* No habrá coalición entre la IU y el PSOE
Condena el Parlamento vasco el reciente atentado de ETA
* Encuentro de líderes nacionalistas en Bilbao por el año electoral
* Buscarán la remodelación del Estado español desde la pluralidad
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 28 de enero * El Parlamento vasco, reunido hoy por primera vez desde el último atentado de ETA el pasado 21 de enero, condenó duramente la acción del grupo armado que costó la vida al guardia civil Pedro Antonio Blanco. Euskal Herritarrok (EH, nombre electoral de la coalición Herri Batasuna, considerada brazo político de ETA), se abstuvo en la condena explícita, pero firmó uno de los puntos de la declaración que estipula que "ni se ampara ni se justifica la violencia en la implantación de las ideas".
Mientras, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU) no lograron este viernes un acuerdo para presentarse unidos como una coalición en las elecciones legislativas de marzo próximo.
El jefe del gobierno en Euskadi, Juan José Ibarretxe, afirmó que la postura de EH es "un paso adelante muy importante" para el proceso de paz en la región. La firma de la declaración contra la violencia corrió a cargo del ex número uno de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, quien cuenta con un escaño parlamentario de EH y funge como presidente de la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco. El ex líder etarra fue puesto en libertad el 14 de enero tras cumplir una condena de 10 años en prisión en Francia y España.
A la luz de los próximos comicios legislativos, los máximos líderes de partidos políticos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, se reunieron hoy en Bilbao, donde acordaron un "decálogo" de intenciones para el año electoral. Xabier Arzalluz, del Partido Nacionalista Vasco, Pere Esteve y Josep Antoni Duran i Lleida del partido catalán Convergencia i Unió y Xose Manuel Beira, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG, principal fuerza opositora en Galicia), participaron en lo que fue el segundo encuentro de líderes nacionalistas.
Estos grupos políticos dijeron que en sus programas electorales compartirán elementos comunes encaminados a "la remodelación del Estado español" a través de una "nueva cultura política basada en el pluralismo y la igualdad de las naciones que lo conforman".
Los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos también definieron los campos en los que trabajarán en la búsqueda de más autonomía, al incluir en sus programas una reforma al Tribunal Constitucional, y exigir que se aumenten las competencias de los Tribunales regionales. También lucharán por un nuevo sistema de financiamiento autonómico y mayor presencia de sus líderes en las instituciones de la Unión Europea.
En tanto, Izquierda Unida y el PSOE no lograron un acuerdo partidista para concurrir a las próximos comicios como una "coalición electoral". Socialistas y comunistas pretendían aglutinar a las fuerzas de izquierda bajo un programa político mixto, con la esperanza de desbancar al Partido Popular, del presidente José María Aznar.
Joaquín Almunia, secretario general y candidato del PSOE, propuso hace unos días un pacto a IU, que consistía en presentar candidatos comunes en las 34 provincias españolas en las elecciones legislativas. IU rechazó la oferta alegando que no presentar a sus propios candidatos "fracturaría la escencia nacional" del partido. Almunia matizó su propuesta al reducir a 12 el número de provincias en las que la alianza partidaria propondría a los mismos candidatos.
Concretamente, Almunia se refirió a aquellas provincias donde IU nunca ha obtenido un escaño desde 1977, y donde la suma de votos del PSOE y esa coalición tienen consecuencias evidentes para la obtención de escaños en el Congreso de los Diputados. Almunia mantuvo en los mismos términos la oferta para el Senado.
Almunia y el nuevo líder de IU, Francisco Frutos, dirigen las negociaciones partidarias, que incluyen la creación de un programa, que los izquierdistas exigen incluya "reivindicaciones irrenunciables de IU", como son la regulación de la jornada laboral a 35 horas semanales, incremento de 12 por ciento del salario mínimo y a las pensiones, la revisión de las privatizaciones, entre otras.