Ť Falsedad en declaración, el cargo en contra de Castellanos Coutiño
Acusan penalmente al presidente del TCA
Ť Habría incumplido con los tiempos de ley para presentar su declaración patrimonial
Ricardo Olayo Ť Por falsedad en declaración, Horacio Castellanos Coutiño, quien el lunes pasado todavía se desempeñaba como presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue acusado penalmente por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dependencia que consignó el expediente ante un juez que otorgó una orden de aprehensión en su contra.
Los elementos recabados por la procuraduría indican que el magistrado incumplió con los tiempos de ley para presentar la declaración de bienes patrimoniales, y que al tratar de argumentar en su favor ofreció información falsa sobre dicho trámite.
En el curso de la investigación, realizada desde septiembre pasado, se detectó que el magistrado percibe dos salarios, uno como profesor universitario y otro como presidente del Tribunal.
En diferentes ocasiones a lo largo de 18 meses en que ha estado en duda su actuación, Castellanos ha sido buscado por este diario para hacerle una entrevista, que no ha aceptado.
De acuerdo con informes provenientes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el magistrado se encuentra "refugiado" hasta que se confirme la solicitud de amparo que hizo a la justicia federal, luego que la semana pasada se enteró por fuentes judiciales que había sido consignado el expediente en su contra.
Según un comunicado emitido ayer por el TCA, ya no es titular de ese órgano, pues lo sustituyó Victoria Eugenia Quiroz, y por ese movimiento Castellanos retornó a su magistratura dentro de la misma Sala Superior.
Sin embargo, el escueto comunicado no da detalles del proceso de elección, y tampoco se refiere a las impugnaciones diversas realizadas por el Gobierno del DF a los magistrados Castellanos y Jaime Araiza.
Se indica que Quiroz destacó la actuación de la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, y la declaración que ha hecho de hacer respetar la ley.
Precisamente, el conflicto en el TCA se inscribió ayer, de acuerdo con fuentes consultadas en el GDF, en el contexto de las pugnas de poder que emprendió el gobierno federal en órganos de administración de justicia locales, cuyo episodio reciente es el del Tribunal Superior de Justicia del DF, donde fracasaron los intentos de llevar a la presidencia a Juan Lara Domínguez, quien ha ocupado diversos cargos priístas.
Se indicó que algunas resoluciones han sido injustificadamente contrarias al gobierno de la ciudad, lo que se considera resultado de la influencia que tienen los magistrados Castellanos y Araiza en la Sala Superior, de la cual son integrantes
Ambos tienen disputa con el GDF desde que no fueron ratificados en su cargo por decisión del ex jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, pero se ampararon, argumentando que no se les notificó la determinación y se dejaron pasar los plazos de ley para nombrar sustitutos.
Desde agosto de 1998 tienen juicios de amparo interpuestos para continuar en el cargo, y así han logrado despachar en sus oficinas.
La consignación penal hecha por la Procuraduría de Justicia se suma el expediente administrativo que tiene abierto la Contraloría General del Distrito Federal en contra de Castellanos, por presentar fuera del plazo de ley su declaración patrimonial y hacer nombramientos cuando aún no asumía el cargo de titular del órgano, entre otros.
Sin embargo, en este caso, el propio tribunal ha considerado en sus resoluciones que no hay elementos suficientes para sancionarlo.
El magistrado se involucró en el tema administrativo cuando trató de presentar argumentos en su favor, pero sólo logró dar elementos a las autoridades de la ciudad para demostrar que no cumplió con los trámites de ley, y pretendió declarar falsamente.
El delito por el que se podría iniciar un juicio en su contra es el de falsedad en declaración con una autoridad diferente a la judicial, pues ha pretendido ocultar el desfase en su declaración patrimonial y el incumplimiento de la ley de servidores públicos.