CHIAPAS, EN LA CONTIENDA PRESIDENCIAL

Ayer, durante una entrevista televisiva, el candidato presidencial panista, Vicente Fox, reiteró su postura en el sentido de que, de llegar a Los Pinos, ordenaría sacar de Chiapas al Ejército, como un paso de distensión previo a un encuentro con la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta declaración, aunada a iniciativas anteriores del guanajuatense para entrevistarse con el subcomandante Marcos, pone en el centro del debate político de cara al 2000 el tema de Chiapas.

Quienquiera que sea el próximo presidente de la República, uno de los puntos principales de su agenda será avanzar en la solución del descompuesto panorama social y político en esa entidad. A estas alturas, cuando falta menos de un año para la transición presidencial, del régimen zedillista no cabe esperar más que se conforme con administrar la crisis chiapaneca y se abstenga de agravarla, como lo ha hecho en varios momentos. El actual Ejecutivo, que a su vez heredó del salinismo un sureste insurrecto y convulsionado, carece ya del margen político, la imaginación y la credibilidad que se requieren para propiciar el retorno de Chiapas a un estado de derecho y la construcción, allí, de una paz con justicia y dignidad.

El señalamiento formulado ayer por Fox es destacable por su énfasis en la distensión ųel retiro del Ejércitoų como primer paso en la solución del conflicto y en tanto que opción por la paz y el diálogo. Ciertamente, el candidato panista reiteró una visión un tanto simplista y superficial al depositar en un encuentro con la directiva rebelde la clave para acabar con el problema e ignorar, así, aspectos legislativos insoslayables. Cabe recordar, al respecto, que el partido que postula a Fox ha presentado, por medio de sus legisladores, una iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas que guarda poca relación con los acuerdos de San Andrés, cuyo cumplimiento es condición necesaria para destrabar el conflicto.

Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, ha señalado su disposición de hacer cumplir esos acuerdos y ya en su campaña presidencial anterior viajó a la selva Lacandona para entrevistarse con el mando rebelde. Por su parte, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática han insistido en la necesidad de reconocer y aprobar el anteproyecto de reformas constitucionales y legales elaborado en 1996 por la Cocopa, único documento que recoge con plena fidelidad tales acuerdos.

Por lo que hace al aspirante priísta, en sus escasas y ligeras referencias a Chiapas y al alzamiento zapatista, el candidato Francisco Labastida ha suavizado el tono belicoso, intolerante y aun amenazante que utilizó mientras se desempeñó como secretario de Gobernación, pero se ha abstenido de formular una propuesta para avanzar en la resolución del conflicto. Por añadidura, el equipo de campaña priísta tiene, como figuras relevantes, a ex asesores de Labastida que, desde el Palacio de Covián, hicieron cuanto estuvo a su alcance para atizar la confrontación en tierras chiapanecas.

De esta manera, el abanderado tricolor se queda a la zaga de sus más fuertes contrincantes en la contienda presidencial, pese a que él, en tanto que secretario de Gobernación y su partido, en el poder, tienen una responsabilidad insoslayable en el empantanamiento y agravamiento de la circunstancia de Chiapas.

Para finalizar, es necesario que el conflicto en esa entidad, que está a punto de entrar en su tercer sexenio, vuelva a ocupar un lugar central en el debate político nacional. En esta perspectiva, es claro que los candidatos presidenciales de todos los partidos deben presentar a la opinión pública y al electorado propuestas completas y articuladas para resolverlo.