* Pide a Londres un examen mental del ex dictador


Garzón apelará en caso de que Pinochet sea puesto en libertad

* Es el requeriente quien decide la capacidad física del acusado, dice

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 24 de enero * El juez español Baltasar Garzón, encargado del proceso judicial contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, solicitó hoy a las autoridades británicas un examen sobre las condiciones mentales del ex militar, y ratificó hoy ante el Crown Prosecution Service y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, su voluntad de presentar un recurso de apelación en caso de una hipotética liberación por razones humanitarias.

El gobierno español se "comprometió" con el de Chile a no presentar la apelación, "sea cual sea la decisión final del ministro (del Interior británico, Jack) Straw". Sin embargo, Garzón centra su réplica en la tesis de que a quien corresponde decidir sobre la capacidad síquica y física de Pinochet para comparecer ante la justicia es "a los tribunales del país requeriente (España)"; una idea novedosa en el proceso.

Garzón también afirma que "los trastornos físicos derivados del envejecimiento no llevan aparejada necesariamente una alteración de las facultades mentales", es decir, "el envejecimiento puede provocar una disminución de la coordinación, la rapidez en las respuestas o lagunas de memoria, pero por sí mismas no pueden impedir la presencia del procesado en el juicio", y añade que "la falta de capacidad procesal por razón de enajenación comprende los casos reservados por la ciencia médica a los supuestos más graves de alteraciones en la personalidad o la percepción: oligofrenia, sicosis, esquizofrenia o neurosis".

En Londres, organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de Tortura, Fundación Redress y varias asociaciones de familiares de los desaparecidos presentaron ante el Alto Tribunal sus respectivas alegaciones para que Straw respete el cauce del proceso judicial, denegando la liberación del ex dictador por razones humanitarias.

A juicio de estas organizaciones, el ministro Straw "no está siguiendo el procedimiento adecuado". Otras alegaciones fueron también presentadas por los gobiernos de Bélgica, Francia y Suiza. Todos exigen conocer el informe medico antes de liberar al senador vitalicio chileno. Jack Straw fijó como plazo para presentar dichas alegaciones a las 17 horas de hoy.

Un vocero del Ministerio del Interior británico informó que la decisión final de Straw sobre la petición de extradición a España "no se producirá antes del jueves". La decisión será conocida 24 horas antes por las partes implicadas para que éstas puedan interponer el recurso de apelación que hoy ha reiterado el juez Garzón al gobierno español, cuya postura ha sido la de no presentar dicho recurso legal.

El juez Garzón remitió vía fax al Crown Prosecution Service, y por carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, las aclaraciones exigidas por el ministro Straw la semana pasada. En el documento, al que tuvo acceso La Jornada, el magistrado insiste en agotar la vía judicial; es decir, que si Straw favorece a Pinochet, la Fiscalía de la Corona (representante legal de España en el proceso de extradición) presente un recurso de apelación bajo dos argumentos esenciales: los tribunales españoles desconocen el informe médico de Pinochet, y la representación legal de las víctimas de la dictadura militar tienen el derecho de nombrar un médico para ratificar la supuesta "enajenación mental" del procesado.

El magistrado español también señala que el único derecho de defensa no respetado es el de las víctimas, porque se les impide nombrar a un médico que examine al procesado, además de que Pinochet se ha rehusado revelar el resultado de los exámenes médicos independientes a los que fue sometido hace unas semanas.

El juez recuerda el marco jurídico al que se ciñe el proceso: "se basa tanto para Inglaterra como para España en el cumplimiento del Convenio Europeo de Extradición y de la convención contra la tortura, obligaciones internacionales irrenunciables para los Estados que los han ratificado".

Garzón destaca que el primer requisito imprescindible es conocer los informes médicos de los que dispone Straw sobre la salud de Pinochet, y en segundo lugar la elaboración de un dictamen hecho por dos médicos forenses expertos en siquiatría que establezcan con claridad su grado de capacidad mental.