TSJDF: BUENAS NUEVAS

En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) ocurrieron ayer dos acontecimientos positivos que deben ser subrayados.

El primero fue la elección del magistrado Juan Luis González Alcántara como nuevo presidente del organismo, en lo que constituyó una derrota de los intentos gubernamentales por llevar a ese cargo a Juan Lara Domínguez, quien resultaba un candidato doblemente indeseable: por su pasado como secretario de Gobierno de Chiapas en los tiempos de Patrocinio González Garrido ųun Ejecutivo estatal de mala memoria, caracterizado por la injusticia y el desgobiernoų, y por la indebida y poco disimulada promoción que se le brindó desde dependencias como la Presidencia de la República y las secretarías de Gobernación y Turismo.

La decisión de los magistrados que integran el TSJDF de elegir a su nuevo presidente en una votación secreta, y la derrota de Lara Domínguez frente a González Alcántara ųun hombre con un currículum judicial mucho más adecuadoų constituye un importante paso en la consolidación de la autonomía del Poder Judicial capitalino ante el Ejecutivo ųen este caso, el federal, toda vez que el gobierno local no sólo se abstuvo de intervenir en el proceso, sino que denunció en su momento las presiones a favor de Lara ejercidas desde el gobierno del paísų y en la democratización efectiva del más alto tribunal del DF.

Otro dato relevante que debe ser saludado es la decisión del presidente saliente del TSJDF, Jorge Rodríguez y Rodríguez, de donar a personas necesitadas que laboran en la dependencia el bono especial de más de 700 mil pesos que le fue concedido ųde manera indebidaų al término de su gestión. Independientemente de las razones ųconvicción personal o presión de la opinión públicaų que llevaron a Rodríguez y Rodríguez a tomar esa determinación, el hecho es que el citado bono, sin ser propiamente ilegal, constituyó una afrenta para los trabajadores de base del Poder Judicial capitalino y, en general, para una población mayoritariamente golpeada por la política económica oficial. Adicionalmente, la ofensiva retribución contrastaba con los esfuerzos de austeridad del Gobierno del DF, cuyos mandos superiores renunciaron a todo incremento salarial desde el año antepasado.

Finalmente, resulta significativa la reiterada reacción de los priístas ante compensaciones a altos funcionarios que, como en el caso de las jubilaciones en Nafinsa de José Angel Gurría y Oscar Espinosa Villarreal, resultan insultantes para la sociedad; como lo hizo ayer el asambleísta Eduardo Escobedo, del PRI, ante tales circunstancias los voceros del tricolor no se dan por enterados de la inmoralidad de tales recompensas, sino que se limitan a defender la presunta legalidad de éstas. Cabe preguntarse qué destino puede tener, con tales correligionarios, la prédica del candidato priísta a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, quien instó ayer a sus compañeros de partido a "encabezar el cambio en favor de la honradez y de la transparencia".