Ť Buscan el control de agua, biodiversidad y crudo
Disputan grupos empresariales recursos de la selva Lacandona
Ť Chiapas, interesante campo experimental en biogenética: BM
Matilde Pérez U. /II y última Ť En la selva Lacandona se gesta una nueva disputa. Grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros buscan controlar y ser los propietarios del agua, la biodiversidad y el petróleo. El Banco Mundial (BM) y organizaciones ecologistas internacionales confir- man: "Chiapas es un interesante campo experimental para empresarios interesados en biogenética y en las investigaciones sobre la biodiversidad".
Y el gobierno mexicano allana su camino: saca a las comunidades indígenas de la reserva de la biosfera de Montes Azules porque la "ponen en peligro" y, una vez más, como hace más de 30 años, los convierte en los "exiliados de su propia tierra". Afirma que sólo se trata de un problema social; niega la existencia de un forcejeo en el que se entretejen intereses políticos, económicos, sociales y biológicos.
Andrés Barreda Marín, en su tesis de doctorado Atlas geoeconómico y geopolítico del estado de Chiapas, desmenuza los intereses ocultos de fuertes grupos empresariales vinculados con capitales extranjeros y de ONG ambientalistas, como Conservation International, Nature Conservancy y Fundación Paseo Pantera. "No es casual la presencia de esas fundaciones y organizaciones ambientalistas internacionales, pues están vinculadas a las empresas trasnacionales que desarrollan la biogenética".
Tampoco es improvisada la constitución del llamado Fondo Chiapas ųen donde participan Roberto Alcántara, de Bancrecer; Enrique Molina Sobrino, del Grupo Escorpión; Jorge Ballesteros Franco, presidente del Grupo Mexicano de Desarrollo, y Roberto González Barrera, de Masecaų, ni la activa presencia de la Fundación Produce o del Grupo Moderna-Pulsar, de Alfonso Romo; ni el resurgimiento del interés de los consejos empresariales Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI) y de Inversión y Desarrollo del Sureste por la construcción de ocho hidroeléctricas en las grandes cuencas que hay en esa región.
Todos están interesados en esos nuevos espacios potencialmente explotables y para los cuales requieren del agua, la biodiversidad y el petróleo, menciona.
En 1996, una década después que la CFE habló de la posibilidad de construir diez hidroeléctricas en el río Usumacinta y sus afluentes, los empresarios de la CEMAI revivieron la propuesta, pero ahora bajo su responsabilidad. En 1998, durante una de sus giras a Chiapas, el presidente Ernesto Zedillo se refirió a la "planeación regional para la conservación y desarrollo sustentable de la gran cuenca del río Usumacinta", agrega el investigador. Y es que en el paraíso selvático se registra una abundante lluvia que escurre con gran fuerza por las pendientes de las Cañadas, que puede ser utilizada para esas hidroeléctricas.
"Después de años de producción, depredación, exploración e investigación científica, los grandes inversionistas reconocen que las numerosas cadenas montañosas de la selva Lacandona son el punto estratégico donde se encuentran grandes brotes biológicos del subcontinente norteamericano", y es uno de los sitios que, por la abundancia de agua, es idóneo para el nuevo patrón técnico de producción: el de la biogenética y de las plantaciones forestales comerciales.
El Fondo Chiapas, que nació con un capital de 2.3 millones de pesos, está compuesto por: Grupo Escorpión y Pepsico, Grupo Modelo, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Minsa, Grupo Maseca, Serfin, Bital y Bancrecer, así como doce empresarios chiapanecos; hace algunos meses recibió 5 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional para América Latina y el Caribe, y sus fondos suman ya 7.8 millones de dólares. Ellos son los inversionistas de Plantaciones de Hule de Palenque, de Promotora Marañón (productora de nuez de la India), que tiene una capacidad de mil 500 toneladas anuales, de la primera granja de camarones del estado y de Propalma.
En su cartera de proyectos están, entre otros, la construcción de un hotel en Palenque; una planta de aglomerado de madera; impulsar plantaciones de bambú ųesto a cargo de Pulsarų, y dar créditos a artesanos y comerciantes.
