Ť Riesgo de que no signifique la riqueza esperada
El Canal podría agravar la desigualdad regional en Panamá
Ť Se esperan beneficios mayores a los 400 mdd para el 2002
Ť Los proyectos en la zona han creado 6 mil 500 empleos, a la fecha
Fernando Martínez, corresponsal, Panamá, 22 de diciembre Ť Fue el general Omar Torrijos quien acuñó la frase de que a los bienes y tierras transferidos en cumplimiento de los tratados del Canal se les daría "el mayor uso colectivo posible". A él también pertenece la declaración de que el objetivo de la lucha de los panameños por la soberanía de la vía interoceánica no era "cambiar amo blanco por amo chocolate", o cambiar los letreros de no trepassing de las alambradas que separaban a los panameños de la Zona del Canal, por los de "no pase, propiedad privada".
Ahora, a más de 20 años de la firma de esos tratados por el propio Torrijos con el entonces presidente estadunidense Jimmy Carter, por los cuales el Canal pasará a total control panameño el próximo 31 de diciembre, los dirigentes de las 53 organizaciones que integran el Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía (Monadeso), advierten en su último comunicado que "los sectores neoliberales quieren apropiarse de la vía acuática y de la posición geográfica del país.... desconociendo las luchas populares de un siglo por un Canal panameño".
Según un estudio del sociólogo Marco Gandásegui, el objetivo fijado por Torrijos en la fase inicial de la aplicación de los Tratados de 1977 se transformó radicalmente, imponiéndose, como consecuencia directa de la invasión estadunidense del 20 de diciembre de 1989, una nueva concepción, que puso en segundo plano el rol de la nación panameña.
En su trabajo sobre "La transferencia del Canal de Panamá", Gandásegui identifica tres momentos, el inicial definido por Torrijos, el que siguió a su muerte (1980), durante el cual la prioridad estaba dirigida al control militar de la zona de tránsito, y el actual, para el cual "el mercado es la herramienta fundamental para la asignación de los recursos".
Esta concepción, también denominada de "corporativización", entrega los beneficios del Canal y la llamada Región Interoceánica a una clase empresarial ligada históricamente a los sectores políticos dominantes del país.
Pero para el Administrador General de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), el ex presidente de la república y ex vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barleta, el aprovechamiento de las áreas revertidas traerá "progreso y trabajo" para los panameños.
La ARI es una entidad de rango constitucional (al igual que la Autoridad del Canal Interoceánico) encargada de administrar las 147 mil hectáreas de tierra y aguas lacustres y fluviales, las instalaciones en ellas establecidas, valoradas en 1996 por la firma panameña INDESA (sin incluir el Canal), en unos 4 mil 600 millones de dólares.
El más reciente informe presentado por la ARI sostiene que en la región interoceánica se han puesto en marcha proyectos económicos que han representado la creación de 6 mil 500 empleos.
Añade que otros 80 proyectos representarían en los próximos cinco años una inversión de aproximadamente mil 500 millones de dólares, principalmente en las áreas de turismo, comercio y servicios, que deberán generar unos 10 mil puestos de trabajo, superando así para el 2003 la cifra de 15 mil puestos que se perdieron tras el desmantelamiento de las bases militares estadunidenses.
Con base en ello, se espera que en el 2002 los beneficios económicos de las áreas revertidas superen los 400 millones de dólares anuales que ingresaban a la economía por la presencia militar de Estados Unidos.
Desde el inicio del "calendario de reversión" el 1o. de octubre de 1979, se han privatizado los puertos terminales (Balboa y Cristóbal pasaron al control de la empresa de Hong Kong Hutchinson-Wampoa), se han construido cinco nuevos puertos, todos a cargo de empresas multinacionales como Evergrenn, y el ferrocarril interoceánico fue entregado en concesión a la Kansas City Railroad.
Inversiones privadas
En tanto, se construyen cinco grandes hoteles, uno de ellos del grupo español Sol Meliá, y una marina para cruceros en Amador, mientras la valiosa base aérea de Howard será convertida en un "Centro multimodal de las Américas" de industria, comercio y servicios, alterno al de Miami, y ya cinco consorcios han expresado su interés por obtener esa concesión.
Y en concepto de concesiones y alquileres el Estado recibe unos 70 millones de dólares anuales, y bienes por un valor de 584 millones de dólares han sido transferidos a instituciones oficiales, incluidas más de 25 mil hectáreas de terreno.
Sin embargo, pese a todos estos recursos que llegan a manos panameñas al final del siglo, el economista José Torres Abrego advierte que siguiendo con un esquema de uso basado en el mercado, la recuperación del Canal puede no significar la riqueza que los casi 3 millones de panameños esperan.
El reto ahora, según el analista, es insertar a Panamá en la economía mundial y a la vez cambiar el modelo de desarrollo, basándolo en una verdadera nacionalización del Canal, pues de lo contrario se agravarán los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales, y las áreas revertidas terminarían convirtiéndose en un imán que atrae a la población pobre del interior del país a las ciudades terminales de la región interoceánica.
Para Abrego, esto es especialmente importante en un país con una economía abierta, basada en comercio y servicios, en la que se importa cuatro veces más de lo que se exporta y que tiene un balance de rentas negativo, resultado de un sistema en el que impera libremente el dólar, en el que el flujo de capital no tiene ningún control, lo que significa que todas o la mayoría de las utilidades salen del país, lo que antes del proceso de transferencia se cubría con los ingresos que por el pago de servicios generaba la presencia estadunidense.
El propio Jimmy Carter había destacado, durante la ceremonia simbólica de transferencia del pasado día 14, que la administración estadunidense del Canal era lo más parecido a un país socialista porque todo era controlado por un Estado, y elogió entonces que los panameños hubieran impuesto un sistema de libre mercado para el desarrollo de la vía interoceánica. Pero ahí precisamente está el nuevo desafío para muchos de los analistas locales: el no dejar que el sueño de soberanía se transforme en una pesadilla que genere pobreza para el país istmeño.