Ť La partida por esos conceptos sería reasignada a programas sociales
Plantea el G-4 no dar gastos, autos ni gasolina a funcionarios y diputados
Ť El documento de la oposición será presentado el próximo 28 de diciembre en San Lázaro
Ť Considera ajustes en los egresos de Hacienda, Agricultura, Comercio, Comunicaciones y Energía
David Aponte y Ciro Pérez Silva Ť El próximo año, los funcionarios del gobierno federal y los miembros del Poder Legislativo ya no tendrán automóviles nuevos, vales de gasolina ni otros gastos personales. La partida por esos conceptos, calculada en unos mil millones de pesos, será reasignada a los rubros del gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2000, de acuerdo con el proyecto elaborado por el bloque PAN-PRD-PT-PVEM.
En adelante, los altos mandos de la administración y los legisladores deberán pagar cualquier gasto relacionado con el cambio de vehículos y su gasolina ųantes a cargo de los ciudadanosų, según el documento de la oposición que será presentado el 28 de diciembre en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados.
Al inicio de la semana, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Pablo Gómez Alvarez, dijo que el proyecto de presupuesto del denominado G-4 tiene ''una modificación importante en el uso de los recursos públicos de la nación. De tal forma que la República no es para hacer fortuna por vías como la jubilación (temprana) ni la obtención de bonos. En el 2000, los altos funcionarios federales van a pagar su gasolina y tendrán que comprar sus automóviles. También los de la Cámara de Diputados'', explicó.
Los recortes al gasto de los funcionarios tendrán que darse en el próximo año, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de dictamen de la oposición.
Recortes a varias dependencias
Las dependencias del gobierno federal ''deberán reducir los gastos no prioritarios a fin de generar economías y ahorros por mil 332 millones de pesos antes de otorgar los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño a los servidores públicos'', indica el dictamen del G-4.
Adicionalmente, el proyecto considera recortes por 2 mil 780 millones de pesos en el gasto programable relacionado con la difusión de los compromisos del gobierno federal, la administración de recursos humanos, materiales y financieros, y la capacitación de servidores públicos.
Por otra parte, y en forma específica, el documento elaborado por los partidos opositores propone ajustes en diversas dependencias del gobierno federal: la Secretaría de Hacienda, por más de 251 millones de pesos en los gastos en servicios generales, materiales y suministros del Sistema de Administración Tributaria; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por más de 98 millones de pesos en su gasto para las delegaciones federales; Comercio, en más de 77 millones de pesos en el mismo rubro que Agricultura; Comunicaciones y Transportes, por más de 227 millones en las transferencias del Servicio Postal Mexicano, y Energía, por más de 306 millones de pesos, por transferencias a Luz y Fuerza del Centro.
''Estos ajustes, en adición a los propuestos para los poderes Judicial y Legislativo, a las transferencias al IPAB (en al menos 2 mil 500 millones de pesos), permiten una reducción del gasto. La reducción sumada a los ingresos adicionales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación permitirá balancear el gasto neto total, de tal forma que se obtenga un déficit público de uno por ciento (en el año 2000)'', precisa.
El presupuesto del G-4 considera una reasignación en el gasto social por 15 mil 500 millones de pesos en aspectos relacionados con apoyo al campo, vivienda, jubilaciones, educación básica y superior, y un fondo de fortalecimiento a las entidades federativas. El proyecto elaborado por el PRI tiene las mismas características por 9 mil 500 millones de pesos. Ambas propuestas serán sometidas a la votación del pleno el próximo periodo extraordinario, que comienza el 28 de diciembre.
Como una forma de evitar el uso discrecional de los recursos destinados al combate a la pobreza, el proyecto de PAN-PRD-PT-PVEM contiene 11 candados ''para hacer transparente el ejercicio del gasto público''.
Entre las disposiciones, los llamados candados obligan al gobierno federal a hacer públicas las reglas de operación, calendarios, padrones de beneficiarios y distribución por entidad, municipio y localidad de los diversos programas sociales. En la misma línea, ordena a la autoridad federal que rinda informes trimestrales a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de este presupuesto
Algunas de las disposiciones están orientadas a que el gobierno federal ofrezca información detallada del uso de los ingresos excedentes, a que las autoridades no hagan recortes a los programas sociales prioritarios ''en caso de ingresos menores a los programados'', y a que no haya un uso electoral en el gasto destinado al combate a la pobreza.
El gasto neto del presupuesto para el año 2000, redactado por el G-4, importa la cantidad de 1 billón 195 mil 313 millones 400 mil pesos ''y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación'', señala el documento de los partidos de oposición.