* Juan Moreno Pérez *
El regaño del Presidente /II
P oner límites a esta reiterada práctica del Ejecutivo, constituyó el punto clave de la discusión del paquete económico para el 2000. A diferencia de lo sucedido en años anteriores, los legisladores del PRD y del PAN lograron unirse y sacar adelante una propuesta diferente a la del Ejecutivo. Aunque los cambios en la Ley de Ingresos fueron muy limitados, los diputados y senadores pudieron incrementar el supuesto de precio del petróleo de 15.5 a 16 dólares por barril, y aumentar en 7.5 mil millones de pesos los ingresos estimados.
En la discusión del presupuesto, los diputados del PRD y del PAN, apoyados por algunos del PT y del PVEM, decidieron incrementar en 15.5 mil millones de pesos el gasto social. El financiamiento de esa ampliación en el gasto se daría con los mayores ingresos estimados en la Ley de Ingresos y con algunas reasignaciones en otros rubros. Aunque en la propuesta original de los diputados de oposición se incluían los rubros de gastos superfluos que se debían disminuir, en el dictamen que finalmente se aprobó fue aceptada la propuesta del Ejecutivo de que la Secretaría de Hacienda decidiera los rubros a recortar (artículo 84 del decreto de presupuesto).
El cambio más importante que hicieron los diputados fue poner límites a la discrecionalidad del Ejecutivo en el uso de los ingresos que excedan a lo estimado en la Ley de Ingresos. En el artículo 35 del decreto de presupuesto se dispuso que dichos recursos se utilizarán primero para compensar la ampliación en el gasto social, y de los ingresos adicionales 40 por ciento se usará para constituir un fondo de estabilización de los ingresos petroleros, y el restante 60 por ciento para amortizar deuda pública.
Ahora, el presidente Zedillo acusa a los legisladores de haber aumentado la petrolización del gasto, cuando todo mundo sabe que la dependencia de esos ingresos se debe a la incapacidad del gobierno para llevar adelante una auténtica reforma fiscal integral. La otra acusación presidencial no tiene ningún fundamento, ya que es precisamente el Ejecutivo quien está decidiendo los rubros que se recortarán para acomodar el mayor gasto social decidido por los diputados.
Mantener muchos gastos superfluos, como las prebendas para los altos funcionarios o los mil millones de pesos presupuestados para la compra de vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no puede ser más importante que garantizar el abasto de electricidad y agua para la población, y esta decisión no puede ser atribuida a los diputados.