En 1996 se constituyó Fundación Produce, la cual ha ejercido un presupuesto de 8 millones de pesos en 64 proyectos, entre ellos la producción de semillas de maíz "genéticamente mejoradas y resistentes a suelos ácidos", que es el tipo que predomina en la selva Lacandona.
Ese desarrollo impulsado por esos empresarios ųadvierte Barreda Marínų es un gran peligro para la supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas asentadas en la selva Lacandona.
Sin programa de manejo, la reserva más antigua del país
A 22 años del decreto de la reserva de la biosfera Montes Azules, ésta aún carece de un plan de manejo, documento en el que el gobierno ųen previo consenso con la población de la región, presuntamenteų establece los procedimientos de explotación de los recursos naturales, los límites de los crecimientos agroindustriales o industriales, urbanos y turísticos.
La actual estrategia de la Semarnap para la Lacandona ųalbergue de las áreas naturales protegidas de Montes Azules, Lacantún, Chankín, Yaxchilán, Bonampak, Palenque, Nahá y Metzabokų establece que impulsará nueve programas: intensificación y reconversión productiva; desarrollo forestal; comercialización y financiamiento; regularización agraria; desarrollo social; desarrollo urbano; conservación ecológica y del patrimonio cultural; investigación y capacitación técnica, y el de planeación y del desarrollo sustentable.
En el rubro desarrollo forestal apunta que dará prioridad al "manejo sustentable" de masas forestales y fauna silvestres; aprovechamiento diversificado de especies no maderables; fomentará plantaciones comerciales forestales, y el establecimiento de plantaciones de especies utilizadas por la población como leña. Y destaca que en 1998 los incendios forestales dañaron 10 mil 800 hectáreas de Montes Azules.
Turismo ecológico y cultural; protección, inspección y vigilancia del patrimonio natural y cultural; prevención del combate de incendios y educación cultural, son los aspectos que se prevén dentro del programa de conservación ecológica. Sin embargo, aún no da a conocer los planes de manejo para cada una de las reservas que están dentro de la Lacandona.
Sin embargo, los indígenas de los once poblados de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática siguen preguntando: "ƑCuántos años más faltan para que nuestros sufrimientos ya no continúen, para que el gobierno no nos expulse de las tierras que prometió y responda a nuestras demandas de justicia, democracia y libertad?"
Las familias de esos poblados que están asentados en la reserva de Montes Azules no son ajenas a la problemática, y por eso exigen al gobierno federal tierra y financiamiento para la producción y comercialización. Pero también le recuerdan que han hecho un uso racional de sus recursos naturales ante la evidente degradación de su medio y de su único patrimonio.
Mencionan que la interminable espiral de declive de su ya precario nivel de vida inició en 1989, con la caída dramática del precio internacional del café. Un año después, el gobierno estatal impuso una veda a la apertura de nuevas áreas de cultivo, y restringió los usos forestal y ganadero; en 1992, el manejo discrecional del crédito, de las dotaciones de insumos agrícolas y de los servicios modificó su forma de vida. Con el cambio al artículo 27 constitucional y el decreto presidencial del fin del reparto agrario, perdieron la esperanza de un mejor futuro.
El gobierno federal, destacan Mario Hernández Pérez y Porfirio Encino Hernández, dirigentes de la ARIC Independiente y Democrática, olvidó que en 1977, año en que decretó como reserva 331 mil 200 hectáreas de Montes Azules, en esa región ya había doce poblados, algunos legalizados y otros en proceso de regularización. Ahora, con convenios agrarios en los que promete, de manera general, compra de tierra y apoyo para proyectos productivos, "pretende sacarnos de la tierra prometida desde más de dos décadas".
Cada uno de los acuerdos ya firmados por los poblados Nuevo Villaflores, Taniperla (segunda ampliación), Nueva Argentina (primera ampliación), Sol Paraíso y Dr. Manuel Velasco Suárez (viejo) constan de once cláusulas. Entre ellas están: el poblado que acepta el convenio es el responsable de la búsqueda, negociación y propuesta de los predios a adquirir, pero la superficie no deberá rebasar los 4 mil pesos por hectárea; los campesinos aceptan el deslinde de las tierras que ocupan para que la dirección de la reserva de Montes Azules ponga la señalización respectiva para impedir la extensión de nuevos cultivos y contener el acceso o usufructo por otros grupos.
