Ť La Procuraduría Agraria y la UNTA coinciden en regular la posesión ejidal
Necesario, modificar el 27 para crear inmobiliarias
Matilde Pérez U. Ť Para regular y normar la creación de las llamadas inmobiliarias ejidales es necesario modificar el artículo 27 constitucional e iniciar acuerdos interinstitucionales y con los diversos sectores interesados en el desarrollo urbano del país, consideraron el procurador Agrario, Rafael González Pimienta, y el diputado e integrante de la dirección de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Alvaro López Ríos.
Urge capacitar a los ejidatarios para que obtengan mejores beneficios por la venta o cambio de uso de las tierras que colindan con las ciudades o están dentro de los programas de desarrollo urbano, dijo el procurador Agrario, quien insistió en que la institución a su cargo se convierta en el ombudsman de los campesinos.
Agregó que ese proceso de desarrollo del país, debería de establecerse un precio diferencial de acuerdo con el tipo de uso --industrial, turístico o de vivienda-- que se le dará a las que fueron tierras de cultivo. "Es tiempo de concretar con acciones las ideas", expuso.
Ello, explicó, formará parte del análisis del seminario "Reforma agraria-reforma urbana: la plusvalía de la tierra social para ejidatarios y comuneros 1915-2000" que hoy inaugurará, en Veracruz, el presidente Ernesto Zedillo, acompañado por los secretarios de Reforma Agraria, Desarrollo Social y de Medio Ambiente. Se prevé la asistencia de 800 presidentes de comisarios ejidales y 175 alcaldes, así como representantes de las diversas instituciones relacionadas con la construcción de vivienda; asociaciones de urbanistas y de arquitectos, del Fonatur y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En ese foro, abundó González Pimienta, se analizará el proceso de reordenamiento de la propiedad ejidal en las 116 ciudades que mayor desarrollo urbano presentan. Cerca de 30 mil hectáreas son absorbidas anualmente por desarrollos en los municipios de dichas ciudades.
Sin embargo, esos desarrollos urbanos no han dejado beneficios directos a los ejidatarios, acotó el diputado perredista Alvaro López Ríos. De las 26 inmobiliarias ejidales que se constituyeron después del cambio al artículo 27 constitucional, sólo hay seis que continúan, pero tres de ellas tienen fuertes problemas por el abuso de los privados del patrimonio ejidal. Como ejemplo citó el caso de la empresa Tamsa del Sureste --presuntamente propiedad de Hank Rhon-- la cual compró una enorme superficie --no detalló la cantidad-- en el corredor Mérida-Puerto Progreso a 120 pesos el metro cuadrado y lo vendió a 3 mil pesos, casos similares se registran en San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco, entre otras entidades, dijo.
Para controlar el desarrollo urbano dentro de las tierras ejidales se pretende empatarlo con el ordenamiento ecológico propuesto por la Semarnap, el de ordenamiento territorial, así como con el programa Cien Ciudades de la Secretaría de Desarrollo Social.