* Astillero *

* Julio Hernández López *

Una buena clave para entender la guerra política que hoy se vive en relación con el conflicto de la UNAM (una guerra partidista entre PRI y PRD, con la vista puesta en el 2 de julio) está en el juego de intereses e intenciones de las autoridades (las de rectoría y las de la ciudad de México) respecto a los enfrentamientos físicos que se desarrollaron en el curso del martes reciente.

Autoridades y enfrentamientos: El rector Juan Ramón de la Fuente recorrió con aplicación todo el abanico de autoridades capitalinas posibles para pedirles que se enfrentaran en las calles de la ciudad de México a los grupos de porros que las propias autoridades universitarias habían organizado para que fueran a enfrentarse con los estudiantes paristas de la Preparatoria 3.

Juego de manos

Es decir, mientras una mano marcaba el teléfono para pedir que la policía capitalina actuara para frenar un enfrentamiento violento en curso, otra mano organizaba justamente el curso de ese choque. La mano que marcaba el teléfono dejaba clara constancia de esas llamadas de auxilio; la otra mano movía a las brigadas de Auxilio UNAM.

En ese juego de manos, los villanos parecerían quedar fuera de foco. Mediante el recurso de llamar a las autoridades capitalinas, la rectoría pretendió obtener de ellas una orden policiaca que hubiera significado políticamente el enredarse en una maniobra previamente envenenada. La máxima ingenuidad política del Gobierno de Rosario Robles hubiese sido prestar la mano policiaca para reprimir una provocación como la de los halcones de Brígido Navarrete, el director de Protección a la Comunidad de la UNAM. Las imágenes de los policías del Gobierno perredista golpeando a los partícipes de un conflicto que ese Gobierno capitalino no creó, hubiesen sido oro molido para exhibirlas en los espacios periodísticos controlados por el sistema priísta, como una demostración de la barbarie de los perredistas llegados al poder.

Una acción concertada (ya nada

más falta el giro de 180 grados)

Pero como el Gobierno capitalino mantuvo la postura de que deberían ser los agentes federales quienes interviniesen en los actos violentos que se cometieran adentro de los recintos universitarios, entonces se desató una acción concertada del gobierno federal (por voz del subsecretario de Gobernación, Javier Lozano Alarcón), de la bancada priísta de diputados federales (por voz de Arturo Núñez, que está dispuesto a pedir juicio político contra Robles), de la directiva del PRI (por voz de Dulce María Sauri), y de la rectoría (por voz del doctor De la Fuente), para denunciar la omisión negligente y criminal de las autoridades de la ciudad de México. Ayer, en un mensaje oficial, el rector De la Fuente dedicó 44 de 87 líneas de su discurso a explicar las gestiones que hizo ante la jefa de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia del DF y la subdelegada en Gustavo A. Madero, para que enviaran agentes a la escuela de avenida Eduardo Molina y para que éstos actuaran en la trifulca.

Hoy, la disputa central quiere ser instalada en el terreno de saber a cuál autoridad le correspondía intervenir ante la violencia provocada. Pero ese no es el origen ni el fondo del asunto. Este problema, el universitario, fue generado desde el gabinete económico del presidente Zedillo, aplicado por un funcionario del gobierno zedillista que había sido nombrado rector (Francisco Barnés) y retomado por un secretario del gabinete zedillista designado como bateador emergente (el ex secretario de Salud, el doctor De la Fuente).

Las intromisiones del GDF

La contaminación de un conflicto de orden social y jurídico por las visiones políticas y partidistas es responsabilidad, por lo demás, también del propio Gobierno capitalino.

De origen universitario, y rodeada de un buen grupo de personajes involucrados hasta por nostalgia en el tema de los conflictos de la UNAM, Rosario Robles ha sucumbido en más de una vez a la tentación de hacer política en el caso del presente conflicto.

No sólo se han dado expresiones públicas delicadas, de abierto apoyo a determinadas posturas propias del caso universitario, sino que también se han realizado tareas secretas de concertación que a punto estuvieron en un pasado reciente de ser dadas a conocer de manera pública, como un acuerdo político para la UNAM en el que confluirían los gobiernos federal y capitalino y el propio PRD.

Pero, en el fondo, no se olvide, la lucha de hoy es una lucha de intereses rumbo al 2 de julio. Lo de menos son las llamadas, lo importante, lo de fondo, es saber quién ha provocado el conflicto y quién lo maneja actualmente. El problema no son las llamadas de auxilio, sino el manejo del Auxilio UNAM.

Elecciones priístas en Chiapas y Morelos

Este domingo se realizarán los comicios internos para postular candidatos priístas a gobernar los estados de Chiapas y Morelos.

Chiapas es una entidad que se rige por criterios de seguridad nacional, de tal manera que fueron desechadas oportunamente las intenciones del gobernador Roberto Albores de dejar candidato a sucesor, que en el caso habría sido José Antonio Aguilar Bodegas, lo que habría garantizado la continuidad de la belicosidad alborista.

En lugar de ello se impulsó una contienda desigual en la que participan el senador Sami David David, de una larga carrera política y de un fuerte peso político local y nacional, contra Homero Díaz Córdoba, un personaje de corte local que difícilmente podría ganarle a David David.

En el camino, César Augusto Santiago pretendió ser otro contendiente pero se retiró del escenario alegando desigualdaes. Hoy es uno de los impulsores del propio Sami, en una peculiar alianza de éste con el madracismo (al que pertenece Santiago) con la que se pretende cerrar filas ante el innegable riesgo priísta de perder los comicios constitucionales frente a Pablo Salazar, el senador que dejó el PRI y ahora lidera una alianza electoral encabezada por el PRD y el PAN.

El ex embajador incómodo

En Morelos, el PRI acaba de dar un paso fundamental en la búsqueda de recomponer su imagen pública. La contienda en esa entidad no ha sido tan sólo para ver cuál de los aspirantes del tricolor presenta mejores propuestas, sino para saber cuál ha estado más vinculado a los varios desastres que, bajo el nombre de gobernadores, han devastado a aquel estado. De todas las mutuas acusaciones infamantes, la más grave había sido, en esa especie de corruptómetro, el haber pertenecido o colaborado con el gobierno del coronel Jorge Carrillo Olea.

Ayer, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia decidió que es procedente el juicio político que la instancia morelense se negó a instaurar. Además, los ministros federales ordenaron el arraigo del gobernador con licencia. Con esa decisión, se abre el camino para que el PRI trate de alegar que los abusos de poder pueden ser castigados y, con ello, prometer el arribo de una nueva aurora tricolor.

De entre los aspirantes hay dos que destacan: Rodolfo Becerril Straffon, a quien sus adversarios tachan como el candidato oficial, y Juan Salgado Brito, que es el retador. A pesar de los indicios que apuntalan a Becerril, el resultado de la contienda morelense es incierto, pues Salgado Brito ha ido avanzando en el ánimo de segmentos duros del partido tricolor.

El paso de la muerte

Lo bueno para el PRI es que en contra no tiene una gran estructura opositora. El PRD no ha podido crecer lo suficiente ni tiene una figura que estremezca al tricolor. El PAN está en similares o peores condiciones. En todo caso, el principal adversario del tricolor sería el gobierno de Carrillo Olea, con su historia siniestra de secuestros organizados desde el propio poder y con el asentamiento del narcotráfico en la entidad. Pero ahora, con el sometimiento a juicio político, el PRI trata de hacer la suerte charra del paso de la muerte, pretendiendo dejar de un lado la suerte de quien hace poco era todavía el primer priísta de Morelos, y de otro lado a los candidatos del nuevo PRI...