CHIAPAS: SEIS AÑOS

El próximo sábado 1o. de enero se cumplirán seis años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acontecimiento que, sin lugar a dudas, ha dejado una profunda huella en la conciencia nacional e influido de manera determinante en la historia reciente del país. Muchas son las lecciones que el alzamiento indígena en Chiapas ha dado a la sociedad mexicana a lo largo de estos años, pero también son numerosos y acuciantes los diversos asuntos que integran la agenda pendiente del conflicto chiapaneco.

En primer lugar, debe señalarse que el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno federal constituye una de las principales causas ųacaso la más significativa en términos políticosų del empantanamiento del proceso de paz en Chiapas y del agravamiento de las tensiones y la violencia en amplias regiones de esa entidad del sur de la República. La firma de los acuerdos y la formulación, a partir de ellos, de la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas por parte de la Cocopa representaron la más importante y esperanzadora oportunidad para alcanzar una paz justa y digna y para atender los justos reclamos de los pueblos indígenas del país. Por ello, en tanto el gobierno federal no cumpla con los compromisos suscritos en San Andrés, casi nada podrá avanzarse en el camino hacia una solución pacífica del conflicto chiapaneco.

Por otra parte, aunque el Ejecutivo federal realizó a lo largo de 1999 diversos llamados al diálogo, muy poco es lo que, en los hechos, ha emprendido para propiciar las condiciones necesarias para el restablecimiento del proceso de paz. La presencia de miles de efectivos castrenses en Chiapas ha dislocado severamente la vida de las comunidades indígenas, e introducido indeseables factores de tensión y desasosiego. Sin embargo, nada se ha hecho en materia de distensión militar, pese a que ésta constituye una medida indispensable para el reinicio del diálogo y para el restablecimiento del muy lastimado tejido social chiapaneco. Muy poco, también, es lo que las autoridades, tanto federales como locales, han hecho para desarticular y castigar conforme a derecho a los integrantes e instigadores de los grupos delictivos paramilitares que operan en Chiapas con la tolerancia e, incluso, el apoyo de instancias del poder público.

En este contexto, basta señalar que a más de dos años de la masacre de Acteal, los autores intelectuales de este aberrante crimen permanecen impunes. Por añadidura, las continuas violaciones de los derechos humanos en Chiapas son, como han confirmado incontables organismos nacionales e internacionales, otra circunstancia alarmante que el gobierno federal no ha afrontado con la vehemencia y decisión que le corresponde.

Finalmente, no debe olvidarse que el propio gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, se ha convertido en un peligroso factor de desestabilización y enfrentamiento. Los sucesos acontecidos a lo largo de este año en Amador Hernández, para poner un ejemplo, son una muestra de que el actual mandatario chiapaneco no sólo no contribuye a la búsqueda de la paz, sino que es uno de los principales responsables del incremento de la tensión y la violencia en la entidad.

Así las cosas, resulta evidente que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad ųtanto por sus acciones como por sus omisionesų en el estancamiento del proceso de paz en Chiapas y atender con prontitud los numerosos asuntos pendientes en la agenda chiapaneca. Prolongar aún más el conflicto ųmáxime cuando los comicios federales están en puertaų sólo agudizará los conflictos y las tensiones existentes, mantendrá vigentes los riesgos de nuevas atrocidades y violaciones de los derechos humanos en Chiapas y postergará, aún más, la solución de las justas demandas de los pueblos indígenas de México.