DOS PODERES EN ECUADOR

La constitución de un Gobierno de Salvación Nacional en el Palacio Legislativo en Quito y la decisión del presidente Jamil Mahuad de no firmar la renuncia que le exige el alto mando de las fuerzas armadas y, por el contrario, trasladar el parlamento (que la rebelión popular pretende derrocar junto con el Ejecutivo) a la ciudad de Guayaquil establece, de hecho, la coexistencia de dos gobiernos y dos poderes en Ecuador y plantea una situación preñada de peligros.

El gobierno nacido de la insurgencia indígena y popular está encabezado por el líder de la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador (Conaie), Antonio Vargas, un coronel del arma de ingeniería, Lucio Gutiérrez, líder de la baja oficialidad y héroe de la última guerra en la Amazonia, contra Perú, y un magistrado muy respetado, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, y plantea como objetivos principales revocar el mandato del presidente de la república y de los legisladores (como contempla la Constitución) y renovar totalmente la justicia (objetivos todos muy similares a los del movimiento dirigido por Hugo Chávez en Venezuela y que llevó a una nueva Constitución). Los insurgentes exigen además el fin de una política económica favorable sólo a la oligarquía y al capital financiero nacional e internacional, el cese de la corrupción y la defensa de la soberanía, lesionada por la existencia de bases estadunidenses en previsión de una intervención en Colombia y, sobre todo, por la dolarización de la moneda, que hace depender al país de la Federal Bank estadunidense y de la política fijada por Washington. La alianza entre la gran mayoría de los indígenas, los trabajadores organizados, la izquierda y los militares de baja graduación aliados al bajo clero ha vencido la resistencia de los jefes de las fuerzas armadas, que en un principio apoyaron a Mahuad y acariciaron la idea de un Fujimorazo (un autogolpe del presidente para reprimir y hacer pasar el paquete económico recesivo), pero es evidente la división en las fuerzas armadas. Es muy posible que en la decisión de los altos jefes de éstas haya pesado el intento de la derecha oligárquica ųque quería sacar del poder a Mahuad para ocuparlo ellaų de tratar de expropiar la rebelión indígena y popular de modo de poder imponer con la fuerza ajena un gobierno de Febres Cordero o nuevas elecciones amañadas. Es de prever, por lo tanto, que habrá una resistencia al gobierno de Salvación Nacional, el cual se apoya en un Parlamento Popular y en Parlamentos Populares en cada región, así como sobre la continuación del bloqueo de carreteras y de la ocupación de Quito y otras ciudades. Sobre todo, la decisión del nuevo poder popular de instituir un plebiscito que apruebe sus reformas casi seguramente contará con la oposición de los representantes de la oligarquía y de los partidos de la misma, refugiados en Guayaquil. No es de excluir, en este sentido, que los mismos abandonen a Jamil Mahuad (quien estuvo entre los aprovechadores del movimiento popular e indígena que echó del poder a Abdalá Bucaram, alcalde populista de Guayaquil,con fuerte apoyo entre los indígenas de la Amazonia) y recurran al ex mandatario depuesto si no encuentran una solución constitucional. Tampoco se puede excluir una fuerte presión militar estadunidense dado el carácter estratégico del país en los planes de Washington para todo el arco andino y dado que la constitución de un gobierno basado en la fuerza indígena y que dividió a las fuerzas armadas y a la Iglesia podría estimular la protesta india y de los sectores más pobres en todo el resto de América Latina y particularmente en Bolivia y hasta en el Perú fujimorizado. Dicho sea de paso, la arrogante declaración del presidente peruano de que no tolerará la ruptura de lo que llama el orden democrático en Ecuador, en una evidente intervención en favor de Mahuad y de los separatistas del sur, sin duda dará alas al nacionalismo ecuatoriano y reforzará al sector dirigido por el coronel Lucio Gutiérrez en la oficialidad.

La existencia de dos poderes, igualmente, puede llevar a un enfrentamiento violento, y a la profundización de las divisiones regionales, de modo que podría entrar en aguda crisis la unidad de Ecuador que el movimiento popular busca afirmar sobre nuevas bases y en el marco de un gran colombianismo y de un bolivarismo cada vez más fuertes.

El movimiento popular trata de dar una base firme a la democracia y a la soberanía, pero hay el peligro de que el conflicto no encuentre soluciones pacíficas. La intervención en los asuntos ecuatorianos y, la toma de partido por un presidente ilegítimo (por su origen golpista) e impopular (por su política económica y social) serían un grave error que alentaría la violencia social.