Ť Garantizará mejores condiciones a discapacitados, maltratados y adictos


Aprueban ley que protege derechos de niñas y niños

Raúl Llanos Samaniego Ť De manera unánime, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que define la obligación que tienen las autoridades capitalinas y las organizaciones sociales en la definición de políticas y acciones tendientes a garantizar mejores condiciones de vida a los menores en general, y fundamentalmente a los adictos, en situación de calle, discapacitados, con VIH-sida y golpeados.

El nuevo marco legal fue avalado por los 57 diputados de PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, presentes en la sesión ordinaria, la cual se caracterizó por la numerosa cantidad de niños que fueron convocados al recinto de Donceles y Allende y que permanecieron en las tribunas hasta que fue aprobado el proyecto.

Al dar lectura en tribuna a la exposición de motivos de dicha ley, Angélica Luna Parra dijo: "En nuestros días se considera que ser niño o niña es un privilegio, y sin embargo es el grupo social de más alta vulnerabilidad".

Precisó que 19 por ciento de los menores de esta ciudad sufren desnutrición severa; 48 mil de ellos enfrentan alguna discapacidad y no están integrados al sistema educativo, y 14 mil 300 infantes realizan actividades de sobrevivencia en la calle.

Por ello, dijo, "es necesario que el DF defina, a través de un nuevo ordenamiento, su compromiso con las niñas, niños y adolescentes, ratificando su obligación de cumplir y respetar los derechos de los menores y definiendo las funciones, atribuciones y la obligación de generar una política integral pública que lleve a que esta ciudad se convierta en un ambiente de seguridad y oportunidades para ese sector de la población".

Armando Salinas, del PAN, expresó que en la ciudad de México "parte de nuestra niñez se mueve en un círculo vicioso de pobreza y desnutrición, evidenciando así la falta de acciones a su favor en ámbitos prioritarios, como son la alimentación y la salud, por dar un ejemplo (...) y mientras existan niñas y niños sin educación, sin acceso pleno a la salud, explotados o sin la seguridad de que hoy se llevarán un pan a la boca sin contratiempos, no podemos decir que existen leyes justas, humanas y ante todo eficaces; no podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión".

En su oportunidad, David Sánchez Camacho, del PRD, precisó que la aprobación de esa ley no será suficiente para resolver todos los graves problemas que enfrentan muchos niños, pero es un buen inicio.

Asimismo, pidió a la SEP y a la Secretaría de Desarrollo Social del DF que incluyan en los libros de texto gratuito del próximo año los derechos de las niñas y niños, "para que ellos los conozcan y comiencen a ejercerlos".

Por lo que hace al contenido de dicha ley aprobada ayer, se establece la creación de dos figuras primordiales: el Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños, y los hogares provisionales; se incluyen apartados especiales dedicados a menores con problemas de adicción, discapacidad, en situación de calle y trabajadores.

La misma ley indica que el DIF en esta capital deberá fomentar y promover la estabilidad y el bienestar familiar; proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a menores, progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su cuidado.

Por la vía conciliatoria, esa dependencia tendrá la posibilidad de promover la solución a la problemática familiar cuando se cometan delitos incluidos en el Código Penal o previstos en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

El Consejo Promotor deberá, entre otras acciones, impulsar programas en beneficio de los infantes, así como mecanismos e instrumentos, mediante los cuales se puedan conseguir aportaciones y donaciones de personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas de carácter local, nacional o internacional.

De igual manera, la ley precisa que en las acciones que se promuevan a favor de los niños y niñas de esta capital tendrá que haber una coordinación entre todas las instancias del gobierno capitalino y de las organizaciones sociales para que tengan una mayor efectividad.