Luis Hernández Navarro
Frijol

Desde la cúspide del poder se dice que la agricultura mexicana marcha bien, pero los productores rurales afirman que no es así. Para dilucidar quién tiene la razón en la disputa puede recurrirse a ejemplos como el del frijol, cultivo clave en la alimentación nacional.

La política oficial hacia la gramínea es curiosa. Desde hace un año hay cerca de 250 mil toneladas de este producto depositadas en bodegas de Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit. Los productores no pueden venderlas porque su precio en el mercado es inferior al de los costos de producción y pignoración. Conasupo, que en el pasado adquiría parte de sus cosechas, desapareció sin que se creara una nueva institución que retomara las funciones de la paraestatal, y la lógica del mercado no ha servido para ordenar la producción. A pesar de que el abasto nacional está asegurado con la cosecha nacional, el gobierno permitió la importación de más de 100 mil toneladas de frijol de Estados Unidos y Argentina en perjuicio de los productores locales.

Cuando se negoció el TLC con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas consideraron que este producto era "sensible" y acordaron un plazo de desgravación de 15 años y aranceles-cuota para protegerlo. Sin embargo no han respetado esos plazos. En 1996 la cuota de 53 mil toneladas se rebasó en más del doble. Las importaciones fueron de 124.6 mil toneladas, y no pagaron el arancel de 122.3 por ciento. En 1998 sobrepasaron en más del triple la cuota de 56.3 mil toneladas, al llegar a 171.4 miles y las excedentarias tampoco pagaron el arancel de 111.2 por ciento. Además, permitieron importaciones sin arancel de Argentina.

La producción nacional asciende en promedio a 1.1 millones de toneladas, cifra sufiente para abastecer el mercado nacional. Con las importaciones de frijol se propició una sobreoferta en el mercado doméstico. No obstante, el precio de la gramínea para el consumidor final no ha disminuido.

En el pasado, Conasupo ayudaba a regular el mercado. En 1996 adquirió 110 mil toneladas de frijol; en 1997, 80 mil; y en 1998, 151 mil. Gracias a esta intervención, los productores podían colocar el resto de su producción en el mercado nacional sin grandes problemas. La drástica desaparición de la empresa paraestatal provocó una gran desorganización entre la oferta y la demanda y daños a los agricultores. Ahora no hay empresa privada que pueda adquirir un volumen de comercialización similar. A finales de 1998, el subsecretario Santiago Levy afirmó que la muerte de Conasupo ahorraría al gobierno federal 400 millones de pesos. Como resultado de esta medida, 14 organizaciones de productores rurales de Sinaloa han perdido, en un solo ciclo, 200 millones de pesos. El costo de la abdicación estatal a la responsabilidad redistributiva ha sido sufragada por los campesinos.

En varias regiones del país se paga a los productores entre 2 mil y 2 mil 500 pesos por tonelada de frijol, pero el costo de producción y financiamiento es de 7 mil pesos. Según datos de la Unión Agrícola Regional de Productores de Frijol de Durango, Conasupo pagaba 4.80 por kilo. En Sinaloa, el frijol está en bodega desde marzo de 1999. Ante la desaparición de Conasupo el gobierno de Sinaloa solicitó que las organizaciones de productores participaran en el acopio de frijol. Pagaron al productor como preliquidación 4 mil pesos. El costo a diciembre de 1999 del producto alcanzó los 5 mil 174 pesos la tonelada.

Una parte significativa de los productores de frijol se encuentran entre los más pobres del campo. El éxito de su cosecha depende de la lluvia, pero viven en zonas semidesérticas, sufren severas sequías, cuentan con poca tecnología y sus rendimientos promedio son de apenas media tonelada por hectárea.

A diferencia de otros cultivos, el frijol no se cotiza en la bolsa, por lo que no tiene un precio internacional de referencia. La desaparición de Conasupo, el sabotaje del gobierno mexicano a los compromisos de protección asumidos en la negociación del TLC y la importación de la gramínea han afectado gravemente sus ingresos.

El secretario de Agricultura, Romárico Arroyo, ha justificado la no aplicación de aranceles a las importaciones de maíz y frijol que rebasan la cuota establecida en el TLC (El Financiero, 18 de agosto de 1999), sin importarle el daño que se provoca a los productores nacionales y al agro. Los apoyos a la comercialización recientemente negociados son, a todas luces, insuficientes para remediar la situación.

Cuando los funcionarios gubernamentales hablan de lo bien que está el campo en México se refieren, seguramente, a los campos de golf en los que juegan al lado de los grandes empresarios y de obispos como Onésimo Cepeda porque, con ejemplos como el del frijol, nadie puede afirmar que la agricultura goce de cabal salud.