Polhóų se instaló en diciembre de 1997 uno de los principales mandos castrenses de los Altos de Chiapas.
Antes, el lugar había sido ocupado por la Policía de Seguridad Pública del Estado; ahora continúa siendo el centro de las operaciones militares en cinco municipios ųChenalhó, Pantelhó, Mitontic, Tenejapa, Chalchihuitán y San Juan Cancucų en donde existe presencia de simpatizantes y milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el croquis de la operación citada, en la mitad de los campamentos castrenses que existen en Chenalhó hay presencia de la Policía Militar Antimotines, cuyos miembros están pertrechados con escudos eléctricos, espinilleras, gases lacrimógenos y caretas de acrílico.
Siempre de acuerdo con ese croquis, los principales asentamientos militares se mantienen en Majomut, Pechiquil, Questic, Canolal, Chimish, Yabteclum, Las Limas, Los Chorros Poconichin, Tzanembolon y la cabecera municipal de Chenalhó.
El avance militar en el último año se ha dado con mayor rapidez en la zona tzotzil de los Altos, pues abarcó municipios en donde no había existido presencia de la Sedena desde la aparición del EZLN en 1994.
La matanza de Acteal no ha detenido el avance del Ejército sobre territorio habitado por simpatizantes zapatistas. Después de Acteal, la Sedena afianzó su presencia al instalar unos 30 nuevos campamentos en los Altos, la Selva y el norte de Chiapas.
Por otra parte, los militares instalaron nuevos retenes en la región de la Sierra Madre de Chiapas, en donde presuntamente existen grupos afines al Ejército Popular Revolucionario (EPR), confirmaron legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Según el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD ante el Congreso local, Noé Rodas Vázquez, la Sedena estableció nuevos retenes en Bellavista, Chicomuselo y Bejucal de Ocampo, en la región de la Sierra Madre de Chiapas, ubicada entre las ciudades de Comitán y Tapachula.
Agregó que en los últimos días el Ejército trasladó a dicha región tropas y vehículos artillados y se posesionó de nuevos enclaves. En la Selva Lacandona y el norte de Chiapas los patrullajes se incrementaron en previsión de acciones violentas de grupos armados, principalmente del EZLN y el EPR.
Los militares, abundó, reforzaron posiciones en sitios claves del territorio zapatista como Guadalupe Tepeyac, Río Euseba, San Quintín, Rizo de Oro, entre otros.