Ť Los opositores "mantienen al sistema bancario como su rehén político"
Acusa Hacienda de "intransigencia" a legisladores
Antonio Castellanos Ť La Secretaría de Hacienda estableció anoche en un comunicado que, "desafortunadamente, la intransigencia de la oposición llevó las negociaciones a un límite tal, que se cuestiona la capacidad de las instituciones políticas mexicanas para llegar a acuerdos básicos". Condicionar los recursos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es mantener al sistema bancario como rehén de asuntos políticos, señaló.
Después que durante el primer periodo extraordinario de la Cámara de Diputados no se pudo acordar un Presupuesto de Egresos, las autoridades hacendarias hicieron un llamado respetuoso a que "los actores políticos abandonen su intransigencia, y muestren la apertura necesaria para que el país tenga un presupuesto de consenso" para el año 2000.
El documento señala que ante los resultados de la votaciones en la Cámara de Diputados, "quedó claro que el mandato de la representación popular era lograr un presupuesto de consenso. El Ejecutivo federal se dio a la tarea de buscarlo, planteando opciones que buscaban acercar las posiciones mantenidas hasta ahora".
No recibimos respuesta a nuestros planteamientos, recalca el comunicado. No hubo, cuando menos durante el día de hoy, decisiones sustantivas por falta de interlocutores de la oposición. Por eso será necesario un nuevo periodo extraordinario.
Expuso que es necesaria una actitud de flexibilidad, pues condicionar los recursos al IPAB tendría un impacto negativo en la deuda de ese instituto. Aumentaría el costo financiero, y debe reconocerse que el presupuesto no debe estar sujeto a un intento de "mercadeo político en cuestiones que son fundamentales para la economía".
En un texto divulgado por la noche, la Secretaría de Hacienda manifestó que el condicionamiento político de las transferencias fiscales a favor del IPAB, no sólo es ilegal a todas luces, puesto que el decreto del presupuesto no puede contravenir lo que señala la ley del IPAB, sino que, además, incrementaría notablemente el costo financiero de la deuda pública, con lo que se restarían recursos importantes a favor de los programas sociales.
En ningún momento, agrega la dependencia, "la discusión en torno del presupuesto puede plantearse en términos de 'quién quiere gastar más y quién quiere gastar menos'. Todos quisiéramos gastar más. La discusión es: gastar con responsabilidad o gastar con criterios electorales. De nueva cuenta, la sociedad exige un manejo responsable de la economía, ajeno a fines políticos particulares", aduce.
De acuerdo con la información divulgada por la dependencia, el Ejecutivo sometió a consideración del Legislativo el presupuesto con mayor contenido social de la historia. Los 491 mil millones de pesos de gasto social para el próximo año serían el máximo de nuestra historia desde cualquier ángulo: per cápita, como porcentaje del gasto público total, del tamaño de la economía o en volumen de recursos.
El Ejecutivo ha mostrado plena disposición para mejorar su propuesta, de manera tal que se han incorporado prácticamente todos los criterios de orden cualitativo en el gasto público, y en materia cuantitativa se ha llegado a satisfacer casi la totalidad de los recursos adicionales propuestos por los partidos políticos.
Agrega que en los últimos cuatro cambios de gobierno los mexicanos han atestiguado qué sucede cuando el presupuesto se maneja con criterios políticos. Eso es precisamente lo que desea hacer la oposición: manejar con criterios políticos los recursos para el pago del costo del rescate bancario.
Ť Una nueva mayoría, otra posible opción, señala el vocero de Hacienda
Busca el gobierno acuerdo de consenso para el presupuesto
Antonio Castellanos Ť El gobierno federal trabaja sobre diversas propuestas para buscar un acuerdo sobre el presupuesto: que sea de consenso, pero de no lograrlo, optará de nueva cuenta por la ''construcción de una nueva mayoría'', que permita aprobar el gasto público para el 2000.
Dentro de las negociaciones que se han tensado, la Secretaría de Hacienda consideró inaceptable e ilegal reducir o condicionar los recursos fiscales para el IPAB, porque se violaría la ley. Dentro de este proceso de negociaciones no se descarta el ''veto presupuestal'', consagrado en el artículo 72 de la Constitución, como último recurso.
El vocero de las autoridades hacendarias, Marco Provencio, informó que ya hay algunas discusiones. Las de carácter cualitativo son las que han detenido la discusión pero, reconoció, hay una plena disposición y una voluntad clara por parte del titular del Ejecutivo para poder encontrar, de ser posible, un acuerdo que merezca el consenso.
Manifestó también que la situación que se vive en el Congreso de la Unión es inédita. No se había visto, dijo, que un proyecto de presupuesto que traía aparentemente la aprobación de la oposición, y el proyecto del PRI, en una segunda votación fueran rechazados.
Por lo tanto, dijo, trabajamos sobre distintas propuestas. La intención de la Secretaría de Hacienda es buscar un acuerdo que permita el consenso de todos los partidos políticos y, en ese sentido, poder tener un presupuesto de consenso, de unidad para el año 2000.
Según Provencio, hay disposición. También puntos de vista divergentes por parte de distintos partidos sobre algunos temas muy relevantes. Es aquí donde se dificulta la negociación, pero no lo vemos como sinónimo de falta de voluntad o de interés. Lo vemos como expresión de una inquietud en la mayoría de los casos válida, pero que debemos encontrar vías de solución.
Por lo que concierne al gasto social del presupuesto que envió el Ejecutivo federal, recordó que es el de ''mayor contenido social en toda nuestra historia''. Ascendería a 490 mil millones de pesos, y lo que se discute ''es si podemos incrementar en 11 mil millones o hasta en 16 mil millones''.
El funcionario indicó que la propuesta de la oposición para restringir la transferencia de una partida a otra, dejaría al gobierno con poca flexibilidad de operar a lo largo del año, y eso no es deseable ni en México ni en ninguna parte del mundo.
Tampoco, subrayó, es aceptable la intención de un condicionamiento político extralegal para que el IPAB cumpla con ciertos requisitos para recibir una parte de sus transferencias fiscales. La Ley del IPAB, en su artículo 47, habla de que el Congreso de la Unión proveerá al instituto de los recursos que requiera para hacer frente a sus obligaciones. No hacerlo, contravendría la ley que aprobaron los propios diputados, finalizó.