En su carátula, los acuerdos también destacan que con la reubicación de los poblados "se pretende frenar el deterioro de los ecosistemas asociados a los cuerpos lagunares de la reserva; la conservación de diversas especies amenazadas o en peligro de extinción, y proteger la cuenca superficial de captación de agua y, principalmente, no permitir cambios en el uso del suelo".
Un problema de seguridad nacional
Académicos del Instituto Nacional de Ecología advierten: el futuro de la selva Lacandona, y por ende de la reserva de la biosfera Montes Azules, depende de la voluntad política del gobierno; éste responde con convenios que protegen los intereses agrarios de los lacandones, pero que no cubren las demandas de los otros grupos de indígenas.
Organismos internacionales, como el Banco Mundial, manifiestan su preocupación por el desequilibrio ecológico en la región, y porque las acciones estatales y federales carecen de planes de manejo y una adecuada orientación a los productores indígenas y no indígenas.
Académicos, indígenas y organismos internacionales, desde su tribuna, concluyen: el gobierno debe sentarse a la mesa a negociar con todos los actores involucrados, para buscar soluciones reales a la pérdida de la selva, problema en el que se entretejen intereses políticos, económicos, sociales, biológicos y hasta asuntos internacionales.
Rodrigo Medellín, investigador del Instituto Nacional de Ecología, y Gerardo Ceballos González, jefe del laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados de dicho instituto, señalaron a la revista Desarrollo sustentable ųórgano de difusión de la Semarnapų que la pérdida de la selva es "tan severa, que no darle la solución correcta, que involucre el esfuerzo de todos, en pocos años se convertirá en un problema de seguridad nacional".
Medellín agregó que en la selva Lacandona ųlugar de historias trágicas de hombres y naturaleza, y cuna del EZLNų se puede demostrar que el desarrollo socioeconómico puede ir acompañado de la conservación de la biodiversidad, si ambos están sustentados en una información científica sólida.
Desde mediados del siglo pasado, la Lacandona ha sido foco de un gran movimiento comercial y social: fue asentamiento de compañías madereras extranjeras; hace 20 años se convirtió en el destino para regular el crecimiento poblacional; en los primeros años de los ochenta se erigió en el refugio de más de 80 mil indígenas guatemaltecos que huían de los kaibiles; en ese mismo periodo Pemex inició la explotación atropellada de los yacimiento petrolíferos descubiertos en su subsuelo.
Hoy, en los albores de un nuevo milenio, es objeto de estudio para conservar y manejar los recursos naturales que aún le quedan.
Desde hace varios años, esa región ųabundó Rodrigo Medellínų ha estado presente en la escena internacional; ahora, toca a la sociedad apelar al gobierno para que establezca mesas de trabajo bien estructuradas y programadas, y obligarlo a que mantenga las puertas abiertas para escuchar y negociar opciones para la recuperación y cuidado de una de las zonas más importantes del país.
Y la propuesta del investigador de la UNAM para salvaguardar ese reducto de selva tropical traspasa los límites nacionales. Sugirió que los tres países involucrados en la región maya ųMéxico, Guatemala y Beliceų cedan parcialmente sus intereses a favor de la recuperación de la Lacandona, o bien establezcan una red de regiones o de áreas naturales protegidas conectada por corredores sólidamente manejados y mantenidos o, en el mejor de los casos, una sola área protegida compartida por los tres países, sin que ello implique ceder territorio o soberanía.
Ceballos González reiteró que sin una vinculación seria entre gobierno y sociedad, todas las medidas para conservar y utilizar los recursos naturales de modo sostenido serán limitadas. Este problema, advirtió, "no es algo de ciencia ficción", se está llegando ya al nivel crítico de perder para siempre la enorme riqueza de Montes Azules y la Lacandona, y al riesgo de "problemas sociales, políticos y económicos de tal magnitud que se pueda perder la integridad del país".