* Hay acuerdos secretos España-Chile para liberar al ex dictador, dicen
Aznar obstruye el proceso a Pinochet: acusadores
Armando G. Tejeda, corresponsal, y agencias, Madrid, 22 de enero * Abogados de la acusación popular y particular contra el ex dictador Augusto Pinochet denunciaron este sábado que el gobierno del presidente José María Aznar ejerce "obstrucción" al proceso judicial al bloquear documentos vitales en el esfuerzo por lograr su extradición a España.
Aunque el Ejecutivo español negó que retenga información que debe conocer el juez Baltasar Garzón, este incidente ocurre en momentos en que el ministro del Interior británico, Jack Straw, solicita informes adicionales aclaratorios a las partes concernidas, a fin de poder adoptar una decisión más objetiva sobre el caso.
Joan Garcés y Manuel Murillo, quienes representan a las víctimas de la dictadura pinochetista, acusaron al Ministerio de Relaciones Exteriores español de retener un informe de la fiscalía británica en el que se afirma que hay "base legal suficiente" para apelar una posible liberación del ex dictador chileno por razones de salud.
En rueda de prensa los abogados dijeron que se trata de un documento enviado por el fiscal británico Alun Jones, y que al no ser remitido por la cancillería impide que el juez Garzón responda.
Jones no sólo asegura que hay base legal suficiente para llevar a cabo un recurso de revisión ante el tribunal supremo de Inglaterra y Gales, sino que además pide que se le den prontas instrucciones para hacerlo antes de 24 horas (el lunes).
Garcés asentó que la cancillería española tampoco ha enviado a Londres una "nota aclaratoria" dirigida el pasado 19 por Garzón a la fiscalía británica, que representa a España en el proceso de extradición del anciano senador vitalicio, donde insta a "interponer inmediatamente un recurso" ante el tribunal supremo inglés para recurrir una eventual liberación.
Por lo tanto, "la posición del gobierno español es inaceptable legal, política y diplomáticamente", asentó el jurista, y advirtió que la actitud de Madrid podría tener consecuencias penales ante la gravedad de los hechos, y que esto sólo puede explicarse por compromisos políticos secretos con un gobierno extranjero.
El vocero de la cancillería española, Joaquín Pérez Villanueva, negó "tajantemente" la acusación y afirmó que el gobierno de José María Aznar ha entregado a Garzón, instructor de la causa, todos los textos que el ministerio público británico le envió a España a su atención.
Sostuvo que había dos tipos de documentos, aquellos de orden público intercambiados entre la fiscalía británica y la justicia española, y otros de índole privado y no secretos, pero recabados exclusivamente como información interna del Ejecutivo español en torno a explicaciones solicitadas.
Así, el documento de Alun Jones lo consideró como "informe privado" al negar que sea miembro de la fiscalía británica de la corona.
En reacción a esta explicación, Joan Garcés lo consideró como "muy grave porque significa una obstrucción a la naturaleza judicial en curso y una interferencia para controlar políticamente una actuación judicial en crímenes contra la humanidad".
No obstante, tanto Pérez Villanueva como Santiago Cabañas --del gabinete técnico de la cancillería española-- señalaron que aunque la fiscalía británica recomienda recurrir una decisión contraria de Jack Straw a la extradición de Pinochet, "el gobierno no va a variar su posición y no recurrirá la decisión del ministro británico sea cual sea ésta".
El diario The Times, de Londres, informó que durante la víspera el juez Garzón envió por telefax a Straw un oficio de cinco páginas resumiendo los casos por los cuales requiere la comparecencia de Pinochet y quejándose que lleva ya 15 meses esperando su extradición.
Por su parte, el ministro Jack Straw dio de plazo hasta el próximo lunes a las 17, hora local, para que las partes involucradas en el affaire Pinochet le suministren informaciones adicionales sobre el caso, antes de tomar una decisión definitiva sobre el destino del detenido.
Una vocera del Ministerio del Interior británico informó que Straw quería ciertas "precisiones", sin entrar en detalles, Pero, añadió, el secretario de Estado tomará su decisión tan pronto sea posible ya que analizará "cuidadosamente" las observaciones adicionales.
Ante el súbito requerimiento de Straw el viernes por la noche, Amnistía Internacional dijo que quizá Straw decidirá el caso el martes o miércoles, y que les solicitó sobre todo detalles acerca del procedimiento judicial en España y la manera cómo esta nación define la incapacidad de un acusado para comparecer ante la justicia.
Preguntó también "si un proceso se interrumpía en España a partir del momento en que el acusado es declarado incapacitado para asistir a los debates".
Ante esto, las organizaciones humanitarias creían que tal vez Straw estaría reconsiderando su posición de la semana pasada, o bien darle una solidez inquebrantable al marco jurídico de su decisión final para impedir nuevos recursos.
En tanto, nuevas protestas de repudio a la liberación de Pinochet hubo en Londres y Santiago y en demanda de su enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad, en tanto que el juez Juan Guzmán anunció que ordenará nuevas excavaciones en el norte de Chile en busca de desaparecidos.