Ť Red Nacional de Organismos de Derechos
La agenda oficial de este año carece de interés humanitario
Ť La falta de diálogo en Chiapas, signo ominoso del plan para el 2000
Triunfo Elizalde /I Ť La ausencia de diálogo en Chiapas, los ataques a defensores de derechos humanos, la militarización de la vida pública, las medidas represivas para atender la seguridad pública, la asignación presupuestal planteada a favor de los banqueros y empresarios y sin objetivos claros de desarrollo social son signos, todos ominosos, de que la agenda oficial frente al 2000 no está permeada por el interés humanitario, señala la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.
Durante la temática Claroscuros del Nuevo Milenio, la Red, que encabeza Michael Chamberlain, hace notar que el grado de deterioro de los derechos humanos en México llegó a tal grado que llamó la atención de instancias internacionales como la OEA y la ONU, las cuales ante la gravedad de los hechos, se vieron en la necesidad de enviar varias recomendaciones al gobierno mexicano, provocando de "forma inusitada", en 1999, el monitoreo sobre la realidad en este país.
La Red destacó que para los organismos nacionales de derechos humanos el monitoreo internacional "alberga esperanzas de que el gobierno mexicano dé una respuesta real y efectiva" a los grandes problemas que afectan las garantías fundamentales de la sociedad mexicana, pero lamemtó que "el fin de milenio se haya acompañado de un extenso operativo militar en varias regiones pobres del país".
Concretamente menciona que, en diciembre, "en algunas playas, los vacacionistas vieron circular de manera constante convoyes con soldados armados 'en apoyo al turista', con nulos indicios de que existiera la autoridad civil (como fue el caso de), Veracruz, Guerrero, Oaxaca y, sobre todo, Chiapas, donde se multiplicaron los retenes, patrullajes y sobrevuelos militares".
Al hablar de Chiapas, la Red Nacional Todos los Derechos para Todos considera que la remoción del obispo Raúl Vera, a quien se consideraba sucesor natural de Samuel Ruiz, "se suma al lento pero eficaz proceso de desmantelamiento de las instancias grises: aquellas que, por su posición social, incidían en la creación de espacios de diálogo e intermediación en el conflicto".
Además, el organismo menciona el impulso de la polarización social y política, a través de la generación impune de grupos paramilitares, de la expulsión de observadores, de la desatención del gobierno estatal a factores de posible reconciliación en el estado y su asunción de medidas y actitudes que socavan aún más el tejido social de la entidad.
En opinión de dicha ONG, que a su vez aglutina a más de 50 organizaciones civiles independientes del interior de la República Mexicana, "el gobierno de México se mantiene en la línea de minusvalorar su deber de respetar los derechos humanos; sigue anteponiendo intereses políticos y económicos al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, referente a las garantías fundamentales".
Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, dice que el deterioro en la calidad de vida de un número creciente de mexicanos "ha sido el resultado de las políticas de ajuste y de estabilidad de los indicadores macroeconómicos y del mercado, pasando por encima del bienestar de la población, por lo que el deterioro se acrecentó desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte".
De los programas creados por el gobierno para combatir la pobreza y la desnutrición, afirma que "no han llegado a las zonas en donde 58 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años presentan problemas físicos y mentales por la mala alimentación, en especial en las zonas indígenas, donde desde hace 22 años se mantienen los niveles de desnutrición".
Además, agrega, "los discursos milenaristas a favor de la democracia y la apertura no contribuyeron a lograr un pleno reconocimiento y respecto a los derechos fundamentales de los mexicanos, por el contrario".