Víctor M. Godínez
La filantropía subsidiada

Una nueva forma de la filantropía privada se desarrolla con recursos que provienen del erario público. Personas situadas en la alta jerarquía de las instituciones del Estado, que por diversos motivos reciben ingresos cuya legitimidad es cuestionable, deciden donarlos a organizaciones de carácter no lucrativo o a "personas necesitadas". Según parece, esta práctica la inauguró, de manera discreta, el actual secretario de Turismo, quien asegura donar desde hace años la retribución que recibe mes a mes de su temprana jubilación en Nacional Financiera (Nafin). Un destino similar tiene desde el pasado diciembre la pensión del secretario de Hacienda, que también otorgó Nafin. Ahora fue el turno del antiguo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que al dejar el cargo recibió un sustancioso "bono especial" que incluía hasta el pago de los impuestos correspondientes.

Todo indica que no pueden ser calificados como ilegales ni las pensiones de los secretarios de Estado ni el bono del ex presidente de la judicatura capitalina. De acuerdo con la información conocida y las declaraciones de las autoridades correspondientes, estas prestaciones fueron adjudicadas en el marco de las reglas establecidas para administrar los recursos públicos. Unas reglas --resulta evidente-- que otorgan un amplísimo margen de discrecionalidad a los responsables de su aplicación --entre quienes, acaso por pura coincidencia, suelen encontrarse, precisamente, algunos de los beneficiarios directos de estas prebendas extraordinarias.

La fórmula hallada para acallar la indignación de la opinión pública ante estos hechos es una falsa salida. La solidaridad al pueblo y a las instituciones privadas de acción social que súbitamente han mostrado los políticos es una forma espúrea de la filantropía. No es necesario dudar de la bonhomía de estos últimos --que la deben tener-- para sospechar que, al donar esos ingresos, no los mueven sentimientos de amor o fraternidad a sus semejantes ni un sentido acusado del socorro a los necesitados. Es una forma de aceptar la ilegitimidad de ingresos que son sufragados con dineros de la hacienda pública. Y si bien es cierto que con esta decisión se reducen las presiones y las críticas, el fondo del problema no desaparece. El país no requiere de políticos filántropos, sino de una administración pública honesta y sujeta a verdaderos mecanismos de rendimiento de cuentas.

ƑQuién tomará la iniciativa para hacer realmente transparente la gestión pública y eliminar los muchos huecos legales y operativos que hacen posibles los abusos y las prácticas viciadas e ilegítimas? ƑCómo asegurar que actos como la supuesta financiación del PRI por parte de Banco Unión no sean solapados y queden sin ser esclarecidos plenamente? Ahora que es tiempo de recoger iniciativas y de desarrollar proyectos y programas de gobierno, los candidatos a la Presidencia de la República y los cientos que habrá dentro de poco tiempo en el Congreso federal, podrían proponerse reexaminar las funciones de la Secretaría de la Contraloría. Esta entidad podría convertirse en un órgano estatal completamente autónomo del gobierno con atribuciones de investigación por oficio y posibilidades punitivas reales de los abusos y faltas de la autoridad pública.

Poco ganamos como ciudadanos y contribuyentes con que se reconozca la existencia de diversas formas de deshonestidad en las estructuras de gobierno, como acaba de hacerlo el candidato del PRI a la Presidencia. No minimizo la pertinencia de su llamado contra la corrupción, pero es difícil olvidar que cada vez que este partido y sus representantes enarbolaron la bandera de la "renovación moral", los actos venales y la impunidad salieron fortalecidos. Dado que los candidatos del PRD y del PAN han hecho del combate de la corrupción pública uno de los ejes de sus campañas electorales, cabe una pregunta candorosa: Ƒhay alguna posibilidad de anudar un compromiso entre las principales fuerzas políticas nacionales a favor de la instauración de mecanismos legales e institucionales que sean más eficientes para hacer transparente la vida pública de México? Todos ganaríamos y la filantropía de algunos políticos hasta podría volverse auténtica.