* Ordena al Tribunal de Justicia de Morelos gire la orden de arraigo
Sí procede el juicio político en contra de Carrillo Olea, resuelve la SCJN
* Hace una velada crítica a los magistrados morelenses que rechazaron aplicar ese recurso
Jesús Aranda * El pleno de la Suprema Corte resolvió en forma unánime que sí procede iniciar juicio político en contra del gobernador con licencia del estado de Morelos, Jorge Carrillo Olea, y ordenó al presidente del Tribunal de Justicia de esa entidad que ųuna vez notificado oficialmente de la resoluciónų gire la orden de arraigo en contra del funcionario.
Esta decisión ųcalificada por el ministro instructor Mariano Azuela Güitrón como ''histórica''ų incluye una crítica velada a los magistrados del estado de Morelos, quienes ante la incongruencia de dos artículos de la Constitución local, sobre la posibilidad de iniciar juicio político contra un gobernador, optaron por resolver que no procedía.
De acuerdo con el razonamiento de los ministros que resolvieron la controversia constitucional 21/99, promovida por el Congreso del estado de Morelos en contra del presidente y el pleno del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, se determinó que se debe admitir a trámite el juicio político en contra de Carrillo Olea. Además, es procedente el arraigo, porque la Constitución establece que el juicio político procede contra el mandatario en funciones, y aunque Carrillo Olea pidió licencia a su cargo sigue siendo gobernador.
A los ministros de la Suprema Corte les llamó la atención que el único estado de la República en el que la Constitución local no contemplaba juicio político contra el gobernador era precisamente Morelos, y ųcuriosamenteų el artículo 137 de la Constitución local, que exime al gobernador del juicio, fue reformado el 22 de marzo de 1995, cuando Carrillo Olea aún estaba en funciones.
En este sentido, los magistrados morelenses ignoraron el artículo 134 de la Constitución de su estado ųéste sí apegado al artículo 110 constitucional, que incluye a los gobernadores como objeto de juicio políticoų, el cual precisa que será sujeto de responsabilidad ''todo aquel que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la administración pública estatal (o) paraestatal'', incluido por supuesto el gobernador.
Curiosamente, aunque para los ministros quedó claro que el artículo 137 de la Constitución de Morelos es ''inconstitucional'', por no contemplar la procedencia del juicio político contra el Ejecutivo estatal, el pleno de la Corte ųa excepción del ministro Jesús Gudiño Pelayo, que no estuvo presenteų, no podía dictaminar sobre esta incongruencia, porque no era materia de litis.
De hecho, los ministros consideraron que los magistrados de Morelos tenían que haberse ceñido al artículo 134, que es congruente con los artículos 109 y 110 de la Constitución General de la República, y que contemplan la procedencia del juicio político contra los gobernadores que afecten y no actúen con la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus cargos, o de su buen despacho, así como por omisión, de la que fue acusado en su momento Carrillo Olea, cuando la sociedad morelense lo responsabilizó de no haber actuado en contra de la inseguridad en la entidad, lo que dio lugar a que pidiera licencia.
Una vez emitida la resolución y que ésta sea notificada oficialmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, éste deberá iniciar el procedimiento de juicio político y decretar el arraigo de Carrillo Olea, con lo que iniciará el proceso en su contra, se explicó en la Suprema Corte, en donde también se dijo que de acuerdo con la Constitución morelense, una vez que el Congreso aprobó actuar en contra del gobernador con licencia, será el Supremo Tribunal el que resuelva si lo encuentra responsable o no. En caso afirmativo, Jorge Carrillo Olea sería destituido de su cargo, además de que sería inhabilitado para servir en la administración pública en general.
Una vez tomada esta decisión, el asunto podría regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la parte afectada solicite amparo en contra de la decisión de los magistrados morelenses.
Reacción en Cuernavaca
La Jornada Morelos, Cuernavaca, Mor., 3 de febrero * El Congreso local solicitará al Tribunal Superior de Justicia la inhabilitación por 12 años en contra del gobernador con licencia, Jorge Carrillo Olea, mientras que grupos políticos presentarán ante la Procuraduría General de la República una demanda penal por el secuestro de cerca de 450 personas y tres desaparecidos en su administración.
Tras conocerse el fallo de la Suprema Corte, diversos sectores de la población manifestaron satisfacción.
En entrevistas por separado, el presidente de la comisión especial de seguimiento del caso Carrillo Olea del Congreso morelense, Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, informó que aun cuando no hay una notificación oficial del fallo, se han preparado para asistir al pleno del Poder Judicial para ratificar ante los magistrados la sentencia avalada por la mayoría de los 30 legisladores locales, excepto los priístas.
A su vez, el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, Hugo Carvajal Aguilar, estableció que fue ''un triunfo de la ciudadanía y el Legislativo'', por haber trabajado con objetividad un caso que perjudicó a los morelenses en general.
Por su parte, el presidente del PAN en Morelos, Adrián Rivera Pérez, señaló que el fallo de la SCJN significa una descalificación hacia el Tribunal Superior de Justicia, porque quedan evidenciadas su falta de ética profesional y calidad moral.
Expuso que ahora esperarán a que sea oficial la determinación, para arraigar al gobernador con licencia, de quien se desconocía su paradero, al menos hasta ayer.
Al respecto, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu informó que interpondrá una denuncia ante la PGR, en la que presentará como pruebas los testimonios de personas que fueron secuestradas por el ex coordinador operativo de la Policía Judicial de Morelos, Armando Martínez Salgado, actualmente preso en Almoloya.