Ť Cesada junto con su secretaria de acuerdos por amistad con defensores de narcos


Destituyen a juez en La Paz por "conducta irregular"

Jesús Aranda Ť El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó de su cargo a la juez de distrito con sede en La Paz, Baja California Sur, María Esther Rodríguez Juárez, y a su secretaria de acuerdos, por haber incurrido en "conductas irregulares graves e inexcusables" en su función jurisdiccional al sostener ųambasų relaciones de amistad con abogados defensores del narcotraficante Fernando Antonio Gastélum Lara, cuyo proceso estaba en manos de la ex juzgadora.

Con esta decisión, suman tres las destituciones e inhabilitaciones de jueces y magistrados federales en sólo un año. En este contexto, apenas en diciembre pasado el magistrado Agustín Cerón Flores fue suspendido para luego ser investigado por probables irregularidades cometidas en diversas resoluciones de amparo y en algunas de sus declaraciones patrimoniales de 1983 a 1998.

Fuentes del consejo señalaron que hasta el momento no se tiene previsto darle vista al Ministerio Público federal para que actúe en contra de las ex funcionarias, de manera que la sanción quedará como antecedente de un castigo "ejemplar" al interior del Poder Judicial de la Federación.

Rodríguez Juárez y la secretaria de acuerdos Amelia Borrego Dorantes habían sido suspendidas en sus funciones desde el 8 de septiembre de 1998, como parte de una investigación iniciada por el CJF, a partir de una queja administrativa presentada en su contra, la cual concluyó que ambas funcionarias no habían preservado "la dignidad y el profesionalismo propios de la función judicial", además de que denotaron "ineptitud" para desempeñar esa responsabilidad.

De acuerdo con las conclusiones de los consejeros, se demostró que María Esther Rodríguez estaba impedida para conocer de diversos juicios de amparo y causas penales, por sostener una relación de "estrecha amistad" con un litigante a cargo de esos asuntos precisamente.

"Al comprobarse que la funcionaria judicial se exhibió públicamente y en diversas ocasiones, hecho que incluso trascendió a los medios de comunicación, con el litigante de esos asuntos, se establecía que sí había impedimento por parte de la juez Rodríguez Juárez para conocer de los mismos", estableció el consejo.

Llamó la atención también el hecho de que este litigante apareciera como representante legal en 95 juicios de amparo indirectos y 14 causas penales, promovidos en el juzgado de distrito único de La Paz, en el que despachaba la juez.

Como dato adicional que influyó en el ánimo de los consejeros, destaca que dicho abogado es hermano de los representantes legales de Fernando Gastélum Lara, a quien la juez le había abierto un proceso por los delitos relacionados con narcotráfico.

Gastélum Lara, ex director general de la Policía Judicial de Baja California Sur, fue detenido el 20 de febrero en La Paz, con relación al aterrizaje el 5 de noviembre de 1995 de un avión Caravell en el ejido de Melitón Ibáñez en Baja California Sur, que transportaba alrededor de 10 toneladas de cocaína, proveniente de Colombia.

Sin embargo, sobre este punto en particular, los consejeros consideraron que tal y como lo había establecido previamente un Tribunal Unitario, legalmente no había impedimento para que conociera del asunto por esta circunstancia.

Por otro lado, la investigación reveló que, a pesar de que en diversas ocasiones le fueron presentados detenidos a la juez con visibles muestras de tortura, ésta no adoptó en ningún momento las medidas legales conducentes, como tampoco informó de los hechos al Consejo de la Judicatura Federal, lo cual fue considerado como un hecho "que implica una responsabilidad grave".

Lo anterior en virtud de que la juez de distrito "no preservó la dignidad y el profesionalismo propios de la función judicial", al permitir también conductas "abusivas e irrespetuosas" del agente del Ministerio Público federal adscrito a su recinto sin tomar medidas o realizado denuncia alguna.

En cuanto a la secretaria de acuerdos del juzgado, Amelia Borrego Dorantes, el consejo estableció que también sostenía "vínculos amistosos" con otro litigante, lo que según los consejeros "pudo haber influido en su imparcialidad", así como por su "ineptitud" para ejercer el cargo que desempeñaba en la mesa de amparos, "pues carecía de la experiencia necesaria".