Crece en Colombia un sistema de trueque con base en la droga
La cocaína, nueva moneda
Reuters, Peñas Coloradas, Colombia, 5 de enero Ť El valor de un refresco es de casi un gramo, el de una comida oscila entre tres y cinco y el de un puñado de anzuelos es casi dos. La moneda es cocaína.
Son épocas difíciles en esta población, en lo profundo de la selva de un remoto rincón del sur de Colombia, lejos del control del gobierno central y firmemente bajo el dominio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La hoja de coca, la materia prima de la cocaína, ha sido desde hace mucho el fundamento económico a lo largo del río Caguán, una de las regiones colombianas más prolíficas en la producción de droga. Los campesinos cosechan la hoja de coca en sus pequeños lotes de lo que era antes selva tropical virgen y la procesan con cemento, gasolina y ácido sulfúrico para obtener cocaína semiprocesada o pasta de base de la droga.
Pero durante los últimos tres meses los narcotraficantes no se han aventurado por las aguas del Caguán en busca del polvo. Y la escasez resultante de efectivo ha alimentado un sistema de trueque con base en la droga.
"En este momento estamos recibiendo coca a cambio de insumos básico a 2 mil pesos (un dólar) el gramo", dijo en una conversación en diciembre Armando Lozano, que administra una farmacia en Peñas Coloradas.
"No hay plata en el pueblo porque los narcos no han bajado para comprar coca", agregó Lozano, portavoz de los propietarios de la farmacia en la comunidad de unos 500 habitantes,
Nadie parece saber por qué los narcotraficantes se mantienen a distancia. Algunos lo atribuyen a una masiva operación policial a mediados de octubre, en la que unos 30 de ellos fueron capturados en Santafé de Bogotá y Medellín. Otros, sin embargo, creen que a los compradores les incomodó que las FARC les ordenaran pagar precios más altos a los campesinos.
Un kilo de pasta base cuesta ahora unos mil dólares y antes valía 650. Un kilo de cocaína refinada en Estados Unidos se comercia hasta en 36 mil dólares entre mayoristas y hasta 200 mil al detalle.
Los campesinos se quejan de la falta de efectivo, pero ninguno de ellos es ajeno a las penurias. La mayoría llegó a la región del Caguán como desplazados durante los últimos 20 años, huyendo del enfrentamiento en la prolongada guerra de guerrilla, que tan sólo en los últimos diez años ha dejado unos 35 mil muertos.
El río Caguán es la única ruta hacia dentro y fuera de la región y el costo del transporte es elevado. El precio de enviar al mercado los productos como el plátano y la yuca supera su valor real, por lo que desde principios de los ochenta los campesinos se han inclinado hacia el cultivo de hoja de coca, hasta ahora la única cosecha viable.
Una vida precaria
"Me dijeron que la coca era rentable... pero en la práctica no es así", dijo el agricultor Nicolás Echavarría, de 43 años, mientras observaba su plantío de seis hectáreas en las inmediaciones del caserío de Las Animas, agua abajo de Peñas Coloradas.
Añadió que una vez deducidos los costos de la mano de obra y los insumos sus ingresos mensuales son de entre 500 y 750 dólares mensuales, apenas lo suficiente para sostener a su esposa y cuatro hijos. "Ha sido precario. No hay una economía sólida. No tenemos mercado, aparte de la coca", indicó, quejándose de la carencia total de escuelas y atención médica.
Según la DEA, Colombia abastece 80 por ciento de la cocaína para el mercado mundial. A pesar de un intenso programa de erradicación de cultivos de coca auspiciado por Estados Unidos, la producción de la droga se ha duplicado durante los últimos cuatro años a unas 165 toneladas anuales.
La policía nacional estima que para finales de 1999 se habían plantado con coca o amapola de opio más de 87 mil 500 hectáreas, un alza de casi 11 por ciento comparada con la que se registró en 1998.
Tanto funcionarios colombianos como estadunidenses han acusado a las FARC, el único grupo armado latinoamericano que data de los sesenta, de obtener enormes ganancias del tráfico de droga para financiar su insurrección. Los rebeldes niegan que protejan los cultivos ilícitos o laboratorios selváticos donde la pasta base es refinada en cocaína pura, pero admiten la imposición de un "impuesto de guerra" sobre los compradores, que en la actualidad oscila en torno a 15 por ciento de cada kilo.
En un esfuerzo por desechar el calificativo de narcoguerrilla, las FARC han instado al gobierno colombiano y otros del extranjero a financiar un plan de sustitución de cultivos concebido por la guerrilla.
En un claro selvático, rodeado por sus combatientes de más confianza, el jefe rebelde Fabián Ramírez, segundo al mando en el temido Bloque Sur de las FARC, detalló el experimento de cuatro años.Antes de que pueda empezar ese proceso, las FARC han insistido en que el gobierno debe retirar sus fuerzas de seguridad de Cartagena del Chaira, la municipalidad de 13 mil kilómetros cuadrados que abarca esta parte del Caguán.
"Queremos llevar a cabo un experimento para soluciones alternativas a la erradicación de cultivos ilícitos y una solución global al problema del narcotráfico", dijo Ramírez, miembro del triunvirato de negociaciones rebeldes, en las conversaciones de paz emprendidas con el gobierno hace un año.
De acuerdo con el plan rebelde, los campesinos recibirían préstamos a un interés bajo. Un grupo de expertos agrícolas asesoraría a los campesinos sobre cultivos lucrativos pero lícitos, además de que se instaurarían pequeñas plantas agroindustriales.
Pero es improbable que el gobierno acepte el plan de las FARC. El presidente Andrés Pastrana ya evacuó las tropas de un área de 42 mil kilómetros cuadrados en el sureste colombiano, a fin de despejar el camino hacia las conversaciones de paz.
La desmilitarización de Cartagena del Chaira, adyacente a la zona de paz, entregaría en efecto a los rebeldes un enclave autónomo que se extendería de las fronteras con Ecuador y Perú, rutas claves para el contrabando de armas, hasta las montañas del sur de Bogotá. Washington, por su parte, ha dicho que no financiará la sustitución de cultivos en regiones bajo control rebelde mientras la guerrilla no deponga las armas.