Ť Chivos expiatorios, quienes están en la cárcel

Ruiz Ferro no es ajeno al caso Acteal, sostiene Pablo Salazar

Ť Es vergonzoso que la PGR exonere al ex gobernador, afirma

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de diciembre Ť Nadie en Chiapas puede aceptar que el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro sea inocente de lo que ocurrió en Acteal, y que la PGR lo haya exonerado de cualquier responsabilidad, valoraron los legisladores estatales de oposición y el senador independiente Pablo Salazar Mendiguchía, quie- nes a dos años de la masacre de los 45 indígenas exigieron la ampliación de las investigaciones, "porque da la impresión de que los que están en la cárcel son sólo chivos expiatorios".

El ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y actual candidato a la gubernatura de la Alianza Estatal de Oposición, dijo categórico que "Acteal es una herida abierta, y a ningún chiapaneco ha satisfecho la investigación al respecto".

Al hacer referencia al informe de dos años de investigación de la PGR, en el cual se señala que en relación con el caso Acteal no se encontró responsabilidad penal alguna a los ex funcionarios del gobierno del estado, incluidos el ex mandatario Julio César Ruiz Ferro, y diversos secretarios y subsecretarios de gobierno que fueron inhabilitados temporalmente para ocupar cargos públicos, Salazar Mendiguchía consideró que actualmente "tenemos más preguntas que respuestas.

"No deja de ser vergonzoso para la justicia local y federal que se exonere a un gobernador que cometió un acto de negligencia criminal, y todavía sea premiado con un cargo diplomático en el extranjero. Nadie medianamente cuerdo en Chiapas puede aceptar la versión de que Julio César Ruiz Ferro es inocente de lo que ocurrió en Acteal; lo que hay aquí es un ejercicio de impunidad", subrayó.

El senador independiente enfatizó que Ruiz Ferro propició la ausencia de las instituciones en la zona de Chenalhó, "y quién sabe si no también alguna de la violencia generada, y que culminó en la masacre patrocinada y auspiciada desde su gobierno".

En Chiapas, añadió, "hay sed de justicia, y si eso implica que Ruiz Ferro deba dar cuenta, que venga, porque da la impresión que los que están en la cárcel son chivos expiatorios".

Por su parte, los coordinadores de las fracciones parlamentarias de PAN, PRD y PT compartieron la aseveración anterior, por lo que solicitaron a los organismos humanitarios internacionales, en particular a la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que retome el caso, a fin de esclarecer la verdadera participación de las autoridades federales y estatales en la masacre de Acteal, y en la formación del grupo paramilitar que la llevó a cabo.

José Juan Ulloa Pérez, Juan Carlos Cal y Mayor Franco y Hugo Robledo Gordillo, diputados representantes de PRD, PAN y PT, respectivamente, pidieron abrir nuevamente las investigaciones en torno a la participación de los ex funcionarios de gobierno.

"El caso Acteal ųindicaronų sigue como la llaga abierta de Chiapas, porque tras las rejas sólo están policías de nivel medio y campesinos indígenas, algunos inocentes; en tanto que los autores intelectuales de los hechos permanecen prófugos e incluso algunos sólo fueron inhabilitados para ocupar puestos públicos".

En tanto, el procurador de Justicia local Eduardo Montoya Liévano informó que al ser remitidas a su competencia la aplicación de las órdenes de aprehensión giradas en contra del ex coordinador y el ex director de los cuerpos policiacos del estado, Jorge Gamboa Solís y José Luis Rodríguez Orozco, incrementaron las acciones y operativos de búsqueda para su localización y detención.

Sin embargo, mencionó que estos ex funcionarios y otras diez personas involucradas en el caso Acteal, así como las 193 con orden de aprehensión giradas por delitos cometidos antes de la masacre, están pendientes de ser consignadas ante la autoridad judicial, debido a que algunas se encuentran prófugas de la justicia y, en otros casos, particularmente el de los indígenas, su detención implicaría violentar nuevamente la zona de Chenalhó.