Ť Es un paso contra la impunidad: Centro Pro
Recomendaciones a México, signo alentador en favor de los derechos
Ť Advierte de la militarización en Chiapas, Guerrero y Oaxaca
Triunfo Elizalde /III y último Ť El hecho de que organismos del exterior --oficiales y civiles-- emitan informes y recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano "es un signo alentador que hace evidente la preocupación de la comunidad internacional por la protección y respeto a los derechos humanos en México, además de un paso importante en la lucha contra la impunidad", considera el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Sin embargo, todo indica que "no parece haber voluntad más que declarativa por parte del gobierno para cumplir efectivamente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pese a los compromisos adquiridos al firmar diversos convenios y pactos internacionales sobre la materia", dice al apuntar que el acuerdo de asistencia técnica entre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno mexicano, podría ser un primer paso en sentido positivo".
En la evaluación y conclusiones que de la actividad externa e interna a favor de los derechos humanos se realizó en 1999, el Pro Juárez, luego de mencionar lo hecho por el Subcomité de Promoción y Protección de Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos dependientes de la ONU; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y de la actitud asumida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual, en el que señala que las fuerzas armadas y de seguridad pública en México "continúan cometiendo serios abusos y violaciones de derechos humanos", hace referencia al trabajo de las ONG internacionales.
Menciona a Human Rights Watch, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, de Francia; Amnistía Internacional, Comisión Internacional de Juristas; Sociedad Interamericana de Prensa; Organizaciones Canadienses; Lawyers, y a la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Internacionales. En términos generales apunta que dichas ONG "han estado pendientes y han realizado numerosas visitas e informes sobre la situación de los derechos humanos en México". Informes que han servido de base para la actuación de instituciones intergubernamentales externas de la ONU.
En el caso de las ONG mexicanas, el Pro Juárez refiere que su trabajo en 1999 estuvo concentrado en señalar la preocupación y el peligro que implica para la paz, no sólo en Chiapas, sino a nivel nacional, la militarización cada vez mayor de esa entidad y de otras regiones del país, como Guerrero y Oaxaca, por lo que "ante la grave situación en que se encuentran los derechos humanos en México", propone:
La remoción de los militares de las tareas civiles; la creación de un sistema judicial independiente en el cual se respete rigurosamente la presunción de inocencia de los detenidos y que incluya el establecimiento de una carrera profesional para los jueces, que les brinde la inamovilidad y elimine los nombramientos políticos; la creación de cuerpos policiacos profesionales, que operen sin impunidad y que tengan una real capacidad de investigación; asegurar la defensa adecuada para las personas de escasos recursos, aumentando el número de defensores de oficio, así como mejorando su preparación e ingresos.
También considera que deben modificarse los requisitos para la observación internacional, a fin de no crear obstáculos en el trabajo de los defensores de derechos humanos; la investigación, desarme y castigo de los grupos paramilitares que operan en el país, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la matanza de Acteal; la salida del Ejército de las comunidades en Chiapas, cumpliendo con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y creando las condiciones de distensión que permitan la reanudación del diálogo; el cumplimiento por parte del gobierno federal de los Acuerdos de San Andrés, aceptando la ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Igualmente, la ONG jesuita propone atender las recomendaciones emitidas por los diferentes organismos de derechos humanos de la ONU y la OEA, así como la homologación de la legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y la ratificación, por parte de México, de los instrumentos internacionales que reconocen la competencia de los organismos internacionales para examinar casos particulares de violación a las garantías, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, también de la ONU, así como la invitación al relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.