Ť Los políticos temen ser calificados como suaves


La muerte, único consenso entre aspirantes a la presidencia en EU

Ť Por ignorancia, 71% de los ciudadanos apoya la pena capital

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 8 de enero Ť Los principales candidatos presidenciales, tanto demócratas como republicanos, tienen diversas posiciones sobre temas nacionales y buscan identificarse por sus diferencias con los demás, con la excepción de un solo asunto: la muerte.

Los precandidatos presidenciales de los partidos Republicano y Demócrata apoyan la pena capital, por lo que este consenso político hace probable que continúen a niveles sin precedente las ejecuciones en este país.

El 2000, señalan los expertos en este tema, promete ser otro año récord, como lo fue 1999 (con 98 ejecuciones), en el número de personas ejecutadas por los gobiernos estatales de EU.

En los últimos 23 años, desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos, se han ejecutado un total de 598 personas. Los tres estados que han aplicado la pena capital a más gente son Texas (199), Virginia (73) y Florida (44), según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Hoy en día, Estados Unidos tiene 3 mil 625 personas en la llamada "fila de la muerte" esperando sus ejecuciones en los 38 estados que mantienen la pena capital. De estos, 42 son mexicanos.

Tal vez uno de los atributos más notables del favorito entre los precandidatos republicanos, George W. Bush, es que ha sido el gobernador que ha presidido más ejecuciones que cualquier otro desde 1976.

En sus cinco años como gobernador, Bush ha presidido las ejecuciones de 111 hombres y una mujer, reportó el New York Times. Su hermano, el gobernador de Florida Jeb Bush, busca la forma de hacer más eficiente la pena de muerte en su estado, donde se acaba de cambiar la silla eléctrica por la inyección letal (el modelo de Texas).

Pero tanto el principal contrincante de Bush dentro de su partido, el senador John McCain, como el vicepresidente Al Gore y Bill Bradley, los principales precandidatos demócratas, apoyan la pena de muerte. De hecho, hay pocos políticos de perfil nacional que se opongan a la pena capital en público.

En gran medida esto se debe a que las encuestas registran un amplio apoyo a la práctica. La encuesta Harris registra un 71 por ciento de apoyo, y con tres de cada cuatro ciudadanos apoyando la pena de muerte, los políticos simplemente asumen esta posición, si no por convicción sí por cálculo político.

Pero este respaldo popular es cuestionado por los críticos de la pena de muerte. Sam Jordan, encargado del proyecto para abolir la pena capital en Amnistía Internacional de Estados Unidos señala que ese apoyo es producto de la ignorancia.

En declaraciones a La Jornada, Jordan comentó que cuando los encuestadores hacen la pregunta y se le informa al encuestado que existen alternativas a la pena de muerte, como la condena perpetua, el apoyo se reduce a menos de 50 por ciento.

Cuando la gente es informada de estas opciones, indicó Jordan, y de que una ejecución cuesta tres veces más que mantener a un criminal en la prisión por toda su vida, y se agrega que la pena de muerte se aplica de forma injusta en este país contra los pobres y las minorías, sus opiniones cambian drásticamente.

ƑPero entonces, por qué no se atreven algunos políticos a enfrentar esto? Se le pregunta a Jordan. "Porque un comentario en ese sentido lleva más de 20 segundos en explicar", responde, y señala que los políticos también temen ser percibidos como "suaves" ante el crimen.

Los críticos también sostienen que con las nuevas técnicas para la investigación de crímenes, cada vez más se están encontrando condenados a muerte que resultan ser inocentes del delito por el cual fueron condenados. Paula Berstein, del Proyecto de Información sobre la Pena de Muerte, comentó a La Jornada que 84 personas han sido liberadas de la fila de muerte en este país después de que nuevas pruebas permitieron que sus condenas fueran suspendidas. Se cree que podría haber muchos casos más, lo que ha llevado a provocar un debate sobre qué tan seguro es aplicar una pena que no puede ser revertida después de aplicarse.

Sin embargo, el entusiasmo por la muerte entre la clase política persiste en el nuevo milenio. Este año electoral se espera que pocos políticos de perfil nacional se atrevan a cuestionar esta práctica.