Emilio Pradilla Cobos
2000: avanzar hacia el futuro
En 1997, cuando tomó posesión en el Ejecutivo el gobierno de Cárdenas y en la Asamblea Legislativa la mayoría perredista, el Distrito Federal sufría una grave crisis legada por los gobiernos priístas dependientes del Ejecutivo federal. Se vivían los efectos de la recesión económica de 95: la reducción de la inversión, la pérdida de empleos, la caída continua de los salarios e ingresos, el crecimiento de la informalidad y el empobrecimiento generalizado, incluidos los sectores medios.
La infraestructura y los servicios mostraban un gran deterioro, sobre todo en los sistemas de dotación de agua y drenaje. En el transporte público, dominado por el afuncional sistema de microbuses y taxis piratas, habían fracasado las políticas priístas de privatización de Ruta 100 y sustitución de microbuses por camiones. El gran capital inmobiliario, en contubernio con altos funcionarios, dominaba la construcción de la ciudad, sin controles públicos, afectando los intereses de los habitantes. La contaminación ambiental alcanzaba un máximo histórico, sobre todo en la atmósfera. La delincuencia organizada e incidental crecía, dominaba la calle y los medios de transporte, impulsada por la crisis y la corrupción de los cuerpos policiales y judiciales. La administración pública, atravesada por la pequeña y gran corrupción, estaba cada vez más alejada de los ciudadanos; los funcionarios se enriquecían con el presupuesto y en su prepotencia ni oían ni veían a los capitalinos.
A pesar de la inexperiencia de algunos funcionarios y legisladores, las equivocaciones cometidas y las dificultades para aplicar nuevas políticas por la maraña burocrática y normativa, la resistencia de la burocracia controlada corporativamente por el PRI, la reducción presupuestal impuesta en 1998 por el PRI y el PAN, el trato discriminatorio del gobierno federal, las acciones desestabilizadoras de organizaciones afiliadas al PRI y los ataques desproporcionados de los medios de comunicación sometidos al PRI-Gobierno, en los cortos dos años de gestión el gobierno democrático del PRD empezó el cambio urbano.
Se construyeron ámbitos de soberanía local: separación de poderes, posturas de igualdad ante el Ejecutivo federal, consolidación de la autonomía administrativa, y conducción de la negociación presupuestal en beneficio de los ciudadanos para lograr un trato menos inequitativo. La administración ganó en honestidad, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos; se eliminó el despliegue autoritario de guaruras y guardaespaldas de funcionarios. La reorganización y modernización administrativa comenzaron el mejoramiento de la atención a los usuarios y sus demandas. Se frenó el crecimiento de la violencia mediante la depuración policial de arriba a abajo, la descentralización territorial de su acción y nuevas formas de intervención. La ciudad recuperó su crecimiento económico y mejoró su competitividad, pese a la falta de facultades económicas suficientes del gobierno del DF.
En la solución de la crisis hidráulica se supero la parálisis, aunque faltan muchas acciones de largo plazo y alto costo. La atención a la cuestión ambiental ha sido muy importante, sobre todo para el mejoramiento de la calidad del aire. Mediante la concertación, se avanzó en la armonización de intereses entre el capital inmobiliario, los pobladores y las necesidades colectivas. Se dio alta prioridad a la respuesta a las necesidades de los sectores y zonas más excluidas socialmente y los grupos más vulnerables: niños, mujeres y ancianos. El trabajo legislativo permitió la actualización y ampliación de la regulación democrática para el desarrollo urbano.
Sólo se han sentado la bases del cambio urbano; el 2000 verá la consolidación de las acciones iniciadas, pero lo más importante está por hacer. Las elecciones venideras abren dos caminos: los capitalinos reconocen los logros y dan nuevamente la mayoría en el Ejecutivo y el Legislativo al PRD y sus aliados; o cometen el error de volver al pasado, dando la mayoría al PRI y su neoliberalismo salvaje y autoritario, o a la versión más conservadora y arcaica del mismo proyecto: al PAN. Por instinto de conservación colectiva, en defensa de los intereses ciudadanos y de los desposeídos, la opción razonable sería apoyar la continuidad y profundización del cambio, abanderada por el PRD y su política de izquierda.