Ť Iniciativa en la Cámara de Diputados
Proponen tipificar como delito la desaparición forzada
Ť Sugieren legisladores penas de 20 a 40 años de prisión
David Aponte y Ciro Pérez Silva Ť La Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa de ley para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, con una pena de prisión de 20 a 40 años, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en esta conducta calificada de lesa humanidad.
El castigo podría elevarse entre 5 y 10 años en caso de que las personas desaparecidas sean discapacitadas, menores de 18 años o mayores de 60, mujeres embarazadas, periodistas o defensores de los derechos humanos, señala el documento elaborado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, el perredista Benito Mirón Lince.
El proyecto de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas expone que existe una preocupación permanente entre diversos sectores de la sociedad y organizaciones no gubernamentales por las desapariciones forzadas registradas en todo el territorio nacional.
"Numerosos fueron los casos que la opinión pública conoció en los setenta relativos a desapariciones involuntarias y forzadas y, si bien es cierto que el número de tales casos observó una reducción durante los ochenta, en el umbral del siglo XXI esta deleznable práctica, en forma más o menos encubierta, se sigue utilizando en México.
"Consideramos la desaparición forzada de personas como un acto esencialmente arbitrario que en forma brutal aparta a la víctima del marco jurídico vigente en la sociedad en la que vive, privándola de la protección y garantías elementales. En efecto, todos los avances y logros que ha alcanzado nuestra legislación en materia de derechos humanos y garantías individuales son borrados de un manotazo cuando se comete el artero crimen de la desaparición forzada de personas", advierte.
El documento considera que la víctima del delito es despojada de su dignidad, equilibrio emocional y de las libertades inherentes al ser humano. Por otra parte, la familia del afectado es sujeto pasivo del crimen, debido al hostigamiento que conlleva la búsqueda del desaparecido y las angustias económicas de la abrupta suspensión del ingreso del ausente.
Actualmente, esta violación a los derechos humanos no está considerada como un crimen en el marco jurídico nacional. En ese contexto, el Estado elude la responsabilidad de la pérdida de una vida, "lo que desgraciadamente suele ocurrir con las personas desaparecidas en nuestro país", indica.
Frente a esa situación y ante los compromisos internacionales en la materia asumidos por el gobierno mexicano, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es indispensable tipificar como delito la desaparición forzada, como una manera de erradicar esta práctica considerada de lesa humanidad, explica.
Entre los artículos propuestos para la nueva legislación, especifica que "comete el delito de desaparición forzada de personas cualquier servidor público o cualquier persona o personas o grupo de personas que actúen directamente o mediante orden, con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, que secuestre o prive de su libertad a una o más personas, cualquiera que fuere la forma, seguida de la negativa a informar sobre dicha desaparición y/o el verdadero paradero de la víctima".
El delito de referencia no tendrá prescripción y los funcionarios que entorpezcan las investigaciones o ayuden a eludir la acción de la justicia serán acreedores a una sanción de 8 a 12 años de prisión, menciona.
La iniciativa de ley considera también la reparación del daño causado a las víctimas y sus familiares y el otorgamiento de una pensión alimenticia provisional desde el inicio del procedimiento judicial.
Adicionalmente, "la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conjuntamente, llevarán el registro público nacional de denuncias de desapariciones forzadas de personas, de fallecidos y localizados con vida, víctimas de ese delito", agrega.
El documento está en proceso de análisis en la Cámara de Diputados, a nivel de comisiones.