Ť Se niega a cumplir recomendaciones: Centro Pro

El gobierno, en entredicho ante foros de derechos humanos

Ť Como nunca es objeto de un escrutinio escrupuloso, afirma

Triunfo Elizalde /I Ť En 1999, el gobierno mexicano quedó en "entredicho" ante foros internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, a pesar de haber aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de dotar de autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las visitas de la relatora especial sobre Ejecuciones, y de la titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ambas de la ONU; de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y de la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Asienta lo anterior, en un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en México, y su repercusión en el ámbito externo.

Sin embargo, dice, a pesar de lo anterior, el gobierno "se ha negado sistemáticamente a cumplir las recomendaciones hechas por los diferentes mecanismos de derechos humanos, tanto de la ONU como de la OEA" dando pie a que "México esté en la mira internacional y como nunca antes sea objeto de un escrupuloso escrutinio, tanto de organismos intergubernamentales como de ONG internacionales y

de diferentes miembros de la comunidad externa".

Hace notar que a casi un año de que las autoridades federales dieran a conocer el Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, "la situación en México, reconocida por diferentes mecanismos intergubernamentales externos, continúa siendo grave", ya que persisten las ejecuciones y desapariciones, la tortura y las detenciones arbitrarias, la impunidad, la frecuente violación de las garantías al debido proceso, la falta de independencia del Poder Judicial, la corrupción de los organismos de procuración de justicia, los efectos negativos de las recientes reformas penales que restringen aún más las garantías individuales, el aumento de la militarización de las corporaciones policiacas y de las zonas indígenas del país, "especialmente Chiapas"; la persistencia de la actuación de los grupos paramilitares y su impunidad, y los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, lo cual es motivo de gran preocupación.

En la práctica, apunta la citada ONG jesuita, las reformas que se han llevado a cabo, no han logrado disminuir los graves problemas de derechos humanos en nuestro país. Además de la insistencia del gobierno mexicano en negar dichos problemas, lo cual sirve de base a propios y extraños sobre la verdadera voluntad de aquél para resolverlos, actitud que "parecería indicar que en parte, se han tomado las medidas mencionadas como una forma de mejorar la imagen gubernamental y evitar el escrutinio internacional".

Organismos intergubernamentales

En el análisis entregado a La Jornada, se recuerda que durante la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, compuesta por 53 estados elegidos por un periodo de tres años, México fue uno de los países que tuvo mayores intervenciones (en contra) "por parte de las ONG internacionales que manifestaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en nuestro país".

Por su parte, la Unión Europea se pronunció en el mismo sentido. Reveló que "de manera continua monitorea de cerca el desarrollo de la situación en México, y habló sobre la impunidad y violaciones serias a los derechos humanos, como la tortura, desapariciones y ejecuciones, falta de independencia del Poder Judicial y discriminación". Ante los señalamientos, la delegación gubernamental mexicana afirmó que "los informes que presentan los relatores especiales tienden a parcializar las situaciones y a presentar panoramas incompletos sobre algunos países, aduciendo la falta de recursos".

A la vez, el foro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ųencargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, revisó el informe del gobierno mexicano y emitió sus observaciones y conclusiones, subrayando su preocupación "por la situación de los derechos humanos en México con relación a la práctica de la tortura, la impunidad de que gozan los perpetradores de graves violaciones a derechos fundamentales como la tortura, las ejecuciones y desapariciones; la falta de procedimientos institucionalizados para investigar las violaciones cometidas por militares y por las fuerzas de seguridad; la inoperancia del sistema judicial.

Asimismo, se mencionaron la participación de militares en tareas civiles; el efecto combinado que resulta de aplicar la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley sobre Delincuencia Organizada, así como de la ampliación del concepto de "flagrancia", que implica una amenaza seria a la seguridad de las personas"; el que no se pueda contar con un abogado antes de la declaración ministerial; la aplicación de restricciones a las garantías constitucionales en las zonas de conflicto sin que se haya proclamado un estado de emergencia (por ejemplo la existencia de retenes); la obstaculización de la libre circulación de extranjeros, sobre todo de miembros de ONG, entre otras.

La SRE no reconoce la problemática

Por una vez más, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se negó a reconocer los problemas de derechos humanos que existen en México, minimizando las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos, dando a entender que a sus puntos de vista "les faltó información". Por lo que el Centro Pro Juárez dice que "sería muy bueno que el gobierno informara a la sociedad de un solo caso donde hayan sido sancionados servidores públicos en el caso de desapariciones frecuentes en el país en los últimos años" y agrega: "La desaparición forzada ni siquiera ha sido tipificada como delito en México".