ACTEAL: UNA HERIDA AUN ABIERTA

A dos años de la matanza de Acteal, crimen de lesa humanidad que ya se registra en los anales de la historia entre los hechos más vergonzantes, las autoridades federal y estatal le deben aún a la sociedad mexicana y al mundo una investigación exhaustiva de los hechos que conduzca a la consignación de los autores intelectuales y materiales del asesinato de 45 hombres, mujeres y niños en esa comunidad chiapaneca. A pesar del juicio que se le sigue a más de cien personas acusadas de participar en la masacre y de las sentencias condenatorias a otras 55, todas indígenas, aún no es posible asegurar que ha habido una efectiva aplicación e impartición de justicia. Basta recordar que aun cuando existen fehacientes testimonios sobre la participación de bandas paramilitares en la matanza, en complicidad con elementos de Seguridad Pública del estado, las autoridades se niegan a reconocer la existencia de los primeros, y varios de los entonces responsables de las corporaciones policiacas y funcionarios del gobierno estatal están prófugos o gozan de amparos contra cualquier acción legal.

Luego de los primeros intentos de diluir la atrocidad cometida en Acteal contra personas indefensas mediante la explicación del crimen como consecuencia de una disputa intercomunitaria, ahora se intenta responsabilizar de la autoría intelectual y material de la matanza a indígenas vecinos de Chenalhó o de los poblados cercanos.

El artero crimen ocurrido, además, en el corazón de la zona más militarizada del país debió obligar un cambio significativo en la percepción gubernamental del conflicto en Chiapas, activar a las instituciones encargadas de impartir justicia e inducir, consecuentemente, una pronta solución del mismo, a fin de frenar la descomposición social y la escalada de violencia en esa entidad. En cambio, a dos años de distancia, el deterioro del tejido social se ha agudizado, las comunidades indígenas siguen padeciendo de marginación y discriminación, persiste la falta de una estrategia del gobierno para reanudar el diálogo ųinclusive el tema ha estado ausente del informe presidencial por dos años consecutivosų y, aún peor, está latente el riesgo de otro Acteal, según denuncias de observadores nacionales e internacionales y de ombudsman en la zona.

Por su parte, el gobernador interino Roberto Albores, lejos de contribuir a la distensión, todo este tiempo ha mantenido una actitud belicista y se ha empeñado en enturbiar el ambiente con declaraciones y acciones que podrían derivar en una nueva matanza.

En tanto siga imperando la impunidad, la inacción del gobierno federal, que refleja una falta de voluntad para resolver el conflicto, y no se desarticulen las agrupaciones de paramilitares, estará pendiente la deuda con las víctimas y los deudos de Acteal que, al igual que la matanza de Aguas Blancas, son una vergüenza nacional.