* PARABOLA

* Emilio Lomas M. *

Al alto costo del rescate bancario se suma el de la democracia

Los políticos confirmaron de qué lado están. Ahora se suman a la inmunidad de los banqueros, funcionarios y burócratas frente a la carestía que implica una política monetaria restrictiva, que tiene como fin dar cumplimiento a las exigencias macroeconómicas de los organismos internacionales acreedores de México. A la deriva, como siempre, queda la población con su incremento salarial del 10 por ciento. El jueves pasado el Instituto Federal Electoral (IFE) asignó un monto de 3 mil millones 912 mil 250 pesos a los partidos políticos para cubrir sus gastos de operación y campaña. El PRI recibirá la mayor asignación (910 millones 241 mil pesos), seguido del PAN (671 millones), mientras el PRD será el que menos reciba (635) de los tres partidos más importantes. Los pequeños, a sabiendas de sus nulas posibilidades en la contienda electoral, pero conscientes de ser el disfraz que legitima una contienda plural y democrática, recibirán 53 millones 587 mil 718 pesos. Las asignaciones no terminan ahí. En el renglón denominado ''costo mínimo de campaña'', el IFE destinará 197 millones 316 mil 73 pesos a la Presidencia de la República, 608 mil 694 pesos por senador (de acuerdo con la Constitución hay dos representantes por estado y dos por el Distrito Federal, lo que equivaldría a una asignación total de 40 millones 137 mil 804) y 301 mil 124 pesos por diputado (la Cámara está conformada por 300 representantes, que absorberán 90 millones 337 mil 200 pesos). Estas cantidades consideradas como un ''costo mínimo de campaña'' se suman al rescate bancario, a las pensiones tempranas, y a los pasivos laborales de los trabajadores públicos que los gobiernos estatales y el Distrito Federal no pueden garantizar, ya que no cuentan con las reservas suficientes para ello. El total de los pendientes anteriores serán saldados con el dinero del presupuesto federal, y esto forzosamente implica menos recursos para el gasto social. Aunque los funcionarios se empeñen en señalar que el monto asignado a este rubro va en ascenso, lo cierto es que a la hora de los resultados la inversión social siempre resulta insuficiente. La asignación del presupuesto al IPAB es otro de los temas candentes para todo el año. Los rescatados banqueros no han quitado el dedo del renglón y han confirmado su postura advirtiendo, o quizás amenazando, que la reducción del costo y la recalendarización de la deuda bancaria sólo serán posibles cuando ésta se convierta en deuda pública. Para los banqueros la reactivación de la actividad productiva en México está supeditada al rescate y saneamiento bancario, porque sin éste el crédito difícilmente llegará al sector productivo. Así las cosas, hoy el sector financiero cuenta con un argumento justo, al menos aparentemente, para demandar la asignación presupuestal a largo plazo que permita saldar la deuda bancaria. El plan, con los beneficios o perjuicios que pudiera tener, implicaría que una vez convertidos los pasivos del rescate bancario en deuda pública, se determinará un programa a futuro sobre los requerimientos del rescate bancario, y que éste no tuviera que estar condicionado a una disputa política año con año, que recordara la inmunidad de los banqueros ante la justicia y el desfalco a la nación que significa hacer frente a su corrupción. En 1999, la caída del financiamiento bancario al sector privado fue de 18 por ciento. Pero nadie puede garantizar que una vez que se conviertan en deuda pública los pasivos del rescate bancario el crédito para reactivar la producción comenzará a fluir, pues el rezago que existe en los bancos no responde a conceptos, sino a la tolerancia de hombres altamente corruptos.

Melée

La amenaza llega por todas partes. Según la calificadora Standard and Poor's, de no elevar el nivel de apoyo al sistema bancario el déficit fiscal equivaldrá en este año a 5 por ciento del producto interno bruto, lo que resultaría incongruente con las metas oficiales. Además del rescate bancario, de acuerdo con las estimaciones de la calificadora, la confianza del exterior en nuestro país estará condicionada a las decisiones que se tomen en materia de privatización (el sector eléctrico y la petroquímica siguen siendo materia de discusión al respecto) y también sobre la reforma tributaria (en el sexenio zedillista la tan anhelada reforma fiscal se convirtió sólo en uno de los buenos propósitos no materializados).

elomas@jornada,com.mx