* Defensores de presos políticos de aquel país
Resentimiento contra México por entrega de vascos a España
* Rechazan cualquier vínculo con el grupo armado ETA
Triunfo Elizalde * "Nosotros nada tenemos que ver con el grupo armado ETA, pero hasta donde sabemos, jamás ha cometido un acto terrorista fuera de España", dijeron ayer Mikel Korta Carrión, delegado de Euskal Herritarrok (Herri Batasuna) para América, e Iñigo Elkoro Aiastui, abogado de presos políticos vascos en España.
Sin embargo, hicieron saber que con motivo de la entrega de refugiados vascos en México, a la policía española, "entre los habitantes del País Vasco va en aumento un sentido de resentimiento contra el gobierno mexicano", por ser acciones que violan el artículo tercero de la Convención contra la Tortura de la ONU, y sobre todo contra el Tratado Bilateral de Extradición celebrado entre ambas naciones.
Comentaron que el gobierno mexicano, al deportar a algún vasco y entregarlo a la policía española, "no ignora que aquél de inmediato es encarcelado, torturado física y sicológicamente, incluidas amenazas a sus familiares, sufre de aislamiento y un proceso amañado, todo dentro de las leyes antiterroristas que mantiene el Estado español".
Tanto Korta como Elkoro consideran que la expulsión y entrega de los refugiados vascos Josu Gotzon Larrea Elorriaga, Miguel Santiago Izpura García, José Angel Ochoa de Eribe y Mikel Arrieta Yopiz "está relacionada con la visita del jefe del Estado mexicano a España, en busca de apoyo para la negociación del acuerdo comercial que México celebra con la Unión Europea, por lo que la reciente extradición sumaria obedece a una acción política y no legal".
Al informar sobre los motivos de su visita a México, tanto en representación del partido Herri Batasuna, como de los cuatro vascos expulsados por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación ųel Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lo califica de "extradición sumaria"ų, revelaron haber hablado con un funcionario de Relaciones Exteriores.
"Nos pidió mantuviéramos en secreto su nombre, y nos corroboró el dicho del gobierno mexicano, en el sentido de que no hubo extradición sino expulsión "por cuestiones migratorias, por lo que no creemos que este criterio oficial vaya a cambiar", señalaron.
Sin confirmar ni negar, los dos defensores de vascos españoles refugiados en México dejaron entrever que no han podido contactar con ningún funcionario de Gobernación. "Tal pareciera que no tienen interés en hablar sobre este tipo de asuntos", dijeron, al asegurar que su presencia en nuestro país es "para que las autoridades diplomáticas migratorias mexicanas tomen conciencia de la gravedad de las extradiciones que violan los derechos humanos proclamados en diversos tratados, convenios y convenciones internacionales".
Anunciaron que tanto el partido Herri Batasuna del País Vasco como el abogado de prisioneros políticos españoles recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que conozca y determine sobre este tipo de entregas.
Tienen la esperanza de que la CIDH determine hacer "alguna recomendación al gobierno de México, ya que viola varias disposiciones internacionales a favor de los refugiados en todas partes del mundo".
Es de señalar que si los quejosos no recurren al Consejo de Derechos Humanos de la ONU se debe a que el gobierno mexicano no ha ratificado los acuerdos del mismo.
Piden liberar a Oscar Cadena
En la conferencia de prensa, celebrada en el Club de Periodistas de México, de manera complementaria Mikel Korta Carrión e Iñigo Elkoro Aiastui se refirieron al proceso de extradición que, a solicitud del gobierno de España, desde hace tres años se sigue contra el vasco español refugiado en México, Oscar Cadena.
Manifestaron su confianza de que en este caso, como en los procesos seguidos contra Andoni Zelaida Otaño y Esteban Murillo Saburi, el juez de la causa o el Tribunal Unitario, que es la última instancia en que se ventila este asunto, determine la liberación del procesado, porque no se apega al Tratado Bilateral de Extradición que mantienen los gobiernos de México y España.