UNAM: NEGOCIAR, NO PERSEGUIR

Desde los cruentos sucesos del martes pasado en la Preparatoria 3, el conflicto universitario ha entrado en un preocupante cauce de ahondamiento de los desencuentros y las tensiones. Ello se agrava con el ucase presentado ayer por la rectoría al Consejo General de Huelga (CGH) para retomar y terminar el diálogo hoy mismo, con un acuerdo preestablecido para entregar las instalaciones tomadas por los huelguistas desde hace casi diez meses. Con esta medida, la autoridad universitaria hace suya la lógica de ultimátum maximalista que ha caracterizado, en momentos anteriores, a los paristas.

En tales circunstancias, es obligado señalar que, así como la inflexibilidad y la cerrazón del CGH lo convirtió en rehén de su propio pliego petitorio y le impidió reconocer y capitalizar logros considerables del movimiento estudiantil, hoy la rectoría se coloca a sí misma ante la perspectiva desmesurada de pedir la intervención de la fuerza pública y apostar al empleo de la violencia, así sea legal, como forma de resolver el conflicto.

Entre muchos universitarios que participaron en el plebiscito del pasado 20 de enero hay la percepción de que esa consulta está siendo indebidamente utilizada por el rector Juan Ramón de la Fuente para colocar al CGH en la disyuntiva de la rendición incondicional o afrontar la persecución policiaca y penal. En la comunidad universitaria hay un claro consenso favorable al rápido levantamiento de la huelga, pero esa convicción no puede interpretarse como un respaldo a las salidas autoritarias y, menos aun, a la utilización de la fuerza pública contra los paristas.

Ciertamente, la Universidad Nacional ha sufrido un daño incalculable en el curso de la paralización de actividades, y las pérdidas ųque son mucho más que materiales y que afectan al tejido humano de la comunidad universitaria y del paísų se agrandan día a día con la perpetuación del paro. Pero un escenario de despliegue policial y represión en las instalaciones de la UNAM sería mucho más lesiva que el paro mismo para la máxima casa de estudios, convertiría en nacional un problema que, a pesar de todo, sigue perteneciendo al ámbito universitario y tendría consecuencias de magnitud difícilmente previsibles, pero ciertamente desastrosas, para la convivencia ciudadana y la civilidad.

Hoy más que nunca es indispensable que las partes den muestras de flexibilidad, que la rectoría deponga su actitud de aplastamiento del adversario, que el CGH abra los ojos a su secuela de errores políticos y conductas arbitrarias, y que ambos concedan márgenes de tiempo a la negociación y el diálogo propositivos. Asimismo, resulta imprescindible el retiro de los grotescos cargos (terrorismo y motín, entre otros) presentados contra los paristas presos, el desestimiento de la acción penal en su contra y su inmediata liberación. En el México del siglo XXI no puede haber espacio legal ni ético para la existencia de presos políticos.