ƑFujimori en Baja California?
* Jaime Martínez Veloz *
Baja California se encuentra en la peligrosa ruta del rompimiento de la institucionalidad. Y a ello se agrega un panorama en materia social nada halagador: es notorio el disgusto de los empresarios por la manera en que se determinó el incremento al impuesto sobre nóminas; las condiciones en que laboran y viven los indígenas en los valles agrícolas afrenta a la sociedad; preocupa la conflictiva latente en el Valle de San Quintín; las relaciones del Ejecutivo estatal con algunos municipios de la entidad distan mucho de ser de colaboración franca, como debiera ser; algunos actores fundamentales para la vida política de Baja California no han sido tomados en cuenta por el gobierno: las relaciones y coordinación con la Federación son, en algunas áreas, prácticamente inexistentes.
Por otro lado, la inseguridad pública sigue en aumento y el estado se está convirtiendo en tierra sin ley. Basta ver las estadísticas sobre delincuencia y crimen en Baja California, donde --según asegura un diario estadunidense-- es más peligroso vivir que en Sinaloa o el Distrito Federal.
Como si fuera poco, este clima adverso parece haber contagiado al Poder Legislativo, hasta ahora uno de los últimos reductos del diálogo, el consenso y la tolerancia. Recientemente, el Congreso sufrió una ruptura motivada por la solicitud --presentada el 31 de enero pasado--, para destituir al diputado Manuel Alberto Ramos Rubio, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y adscrito al Grupo Parlamentario del PRI.
Para llevarla a cabo, legisladores del PRD y del PAN violaron sin el menor recato varios artículos de la Ley Orgánica del Congreso local, lo que comprobaron con ley en mano los congresistas priístas, antes de que se procediera a realizar la votación. Así, en lo que muchos denominan un "golpe de estado legislativo", los diputados panistas y perredistas --sin el menor respeto a la ley, a las formas políticas y a la civilidad institucional-- decidieron cambiar a un diputado que, según dicta la propia Ley Orgánica, debía presidir durante tres años una de las comisiones más importantes. No conformes, quieren hacer lo mismo con la Comisión de Vigilancia de la Oficialía Mayor, presidida también por un diputado del PRI. Esta situación, que para algunos pudiera formar parte de los ires y venires de las batallas políticas y legislativas, en realidad afecta seria y sensiblemente la creencia en las instituciones.
La propuesta de destitución, curiosamente, sobreviene dos días después de las declaraciones a los medios del gobernador Alejandro González Alcocer en el sentido de "enfrentar a los priístas", quienes habíamos solicitado un plebiscito para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los resultados de la actual administración en materia de seguridad pública, desarrollo social, económico y educativo.
Extraña coincidencia, sobre todo considerando su respuesta, que deja mucho que desear ante una sociedad que espera de su gobernador soluciones a sus necesidades, además de una actitud prudente y de tolerancia ante la crítica constructiva, ésa que permite avanzar, y la de un hombre de Estado, que respeta la investidura del cargo y es capaz de propiciar la reanudación de diálogos y promover nuevos acuerdos.
A nuestra propuesta, en algo que se parece al estilo fujimoriano, se respondió buscando pleito y amenazando, derribando puentes, cancelando la escasa interlocución y tratando de resolver los problemas por la vía autoritaria.
Lo que se puso en juego no es la Presidencia de una o dos Comisiones del Congreso, sino el mensaje que, como Poder Legislativo, se envía a la sociedad. ƑQué puede esperar la sociedad bajacaliforniana si quienes tienen la facultad constitucional de aprobar las leyes que le beneficien son los primeros en violar la propia Ley Orgánica del Congreso?
Si esto es permitido, se comprobaría fehacientemente el quebrantamiento del estado de derecho y la falta de gobernabilidad que existe en el estado, Ƒo es que acaso el gobernador no estaba enterado de lo que harían y quieren hacer en bloque sus diputados y los del PRD?
Otra situación que demuestra el grado de alienación de las fuerzas políticas, es que los legisladores del sol azteca, partido hasta ahora visto por algunos ciudadanos como alternativa para el cambio, estén realizando acciones contrarias a sus principios e ideología. Los verdaderos y cambativos militantes de ese partido observan, sin creerlo, cómo sus legisladores los traicionan faltando a la esencia democrática del PRD para convertirse, al menos en Baja California, en una comparsa para avalar este intento de golpe de estado legislativo. ƑEstarían de acuerdo Cuauhtémoc Cárdenas y Amalía García con esta flagrante violación a la legalidad? Seguramente no.
Insistimos: González Alcocer está obligado a velar por la concordia y la gobernabilidad, y así garantizar el estado de derecho. Antes que otra cosa, debe ser prudente y recordar que gobierna para todos, convocando a la armonía cuando los ánimos suben de tono.
Sería lamentable tener que acudir a todas las instancias legales, como a la CNDH, a organismos internacionales o a los que haya lugar para declarar inconstitucionales las acciones del Legislativo. También lo sería llegar a un punto sin retorno. Aún puede darse marcha atrás. No le quitemos a Baja California esa oportunidad. *