Juan Moreno Pérez
Presupuesto 2000: la casta burocrática
En el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2000 existen partidas por cuando menos 4 mil 239 millones de pesos destinadas a los sueldos y prebendas de que gozan los mil 475 altos funcionarios del gobierno federal. Este pequeño grupo tiene acceso a todo tipo de privilegios, los cuales son negados a la inmensa mayoría de la población. Por la forma en que los funcionarios importantes obtienen sus beneficios, pueden considerarse una auténtica casta, la casta burocrática.
La nómina presupuestada para esos funcionarios asciende a 2 mil 24 millones de pesos, lo que significa un ingreso mensual bruto promedio de 114 mil 362 pesos. En esa lista se incluye el presidente Ernesto Zedillo, 18 funcionarios con plaza de secretario de Estado, 94 con nivel de subsecretario, 82 jefes de unidad, 234 directores generales y mil 46 directores generales adjuntos. Además, en el renglón de ''presiones por incremento salarial'' se incluyen otros 250 millones de pesos para los aumentos que se darán en el próximo año.
En adición a sus muy elevadas percepciones, los miembros de esta casta tienen acceso a todo tipo de prebendas, como pago de comidas en los restaurantes más caros, pago de gasolina para ellos y muchas veces para sus familiares, hospedaje en hoteles de lujo, viajes en primera clase, arrendamiento de vehículos e inmuebles no indispensables, y asesorías con despachos de personas algunas veces relacionada con ellos, con cotizaciones frecuentemente infladas. Cualquiera que haya trabajado en el sector público conoce la existencia de estas prebendas, cuya magnitud es muy difícil de cuantificar, ya que se disimulan dentro de partidas que sí son realmente indispensables.
Durante las últimas semanas, los asesores de la fracción parlamentaria del PRD, auxiliados de manera generosa, entusiasta y altamente refrescante por decenas de jóvenes del Comité Democrático Universitario, realizamos un examen exhaustivo del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para su revisión y aprobación por la Cámara de Diputados. Durante dicha labor, nos vimos obligados a procesar un volumen de información mucho mayor al que contenía el presupuesto del año pasado. La razón fue que el Ejecutivo presentó desgloses que no se habían incluido en presupuestos anteriores.
Ese hecho representó una carga de trabajo muy elevada, pero permitió identificar con mayor precisión la verdadera orientación de muchas partidas presupuestales y también facilitó la ubicación de muchos gastos superfluos e injustificados. Entre estos gastos destacó la estimación de las conocidas prebendas de que gozan los altos funcionarios.
La identificación de estas prebendas fue posible mediante la separación de los gastos incluidos en los siguientes conceptos presupuestales: 2 mil 200 Alimentos y Utensilios; 2 mil 600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos; 3 mil 200 Servicios de Arrendamiento; 3 mil 300 Servicios de Asesoría, y 3 mil 700 Servicios de Traslado e Instalación. En los cinco conceptos se hizo una distinción entre los gastos asociados a programas y objetivos prioritarios, y los destinados a privilegios de los altos funcionarios. La estimación de las prebendas incluidas en el proyecto de presupuesto ascendió a mil 965 millones de pesos.
En un intento de llevar adelante un diálogo verdaderamente republicano, los legisladores del PRD hicieron llegar la citada estimación al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. El objetivo era discutir la posible reducción o eliminación de esos gastos injustificados, para liberar recursos y destinarlos a partidas realmente prioritarias, como educación, apoyos al campo y desarrollo social, tan descuidados en el proyecto enviado por el Ejecutivo.
El subsecretario de Egresos respondió el 13 de diciembre, mediante una prolija carta donde trató de sorprender a los legisladores, con un estilo propio de otras épocas, ajeno a las realidades de una sociedad verdaderamente democrática. En dicha carta, el funcionario intentó hacer creer que las partidas identificadas corresponden en realidad a gastos prioritarios. Sus afirmaciones se basaron en la creencia de que los legisladores no conocían las definiciones del nuevo clasificador de partidas, prudentemente escondido en las oficinas de la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, ese clasificador fue entregado por manos anónimas a los legisladores del PRD, quienes respondieron de manera enérgica el 15 de diciembre, mediante un desplegado de prensa titulado ''La Secretaria de Hacienda miente''. Con el desplegado, se dio también a conocer el documento Modificaciones a la Información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2000, fechado el 23 de octubre de 1999, y que incluye las definiciones de partidas que permitieron identificar las destinadas a las prebendas de los altos funcionarios.
Cada integrante de la casta burocrática le cuesta en promedio al pueblo mexicano 2 millones 863 mil 232 pesos anuales. Con el gasto anual que se utiliza para mantener los elevados ingresos y prebendas de este pequeño grupo alcanzaría para dar empleo a 364 mil 151 trabajadores de salario mínimo durante todo un año. Este elevado gasto se podría justificar de alguna manera si se tratara de un grupo eficiente, con capacidad para resolver los muchos problemas que aquejan a nuestro país. Pero, así como al árbol se le conoce por sus frutos, los resultados de la gestión de esta casta no parecen justificar el gasto que realiza el pueblo mexicano.