* El desvío involucra también a Ruta 100 y Sistema de Transporte Eléctrico
Investiga la PGJDF fraude en el Metro
* La indagación, hacia funcionarios del ex regente del DDF, Oscar Espinosa Villarreal
Elia Baltazar * Por adeudos e irregularidades en contratos y licitaciones para el arrendamiento de espacios publicitarios en el Metro, camiones de la Ruta 100 y Sistema de Transporte Eléctrico (STE), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga a funcionarios de la regencia de Oscar Espinosa Villarreal y a la empresa Impactos Exteriores y Espectaculares, SA de CV (Vista), como posibles responsables de un fraude de 147 millones 126 mil pesos.
La denuncia penal la presentó el 4 de mayo el gerente jurídico del Metro, Carlos Paniagua Bocanegra, por los posibles delitos de fraude por simulación de hechos, administración fraudulenta y los que resulten, "en contra de quienes resulten responsables".
La empresa Vista comercializó desde 1995 mil 453 espacios publicitarios en andenes del Metro, y casi 50 mil en vagones del Sistema de Transporte Colectivo.
La unidad de investigación 33 de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF es la encargada de investigar el daño patrimonial causado por Vista al Metro, y que suma 118 millones 345 mil pesos, de acuerdo con el resultado de la auditoría practicada por la Contraloría del GDF.
La batalla jurídica que a partir del 12 de octubre de 1998 emprendió el GDF en contra de Vista ya dio los primeros resultados, pues el 2 de junio de 1999 se recuperaron los espacios publicitarios que desde 1995 manejó de manera exclusiva mediante contratos y licitaciones irregulares, por lo que obtuvo ganancias de más de 570 millones de pesos sólo durante la regencia de Espinosa Villarreal, indican cálculos de las autoridades capitalinas.
Sin embargo, está pendiente la conclusión de las investigaciones judiciales que involucran, por parte del Metro, al ex director administrativo Guillermo Wilkins; Aurelia Catalán Quinto, ex secretaria técnica de la Dirección de Administración; Jorge Blas Corral y Alejandro Rébora González, ex gerentes jurídicos en diferentes periodos, y a Jorge Moreno de la Torre, Marco Hernández Ramírez y Ricardo Figueroa, en su momento gerentes de recursos financieros. Y por parte de Vista a Davis Pons Carrasco, presidente y director general y a Roberto Salmerón Peña, accionista y miembro del consejo de administración.
Entre unos y otros existió una relación que coincidió en sus intereses en dos empresas, Vista y PCM Comunicaciones. Aurelia Catalán Quinto, por ejemplo, tras desempeñarse como secretaria técnica administrativa bajo las órdenes del entonces director de esta área, Guillermo Wilkins, apareció como apoderada general de la primera empresa, según consta en los registros públicos de la propiedad.
Pero Catalán Quinto aparece también como comisaria de otra empresa, PCM Comunicaciones, cuyo director es Federico Wilkins, hermano de Guillermo, y que tiene como accionistas a David Pons Carrasco y Roberto Salmerón Peña, empresarios de Vista, quienes negociaron con la dirección del Metro la firma del primer contrato para el arrendamiento de espacios publicitarios, así como las siguientes modificaciones y adéndums a éste.
Actualmente, Guillermo Wilkins, quien dejó su cargo en el Metro en junio de 1997, es director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Hacienda. José Angel Gurría lo llamó para trabajar con él desde la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Condiciones especiales en contratos
Condiciones especiales en los contratos, irregularidades en los procesos de licitación y adeudos en el pago de la renta mensual de los espacios publicitarios enmarcan la relación que sostuvo el Sistema de Transporte Colectivo Metro con Vista, que entre 1995 y 1997 incluso gozó de subsidio en el uso de la energía eléctrica para los anuncios luminosos de los andenes, pues el pago del servicio salió de las arcas del STC. La Contraloría capitalina calcula que el daño patrimonial por esta acción suma 13 millones de pesos.
Además, a partir de la firma de su primer contrato de arrendamiento de espacios publicitarios con el Metro, concretado el 29 de mayo de 1991 y hasta 1997, el monto de las rentas pactadas para Vista disminuyó cada año, aunque el costo relativo se incrementó.
En el contrato PO1/91 se detectaron irregularidades que favorecieron a la empresa respecto de las condiciones de arrendamiento de 750 espacios de publicidad en los andenes del tren rápido y 21 mil 272 de cartulinas laterales, tal como se pactó entonces.
Si bien en el documento se invoca el artículo 134 constitucional, que regula los recursos económicos del gobierno federal y del DF, no era éste el carácter del contrato, pues no se trataba de regular recursos propios, sino captar ingresos adicionales.
Asimismo, tampoco se consideró que los bienes objeto de la convocatoria de licitación correspondiente eran del dominio público de la Federación y, por tanto, inalienables e imprescriptibles, con excepción de aquellos casos en que hubiera autorización de la entonces Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, para actuar conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. Pero Vista nunca obtuvo este permiso y así se asienta en la averiguación previa 7Ű/4420/99-05.
En 1997 se abrió una licitación pública en la que compitieron las empresas PMP, Tridesma y Vista. Las dos primeras tenían en su contra un litigio por retraso de pagos, por lo que quedaron descalificadas. La Contraloría capitalina, sin embargo, advierte que esta licitación debió declararse desierta, pues Vista ofreció precios hasta 47 por ciento menores que en 1991, cuando obtuvo el primer contrato.
No obstante, Vista obtuvo su segundo contrato el 13 de diciembre de 1993, con la clave STC-GRF-001/93, mediante el cual se hacía del arrendamiento de mil 453 espacios para módulos luminosos en andenes y 49 mil 360 para cartulinas laterales superiores de vagón.
En este nuevo documento, la contraprestación a cargo de Vista se acordó que fuera mediante precio fijo o bien 55 por ciento de la utilidad neta cobrada, según fuera la elección y conveniencia del STC. Pero Vista no entregó la documentación contable que acreditara el importe de las utilidades, por lo que el STC no pudo determinar la forma de pago que más le convenía.
El incumplimiento los pagos por parte de Vista fue constante, y así lo toleró Guillermo Wilkins Chapoy, quien incluso permitió que la empresa autodeterminara sus cuentas por pagar. Entre mayo de 1995 y diciembre de 1997, las autoridades de la última regencia ampliaron el contrato con Vista y le otorgaron espacios en el STE y en los autobuses del Consejo de Incautación de la Ruta 100, para lo cual se le otorgó una adjudicación directa, con precios inferiores a los del mercado, y se les eximió del pago en caso de que hubiera menos de 250 unidades en operación.
Este último contrato, con la clave GJ-054/95, se amplió hasta el año 2005, justo antes que concluyera la regencia de Oscar Espinosa Villarreal. La Contraloría capitalina calcula que el daño patrimonial en el STE asciende a 997 mil pesos, y en la ex Ruta 100 suma 28 millones 93 mil pesos, aparte de los 118 millones 36 mil pesos que se contabilizan en el Metro desde que Vista incumplió el pago de la renta con el Metro, en agosto de 1998.